La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación decidía suspender la sesión de ayer, miércoles 22 de septiembre, por 16 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones. De igual forma, acordabao aplazar el debate, con competencia legislativa plena, sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, previsto para hoy, al próximo miércoles 29 de septiembre.
De ser aprobado, el dictamen será remitido directamente al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.
Los miembros de la Comisión debatirán y votarán el Informe de la Ponencia y las 347 enmiendas al articulado que los grupos parlamentarios han mantenido vivas. El informe muestra su conformidad con el texto propuesto por el Gobierno y, por lo tanto, no ha introducido modificaciones.
Este proyecto de ley transpone la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la amplía de acuerdo con su artículo 9, que permite a los Estados miembros «mantener o introducir normas más estrictas». Por esta razón, en lugar de aprobar una nueva norma, se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, del año 2013.
Las modificaciones introducidas, que pretenden «luchar contra la pérdida de valor en la cadena», afectan a su ámbito de aplicación, que se amplía a las PYMES; a las relaciones entre mayoristas; y a las relaciones entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o cuando uno se encuentre en España y otro en un Estado miembro, cuando no resulte de aplicación la legislación del otro Estado miembro.
De igual forma, se amplían las prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, la modificación unilateral de los términos de un contrato, la divulgación de secretos empresariales o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado, entre otras. También se regulan los contratos alimentarios, que deberán figurar firmados por ambas partes y formalizarse antes del inicio de las prestaciones.
Asimismo, se modifica la definición de «cadena alimentaria», para incluir los productos agrícolas, que se suman a los alimentarios. También se añaden las definiciones de proveedor, productos agrícolas y alimentarios perecederos, comprador, autoridad pública, secretos empresariales, y entidades asociativas.
El texto también reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A., como interlocutor con las instituciones europeas y transfronterizas y encargada de establecer el régimen de control necesario para el cumplimiento de esta ley. Por su parte, las comunidades autónomas designarán sus propias autoridades en el ámbito de sus competencias.
Marcos: “El PSOE se queda solo por su falta de respeto a los agricultores y ganaderos presentando enmiendas a la Ley de Cadena Alimentaria minutos antes de votarlas”
La portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, destacaba en un comunicado de prensa que el PSOE se ha quedado solo en el Congreso por su “falta de respeto” a los agricultores y ganaderos, así como al Parlamento, presentando 14 enmiendas transaccionales a la Ley de Cadena Alimentaria minutos antes de tener que votarlas en la Cámara Baja.
Por ello, todos los grupos, a excepción del PSOE, han pedido un aplazamiento de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la votación de todas las enmiendas. “Los socialistas ha conseguido lo imposible: unir a todos los grupos de todos los colores políticos en su contra, al igual que también ha conseguido unir a todo el sector en su contra”, destaca.
“Hoy se iban a votar las enmiendas para aprobar el Proyecto de Ley de Cadena Alimentaria, pero ha sido imposible”, lamenta Milagros Marcos, quien exige “trabajo y esfuerzo al PSOE porque los agricultores y los ganaderos españoles merecen respeto y trabajo”.
Al contrario que los socialistas, destaca Marcos, “el PP trabaja y tiene hechos sus deberes desde hace mucho tiempo, pero es imposible dialogar con el Gobierno si no se ponen de acuerdo los dos partidos que lo forman”.
Para la portavoz popular, esta es una Ley muy importante para un sector que representa casi el 11% del PIB español, y que es ninguneado sistemáticamente por el Gobierno de Sánchez
