La asamblea general del Organización Colegial Veterinaria (OCV) celebrada el sábado aprobó por una amplia mayoría la liquidación del presupuesto de 2021, y abordó las propuestas presentadas ante el Ministerio de Agricultura para incluir algunas correcciones en el proyecto del Real Decreto que regulará el funcionamiento del veterinarios de explotación, una figura fundamental para mejorar la sanidad y el bienestar animal, la bioseguridad de las granjas y la propia seguridad alimentaria.
El presidente de la OCV Luis Alberto Calvo, señaló su satisfacción por recuperar el formato presencial y por el deber cumplido, “después de una pandemia que ha obligado a reprogramar nuestras vidas”. Además, resaltó la eficiencia y eficacia lograda en la gestión diaria de la organización, para prestar servicios de calidad a los colegios, “que son la mejor solución para la defensa de los intereses de la profesión, y no el origen de los problemas”.
La liquidación de las cuentas recoge que el ejercicio se cerró con un superávit de 457.575 euros. Según explicó el consejero de Asuntos Económicos, Héctor Palatsi, 2021 se caracterizó “por la persistencia de la situación extraordinaria de pandemia”, lo que impidió la celebración de congresos y otros eventos. Aun así, se han potenciado ámbitos como la formación -11.200 veterinarios participaron en seminarios web, cursos y casos prácticos- y la comunicación, en tanto que el gasto destinado a prestaciones sociales supuso el 23 por ciento del total.
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1.200 nuevos colegiados
Palatsi también insistió en que las cuentas están auditadas por una entidad externa independiente, según contempla la normativa, y valoró de manera muy positiva la incorporación de 1.200 nuevos colegiados a lo largo del año pasado.
El otro asunto tratado en la asamblea fue el Plan Sanitario Integral de Explotaciones Ganaderas, que incluye la implantación de la figura del veterinario de explotación. En este sentido, la OCV creó un grupo de trabajo en 2019 que ha mantenido numerosas reuniones con responsables del Ministerio de Agricultura, que ha funcionado correctamente para lograr la aplicación de este reglamento.
“El Real Decreto va a ser un documento de mínimos, al que hemos presentado una decena de alegaciones, y será desarrollado después por las comunidades autónomas”, aseveró el coordinador del grupo de trabajo, Luis Alberto García Alía, quien se refirió a que incide sobre todo en aspectos de bioseguridad, sanidad y bienestar animal y reducción del uso de medicamentos, “con el fin de garantizar al consumidor una mayor seguridad alimentaria”.
Presentación de alegaciones
Las alegaciones presentadas se refieren a la relación contractual entre el veterinario y el ganadero, acceso a la información oficial, comunicaciones con la Administración, cumplimiento del programa sanitario de las ADSG, cumplimiento, cese del servicio, actualización de conocimientos y comprobaciones de la colegiación del veterinario, entre otras. En el turno de preguntas, varios presidentes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que, una vez concretadas sus funciones por las comunidades autónomas, quede en un “mero gestor burocrático y no en un profesional a pie de granja”.
Por último, Luis Alberto Calvo dio cuenta del contacto fluido existente con los ministerios de Agricultura, Sanidad y Defensa para cuestiones de interés de la profesión. También anunció la paralización del proyecto para constituir la Fundación One Health, una mayor coordinación con los colegios y consejos autonómicos para escoger las materias de formación evitando duplicidades, y el propósito de preparar, en 2023, un programa de actividades para conmemorar el primer centenario de la creación del Consejo General de Veterinarios de España, “con un refuerzo de la comunicación que ya va tomando cuerpo”.
