La Comisión Europea lanza un informe en el que repasa la incidencia de la PAC en España

Agronews Castilla y León

17 de octubre de 2016

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La Comisión Europea, a través de la DG Agri, ha publicado un interesante documento en el que repasa las consecuencias que la Política Agraria Comunitaria ha tenido, tiene y tendrá en la agricultura española

Desde Bruselas se destaca que la PAC es la respuesta europea a la necesidad de ofrecer un nivel de vida digno a 22 millones de agricultores y trabajadores agrícolas, así como un abastecimiento de alimentos estable, variado y seguro a sus 500 millones de ciudadanos.

Documento completo: application pdf es_es.pdf

Como política común de los 28 países de la UE, la PAC refuerza la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura de la Unión mediante pagos directos dirigidos a estabilizar los ingresos agrícolas y la financiación de proyectos para satisfacer las necesidades específicas de los países a través de los Programas de Desarrollo Rural nacionales (o regionales), que también abarcan la economía rural en general.

La PAC también prevé una serie de medidas de mercado, incluidas herramientas complementarios,tales como las etiquetas de calidad o la promoción de los productos agrícolas de la UE, que completan la acción de la PAC en apoyo de los agricultores.

El presupuesto de la PAC para el período 2014-2020 prevé un total de 408.310 millones de euros en fondos de la UE, de los cuales 308.730 millones se destinan a pagos directos y medidas de mercado (el llamado primer pilar) y 99 580 millones EUR, al desarrollo rural (el llamado segundo pilar).

De aquí a 2020, la nueva PAC invertirá casi 45 000 millones EUR1 en el sector agrícola y en las zonas rurales de España. Se han definido grandes prioridades políticas principales a escala europea, a saber, crecimiento y empleo, sostenibilidad, modernización, innovación y calidad. Al mismo tiempo, España tiene margen para adaptar los pagos directos y el programa de desarrollo rural a sus necesidades concretas

Entre 2007 y 2013, la PAC invirtió más de 47.000 millones de euros en el sector agrícola y en las zonas rurales de España, con el fin de estabilizar la renta de los agricultores, modernizar y hacer más sostenibles las explotaciones españolas y garantizar el suministro de alimentos de calidad, asequibles y seguros para sus ciudadanos.

En los últimos años, los pagos directos han sido una importante red de seguridad. En 2014, casi 870 000 empresas agrícolas españolas recibieron más de 5 100 millones EUR en pagos directos y el 73,8 % de ellas recibió un pago inferior a 5 000 EUR. Además, la UE destinó en 2015 más de 531 millones EUR a medidas de mercado en España, fundamentalmente dirigidas a los sectores vitivinícola y hortofrutícola.

En el período comprendido entre 2007 y 2013, el programa de desarrollo rural invirtió más de 13 000 millones EUR (más de 8 000 millones EUR de fondos de la UE) en toda una serie de distintas actividades en favor de la producción agrícola y en beneficio de las zonas rurales de España, preservando su diversidad y aumentando su fuerza económica, riqueza cultural y cohesión social. En concreto, los fondos de desarrollo rural prestaron ayudas para:

• el establecimiento de más de 8 000 jóvenes agricultores;

• modernizar más de 28 000 explotaciones, reduciendo los costes de producción, introduciendo nuevas tecnologías y aportando valor añadido a los productos;

• ayudar a más de 4 000 empresas agroalimentarias a mejorar la eficiencia de sus actividades de transformación y comercialización, fomentar la innovación, hacer hincapié en la calidad y promover la protección del medio ambiente;

• crear más de 30 000 nuevos puestos de trabajo, tanto en la agricultura como en otros sectores.

Los fondos de desarrollo rural también han fomentado la evolución de un modelo más sostenible de agricultura y silvicultura:

• más de 25 000 agricultores recibieron ayudas para la agricultura ecológica;

• casi 90 000 agricultores recibieron ayuda para usar métodos agrícolas certificados como respetuosos con el medio ambiente; • más de 4,7 millones de hectáreas forestales se beneficiaron de medidas de prevención y recuperación.



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