La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado un auto que desestima la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). La petición pretendía suspender la ejecución de la resolución autonómica del 2 de abril de 2025, en la que se establece un cupo de extracción de ejemplares de lobo en la región para la temporada 2025-2026. La decisión judicial, además, impone las costas del procedimiento a la parte demandante, fijándolas en 300 euros.
Reconocimiento judicial de la nueva situación legal del lobo
Uno de los elementos clave de este auto es el reconocimiento por parte del TSJC de que el lobo ha dejado de estar protegido por el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esta circunstancia, consecuencia de la evolución normativa reciente, modifica sustancialmente el marco jurídico y abre la puerta a decisiones de control poblacional fundamentadas por las autoridades regionales.
El tribunal considera que ya no se puede presentar la protección del lobo como un valor preponderante, sino que se encuentra en una posición de equivalencia con la defensa del sector ganadero, un sector “económico-social relevante”, en palabras del propio auto.
En este sentido, el texto subraya que “el interés de los ganaderos por resguardar sus animales y, con ello, su modo de vida no es un interés menor que deba sacrificarse en aras de una protección ilimitada e incondicional del lobo”. Añade además que “no es menor el interés, indudablemente público, de garantizar el desarrollo de una parte del sector ganadero de Cantabria, como es la ganadería extensiva”.
Documentación exhaustiva por parte del Gobierno cántabro
El TSJC pone en valor el trabajo técnico del Gobierno de Cantabria, destacando que los informes remitidos a la sala para justificar la necesidad de establecer extracciones “son exhaustivos y precisos”. El tribunal afirma que esta documentación denota la justificación y proporcionalidad de la resolución impugnada, y señala que estos informes “no son refutados por prueba alguna aportada por la demandante”, es decir, por Ascel.
Esta argumentación ha sido clave para la decisión final del tribunal, que ha optado por desestimar la tutela cautelar solicitada por la organización ecologista.
Reacción institucional: satisfacción desde la Consejería de Desarrollo Rural
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha expresado su “satisfacción” tras conocerse el auto judicial. En sus declaraciones, Susinos ha subrayado que el auto “confirma el trabajo serio, riguroso y exhaustivo que se viene haciendo desde la consejería”, y ha asegurado que la gestión del lobo “sigue escrupulosamente lo que marca nuestro plan de gestión y con datos precisos”.
La consejera ha añadido que “este auto confirma que tan importante es la protección del lobo como el desarrollo del sector ganadero de Cantabria, a través de la ganadería extensiva”, una afirmación que resume la posición del Gobierno regional en este controvertido asunto. A su juicio, las extracciones son necesarias para garantizar la convivencia entre el lobo y la ganadería.
Datos de ataques: más de 3.000 cabezas de ganado muertas en 2024
La resolución autonómica que fijó el cupo de extracciones se apoya también en los datos de ataques registrados en 2024, que reflejan la magnitud del problema al que se enfrentan los ganaderos cántabros. Según los registros oficiales, durante el año pasado se certificaron 2.681 ataques, con un saldo de 3.233 cabezas de ganado muertas y 207 heridas.
Estas cifras, contextualizadas en una región donde la ganadería extensiva es fundamental para el medio rural, han sido empleadas por el Ejecutivo cántabro para justificar su plan de actuación frente a la fauna salvaje.
Conclusión: equilibrio jurídico entre biodiversidad y economía rural
El auto del TSJC representa un respaldo institucional al enfoque del Gobierno de Cantabria en la gestión del lobo y marca un precedente importante en el tratamiento judicial del equilibrio entre la protección de la biodiversidad y la defensa de las actividades económicas tradicionales en el entorno rural.
Aunque la asociación Ascel mantiene su rechazo frontal a las extracciones y previsiblemente seguirá recurriendo en instancias judiciales, lo cierto es que la justicia ha avalado el nuevo marco legal y la documentación técnica en la que se basa la actuación administrativa regional.
Este caso evidencia el complejo equilibrio de intereses que implica la convivencia entre especies silvestres protegidas y sectores productivos como la ganadería, en un contexto normativo en transformación y con profundas implicaciones sociales y económicas.
Resumen de la resolución judicial y sus efectos
