El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias coincidieron hoy en la necesidad de defender una postura común ante la reforma de la PAC. En concreto, el presidente de la Junta pidió a las OPAS avanzar para cerrar un nuevo acuerdo que defienda los intereses de la Comunidad ante una reforma que abordará aspectos decisivos que afectarán a los agricultores y ganaderos de de Castilla y León.
Así lo explicó la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, tras la reunión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los responsables de Asaja, Donaciano Dujo; Alianza por la Unidad del Campo, Julio López y Aurelio Pérez, y de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín.
La consejera precisó que se trataría de presentar una postura común ante el Ministerio para tener un respaldo firme porque “a partir del mes de junio” se van a tomar decisiones importantes. Por eso, sostuvo es fundamental profundizar en aspectos importantes como la definición del agricultor activo o el reparto de las ayudas. En este sentido, dijo que Castilla y León no quiere ayudas lineales porque rebajan los incentivos a los agricultores muy profesionales. “Queremos que los más profesionales tengan un mayor nivel de ayudas”, precisó. Y apuntó que la Comisión Europea apoya unos niveles de convergencia más fuertes, que los que propone España y la propia Comunidad.
En todo caso, el presidente de la Junta aseguró que el Gobierno autonómico seguirá trabajando para que las características de la agricultura y la ganadería de la Comunidad y su diversidad de producciones sean tenidas en cuenta en la futura política agraria comunitaria.
Por su parte, el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, apuntó que no entendería que no se produjera un consenso para trasladar al Ministerio cuestiones tan importantes como a quién se destinan las ayudas o quién tiene que cobrarlas. Además, mantuvo que los jóvenes tienen que ser una prioridad, igual que el sector remolachero.
Asimismo, Aurelio Pérez, de la Alianza por la Unidad del Campo, se mostró favorable aprovechar la reforma de la PAC para “potenciar un modelo social agrario”. “La solución no está solo en incorporar a los jóvenes al campo, sino en crear mecanismos para que permanezcan”, agregó.
También el coordinador regional de UCCL, José Manuel Palacín, defendió la importancia de concretar “cosas importantísimas para Castilla y León” en esta última fase de la negociación.
Por otro lado, las OPAS pidieron que se abonen los 180 millones que se adeudan del Programa de Desarrollo Rural. La consejera apuntó que la Junta ha hecho un pago en abril anticipado del Ministerio con cargo a los recursos del Gobierno regional por importe de 50 millones y mostró su preocupación por el retraso en el pago de las cantidades por parte del Ministerio. “Volveré a solicitar al Ministerio que dé una respuesta a este retraso”, matizó.
Por otra parte, Clemente indicó que la producción final agraria en Castilla y León alcanzó los 5.510 millones de euros durante 2012. La producción vegetal aportó 2.551,5 millones de euros y la del sector ganadero 2.613,5. Unas cifras motivadas por la evolución positiva de los precios en ambos y que podrían mantenerse e incluso aumentar este año.
En cuanto a las previsiones de la cosecha, el cultivo de cereales de invierno, cuya superficie sembrada es superior a la campaña pasada alcanzando las 1.964.958 hectáreas, está evolucionando favorablemente. Tras una sementera y nascencia correctas, las plantas presentan en un estado de desarrollo normal para la época del año, lo que permite mantener la expectativa de una buena cosecha.
En lo que se refiere al Anteproyecto de la Ley Agraria Agraria de Castilla y León, que se encuentra en la fase de informes preceptivos de los órganos consultivos de la Junta de Castilla y León, Clemente apuntó que se han planteado 350 alegaciones de 50 entidades. Una Ley que supone, insistió, la primera ley agraria de Castilla y León. A.Morago
