La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, entidad de derecho público, con sede en San Clemente (Cuenca), presentó el pasado 31 de diciembre una querella criminal por la “posible existencia” de un fraude a los Presupuestos Generales del Estado, de la Comunidad Europea con una “posible malversación” de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos, denunciando la existencia de diversos delitos contra la Administración Pública y de corrupción tanto de responsables políticos como de funcionarios o altos cargos de la Administración estatal y autonómica.
Dicha querella la motiva la gestión, por parte de responsables, cargos y funcionarios públicos, de fondos europeos recibidos tanto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Confederación Hidrográfica del Guadiana y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en coordinación con las acciones llevadas a cabo por funcionarios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, organismo de cuenca dependiente de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y con la cobertura de algunos funcionarios y técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a través de la elaboración de posibles informes ad hoc en connivencia con responsables políticos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con la premisa de perseguir supuestos objetivos medioambientales, han venido presuntamente realizando durante los últimos años una gestión irregular de los fondos públicos recibidos para la gestión de las masas de agua subterráneas del Alto Guadiana y particularmente en la de Rus-Valdelobos, aumentando la presión sobre los acuíferos y sus ecosistemas del Alto Guadiana.
Así, se han denunciado posibles delitos de Malversación de Fondos europeos en la compra de derechos del agua en el Alto Guadiana gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con un posible fraude que dataría, al menos, desde los últimos quince años, de alrededor de más de 82.000.000 de euros, tal y como se refleja en los presupuestos consignados en los correspondientes Boletines Oficiales del Estado español, junto al importe de unos 7.000.000 de euros por la instalación de caudalímetros dentro de la UH (UNIDAD HIDROGEOLÓGICA) 04.04 MANCHA OCCIDENTAL, en el Convenio con la Comunidad General de Usuarios del Acuífero Mancha Occidental, todo ello a través del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), así como las “posibles irregularidades fraudulentas” cometidas en el proyecto de la Tubería de la Llanura Manchega y el ramal de Abastecimiento a los Núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-Segura cifrados en unos 400.000.000 de euros también gestionado por ambas administraciones.
Sin perjuicio de lo anterior, además se ha puesto en conocimiento de la Autoridad judicial la presunta defraudación de otros 5.400.000 de euros procedente de gastos vinculados a contratos públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con la presumible connivencia entre tal institución y empresas semipúblicas o públicas, con una más que posible desobediencia a la Autoridad Judicial y a las resoluciones judiciales firmes.
También se incluye en la querella la “posible gestión irregular” de los fondos europeos destinados al Plan de Compensación de Rentas Agrarias comúnmente conocido como Plan de Humedales del Alto Guadiana desde 1.992 a 2.007, por importe de más de 300 millones de euros gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-Mancha y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Finalmente, se denuncia la presunta defraudación procedente de gastos vinculados a contratos públicos con la presumible connivencia entre tales instituciones y empresas semipúblicas o públicas alcanzando la cifra de más de 850 millones de euros de los fondos europeos y públicos estatales, mediante la suplantación de competencias tanto de organismos públicos como de las propias Comunidades de Usuarios, también de carácter público, con la instrumentalización de diversos encargos y encomiendas de gestión.
En base a estos hechos contenidos en la querella, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional dictó auto de apertura de diligencias previas de 17 de enero pasado, dando traslado de la querella al Ministerio Fiscal, emitiéndose posteriormente el Decreto de 3 de febrero del Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el cual recoge que “… Los hechos denunciados podrían dar lugar a delitos de Prevaricación, Falsedad en documento Público, Malversación de caudales públicos, Fraude a la Administración, Fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública española, así como, desobediencia a la Autoridad Judicial y a las Resoluciones judiciales firmes, que son competencia de esta Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, por lo que ACUERDA la asunción de competencia para la intervención de (en) las Diligencias Previas.”
Junto a la querella ha sido aportado todo un dossier de documentación soporte de los hechos contenidos en la misma para que sirva a las propias Autoridades Judiciales y Fiscales como apoyo documental de la investigación correspondiente que se llevará a cabo y como fundamento de las diligencias a practicar.
