José Ignacio Falces Yoldi - Agronews CyL

Era una noticia que esperaba, no sin preocupación, el sector agrario de Castilla y León y hoy, 4 de noviembre, se ha notificado a las partes la sentencia de la sección número 3 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Valladolid en la que se da la razón a un agricultor que solicitó la legalización, en la Confederación Hidrográfica del Duero, de un pozo que tenía inscrito en el registro de Minas.

A una sentencia en primera instancia, recuerdan las abogadas Araceli Álvarez y Celia Miravalles, alegó la propia CHD asegurando que la acción ya estaba prescrita, siendo la resolución ahora conocida de gran trascendencia jurídica ya que en caso de haber sido negativa hubiese hecho imposible la legalización de este tipo de pozos.

“Pozos, señala Álvarez, que en su momento fue registrado en Minas para poder regar con él, que cuenta con toda la documentación necesaria para ello desde antes del año 1985 cuando entro en vigor la Ley de Aguas.”. “La situación de estos pozos es tal, afirma Miravalles, que incluso han sido reconocidas las parcelas donde están de regadío por catastro, se reciben por ellos derechos de regadío de la propia PAC e incluso se han recibido ayudas por las inversiones de modernización que se están haciendo en las parcelas en las que  se sitúan, sin que ninguna de esas Administraciones Públicas hayan puesto pega alguna sobre su legalidad al estar plenamente documentada su registro en Minas”.

La Audiencia Provincial, aseveran las abogadas especialistas en temas agrarios Araceli Álvarez y Celia Miravalles, recogiendo una sentencia del Supremo, señala que las acciones son, lo que en términos jurídicos como “mero declarativas”, ya que no se trata de condenar a la CHD sino de reconocer la existencia de una relación que había sido discutida anteriormente como es el derecho a regar. “En definitiva, aseguran, declara que no han prescrito esas inscripciones en Minas y se puede iniciar el proceso de regularización de esos pozos”

Ante esta sentencia cabe la posibilidad de un recurso ante el Supremo por parte de la abogacía del Estado

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