La Junta de Castilla y León ha activado una nueva convocatoria de ayudas por importe de 1.000.000 de euros destinada a impulsar la formación, la transferencia de conocimientos y la capacitación profesional de los sectores agrario, alimentario y forestal durante el ejercicio 2026. Según la nota de prensa dice, esta línea de apoyo se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y se enmarca dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Una convocatoria alineada con la PAC 2023-2027
El comunicado de prensa asegura que esta convocatoria se integra en la intervención de Transferencia de conocimientos y actividades de formación e información, una de las herramientas clave del Plan Estratégico de la PAC vigente. Para el conjunto del periodo 2023-2027, esta intervención cuenta con una dotación global de 3,4 millones de euros, lo que sitúa a Castilla y León entre las comunidades que apuestan de forma más decidida por la formación como palanca de modernización del medio rural.
La publicación anual de estas ayudas al inicio de cada ejercicio responde, según explica la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a un compromiso previo con los representantes del sector. El objetivo es facilitar la planificación anticipada de cursos, jornadas y actividades demostrativas, evitando interrupciones y permitiendo que las entidades organizadoras diseñen programas formativos coherentes a lo largo de todo el año.
Formación como eje para la competitividad del sector
La finalidad principal de estas ayudas es mejorar la capacitación profesional de agricultores, ganaderos, trabajadores forestales y profesionales del sector agroalimentario. La nota de prensa dice que se busca dotar a los participantes de herramientas técnicas y de gestión que les permitan afrontar con mayores garantías los retos actuales: innovación, tecnificación, eficiencia productiva, sostenibilidad ambiental y competitividad económica.
Especial atención reciben los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria, un colectivo estratégico para el relevo generacional. La Junta considera prioritario que estos nuevos profesionales accedan desde el inicio a una formación sólida, actualizada y adaptada a las exigencias normativas, tecnológicas y de mercado que caracterizan al sector en la actualidad.
Además, las acciones formativas podrán desarrollarse en ámbitos autonómico, provincial o comarcal, con el fin de ajustarse a las particularidades productivas de cada territorio y responder a las necesidades reales de las explotaciones y empresas locales.
Novedades del nuevo periodo de programación
Uno de los cambios más relevantes de esta convocatoria es la integración en una única ayuda de las acciones de formación, información y demostración. Hasta ahora, estas actividades se articulaban mediante convocatorias diferenciadas, lo que complicaba la gestión administrativa y fragmentaba la oferta formativa. Con el nuevo enfoque, se simplifica el sistema y se gana en coherencia.
Asimismo, se introduce una priorización específica de la formación de asesores, especialmente de aquellos que participan en la medida de asesoramiento agrario. La convocatoria contempla tanto acciones formativas dirigidas expresamente a este colectivo como incentivos para favorecer su asistencia al resto de actividades subvencionadas, reforzando así el papel del asesoramiento profesional en la mejora de la gestión de las explotaciones.
Beneficiarios de las ayudas
Podrán acceder a estas ayudas los prestadores de servicios de formación, información y demostración que tengan la condición de personas jurídicas y estén directamente vinculados a los sectores agrario, alimentario o forestal. El comunicado de prensa asegura que tendrán especial relevancia entidades como sociedades, cooperativas y asociaciones representativas, por su cercanía al territorio y su capacidad para detectar las necesidades formativas del sector.
Este enfoque refuerza el papel de las organizaciones profesionales y cooperativas como agentes clave en la transferencia de conocimiento y en la profesionalización del campo castellano y leonés.
Contenidos formativos subvencionables
Entre las acciones contempladas destacan cursos de incorporación a la empresa agraria para jóvenes agricultores, formación para la obtención o renovación del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios y formación orientada a la obtención del certificado de bienestar animal, en sus diferentes modalidades.
La convocatoria también prioriza la formación vinculada a sectores estratégicos para la comunidad autónoma, entre los que se incluyen:
– Ovino y caprino
– Vacuno
– Porcino ibérico
– Cultivos industriales
– Leguminosas y oleaginosas
– Queso y vino
A ello se suman acciones formativas en producción ecológica, gestión y uso eficiente de recursos agrarios (agua, suelo y energía), así como en gestión y conservación forestal y aprovechamiento sostenible de los recursos locales. Este abanico de contenidos refleja una visión integral del desarrollo rural, que combina productividad, sostenibilidad y valor añadido.
Plazos y tramitación telemática
La tramitación de las solicitudes se realizará íntegramente por vía telemática, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 16 de enero de 2026.
En la sede electrónica estarán disponibles los modelos normalizados necesarios para todas las fases del procedimiento: solicitud, desarrollo de las acciones, seguimiento y justificación final. Este sistema pretende agilizar los trámites y reducir cargas administrativas tanto para las entidades beneficiarias como para la propia Administración.
Una apuesta estructural por el conocimiento
Más allá de la cifra concreta de un millón de euros para 2026, esta convocatoria refuerza una estrategia de fondo: situar la formación y la transferencia de conocimiento como ejes estructurales del futuro del sector agrario, alimentario y forestal en Castilla y León. En un contexto marcado por la presión de los costes, la exigencia normativa y la transición hacia modelos más sostenibles, la capacitación profesional se consolida como una inversión clave para garantizar la viabilidad y resiliencia del medio rural.
