La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), ASAJA, La Alianza UPA – COAG y la Unión de Campesinos – UCCL, han alcanzado un acuerdo unánime para trabajar de forma conjunta en la defensa del sector agrario y agroalimentario de la Comunidad frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El consenso se ha producido en el seno del Consejo Agrario de Castilla y León y se concreta en un documento que será remitido tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas competentes.
El acuerdo, fechado el 14 de enero de 2026, fija una posición clara: Castilla y León solo apoyará el acuerdo UE-Mercosur si se garantiza una reciprocidad real y efectiva, que obligue a las importaciones procedentes de terceros países a cumplir los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales que se exigen a los agricultores y ganaderos europeos.
Acuerdo completo: 2026_01_14+Acuerdo+Consejo+Regional+Agrario
Defensa conjunta del sector agrario ante el acuerdo UE-Mercosur
El documento consensuado refleja la voluntad de la Junta y de las OPAS de unir esfuerzos para proteger los intereses del campo de Castilla y León. En palabras de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, el objetivo es que “los agricultores y ganaderos de la Comunidad compitan en igualdad de condiciones”.
El acuerdo parte de una premisa fundamental: el sector agrario y agroalimentario de Castilla y León es un pilar esencial de la economía, del empleo y de la cohesión territorial, y su actividad debe desarrollarse en un marco de competencia leal, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica, social y medioambiental. Esta idea aparece recogida de forma expresa en el texto aprobado por el Consejo
La exigencia de una reciprocidad real como línea roja
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la defensa del principio de reciprocidad. Así, subraya que la Junta y las OPAS solo apoyarán el acuerdo UE-Mercosur si se garantiza que los productos importados cumplan exactamente las mismas normas que rigen para la producción europea.
El documento aprobado concreta esta exigencia en varios planos:
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Requisitos medioambientales, en línea con las normas comunitarias.
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Exigencias agronómicas, equivalentes a las que se aplican en la UE.
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Condiciones sociales, evitando competencia desleal basada en menores costes laborales.
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Control y trazabilidad, que permitan verificar el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.
Según recoge el acuerdo del Consejo Agrario, sin estas garantías no puede hablarse de igualdad de condiciones para los productores de Castilla y León
Salvaguardas inmediatas frente a crisis de mercado
Otro de los puntos clave del acuerdo es la reclamación de salvaguardas reales, efectivas e inmediatas. La Junta de Castilla y León así como las OPAS exigen mecanismos que puedan activarse sin demora cuando se produzcan:
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Incrementos excesivos de importaciones.
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Caídas significativas de precios que perjudiquen al productor.
El texto consensuado va un paso más allá al reclamar que estas salvaguardas incluyan, cuando sea necesario, compensaciones operativas, con el fin de amortiguar el impacto económico sobre agricultores y ganaderos. Esta demanda aparece expresamente recogida en el acuerdo del Consejo Agrario
Más controles en frontera y auditorías en terceros países
Otro de los grandes consensos alcanzados es la necesidad de reforzar los controles en frontera. Junta y OPAS consideran imprescindible intensificar las inspecciones para garantizar el cumplimiento de:
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Normas sanitarias.
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Exigencias fitosanitarias.
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Requisitos zoosanitarios.
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Estándares de bienestar animal, entre otros.
Además, el acuerdo plantea la realización de auditorías e inspecciones en terceros países, con el objetivo de comprobar directamente que los productos destinados al mercado europeo cumplen las condiciones exigidas por la normativa comunitaria. Esta medida se considera clave para evitar distorsiones de mercado y riesgos para la seguridad alimentaria
Falta de transparencia y demanda de información detallada
La Junta y las OPAS lamentan que el acuerdo UE-Mercosur no se haya explicado ni con la profundidad ni con la transparencia debidas, pese a las reiteradas solicitudes realizadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El acuerdo del Consejo Agrario es especialmente crítico en este punto y señala que no se han producido los encuentros técnicos e institucionales necesarios para que las comunidades autónomas y el propio sector conozcan con claridad:
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El alcance real del acuerdo.
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Sus condiciones concretas.
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Sus consecuencias económicas y productivas.
Ante esta situación, se reclama de forma expresa un análisis detallado y desagregado del impacto del acuerdo, tanto por producciones como por territorios, con especial atención a los sectores más vulnerables de Castilla y León
Vinculación del acuerdo UE-Mercosur con la futura PAC
La Consejera de Agricultura, María González Corral ha señalado, en su intervención a los medios de comunicación, que ya en mayo de 2025 la Junta y las OPAS firmaron una declaración institucional sobre la futura PAC 2028-2034, en la que se defendía el principio de reciprocidad en los acuerdos con terceros países.
El nuevo acuerdo refuerza esta posición y vincula de forma directa la defensa del sector agrario y el posicionamiento ante Mercosur con la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual. En este contexto, se reclama:
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Una PAC sólida y sin recortes.
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El mantenimiento de la estructura de FEAGA y FEADER.
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Un incremento de las dotaciones presupuestarias.
El Consejo Agrario considera que cualquier acuerdo comercial debe ser coherente con una política agraria fuerte que garantice la viabilidad del campo europeo y regional
Un acuerdo que se trasladará a España y a Europa
El acuerdo aprobado por el Consejo Agrario concluye con el compromiso de dar traslado formal del documento al Gobierno de España y a las instituciones europeas competentes, para que sea tenido en cuenta en el proceso de negociación y ratificación del acuerdo UE-Mercosur.
De este modo, Castilla y León fija una posición común del sector y de la Administración autonómica, basada en siete puntos clave que combinan defensa del productor, exigencia de reciprocidad, controles efectivos y una PAC fuerte como pilar de futuro.
Valoración de las OPAs
Donaciano Dujo, por parte de ASAJA, Aurelio González, por la Alianza UPA – COAG y Jesús Manuel González Palacín, como portavoz de la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, han mostrado su rechazo a este acuerdo, exigiendo el cumplimiento de esos principios de reciprocidad en las formas de trabajar los agricultores y ganaderos, exigiendo que los europarlamentarios de Castilla y León en parlamento comunitario no ratifique este acuerdo.
Otros temas planteados en el Consejo: Ayuda a la recogida de leche en zonas de montaña
Junto al posicionamiento sobre Mercosur, la consejera María González Corral anunció, que la Consejería está redactando las bases de una nueva ayuda a la recogida de leche en explotaciones de zonas de montaña.
Estas ayudas se dirigirán a los primeros compradores de leche cruda, con el objetivo de paliar el incremento de costes que supone la recogida en estas zonas y evitar que dichos sobrecostes se trasladen a los ganaderos. La medida se enmarca en la estrategia de apoyo a los territorios con mayores dificultades estructurales.
