La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Cilantro’, que ha culminado con la identificación, localización e investigación de dos empresarios agrícolas de Santomera, sospechosos de cometer un delito contra la propiedad industrial. Se les acusa de adquirir semillas patentadas, multiplicarlas ilegalmente y venderlas a un precio inferior al de mercado, lo que supone una competencia desleal y un incumplimiento de la normativa sobre protección de la propiedad intelectual en el ámbito agrícola.
El Origen de la Investigación: Denuncia por Comercialización Ilegal
A principios de este año, una mercantil especializada en la gestión de licencias vegetales presentó una denuncia ante la Guardia Civil. La acusación apuntaba a que una empresa agrícola de Santomera estaba comercializando sin autorización semillas de cilantro (Coriandrum sativum L), protegidas bajo una patente específica. Esta denuncia fue el detonante que llevó a los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) a iniciar una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos.
Las Primeras Diligencias: Inspección en Parcelas Agrícolas
Los agentes del SEPRONA comenzaron la operación con una serie de inspecciones en diversas parcelas de cultivo pertenecientes a la empresa agrícola bajo sospecha. Durante estas inspecciones, los guardias civiles detectaron la existencia de plantaciones de cilantro en al menos seis hectáreas, cultivadas durante los últimos dos años. Esta actividad ya levantó sospechas, dado que el cilantro no era recolectado en fresco, sino que se dejaba germinar, lo que sugería un propósito de multiplicación de semillas.
El Modo Operandi: Multiplicación y Venta de Semillas Protegidas
Las investigaciones revelaron un esquema en el que los empresarios compraban semillas protegidas en establecimientos autorizados. Estas semillas se utilizaban para cultivar plantas de cilantro que se dejaban germinar, permitiendo así la multiplicación natural de las semillas. Se estima que, a partir de las semillas originales, los sospechosos lograron multiplicar por diez la cantidad inicial. Posteriormente, estas semillas multiplicadas se vendían a otros agricultores a un precio inferior al de mercado, lo que generaba una competencia desleal en el sector.
Para proteger su actividad ilegal, los empresarios contaban con facturas que demostraban la compra legal de las semillas iniciales, lo que les proporcionaba una apariencia de legalidad y trazabilidad. Sin embargo, la Guardia Civil descubrió que las semillas multiplicadas no cumplían con las normativas de propiedad industrial, ya que su reproducción y venta sin autorización de los titulares de la patente constituía un claro delito contra la propiedad intelectual.
Incautación de Semillas y Análisis de ADN
Como parte de la investigación, los agentes del SEPRONA realizaron una inspección en la sede de la empresa investigada. Durante esta inspección, encontraron dos sacas, tipo big-bag, llenas de semillas de la variedad protegida. Estas semillas, que no contaban con etiquetas o indicaciones que especificaran su contenido, representaban los restos de peor calidad, ya que la mayor parte de la producción ya había sido vendida en el mercado.
Los guardias civiles procedieron a recoger muestras de las semillas en presencia de los titulares de la mercantil y de técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estas muestras fueron enviadas a un laboratorio especializado en análisis de ADN de semillas vegetales. Los resultados del análisis confirmaron que las semillas incautadas pertenecían a la variedad protegida y que habían sido multiplicadas sin la autorización correspondiente, lo que corroboró las sospechas iniciales.
Consecuencias Legales para los Empresarios Agrícolas
Con todos los indicios necesarios y tras recibir los resultados de los análisis de ADN, la Guardia Civil procedió a investigar a los dos empresarios agrícolas como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. Este tipo de delitos, regulados en la legislación española, pueden acarrear sanciones económicas severas y penas de prisión para los responsables.
El caso de la operación ‘Cilantro’ pone de manifiesto la importancia de respetar las leyes de propiedad industrial y las normativas relacionadas con la protección de patentes en el ámbito agrícola. La Guardia Civil, a través del SEPRONA, continúa su labor de vigilancia y protección de los derechos de propiedad intelectual en el sector agrícola, garantizando que los avances tecnológicos y las innovaciones en este campo sean debidamente respetados y protegidos.
El Impacto de la Piratería en el Sector Agrícola
Este caso también refleja el impacto negativo que tiene la piratería en el sector agrícola. La multiplicación y venta ilegal de semillas no solo perjudica a las empresas que invierten en investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales, sino que también distorsiona el mercado al introducir productos a precios más bajos que no han pasado por los controles de calidad y trazabilidad requeridos.
En un sector donde la innovación y la mejora genética son cruciales para enfrentar los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria, la protección de las variedades vegetales patentadas es fundamental. La competencia desleal y las prácticas ilícitas, como las descubiertas en la operación ‘Cilantro’, socavan estos esfuerzos y pueden tener consecuencias a largo plazo para la sostenibilidad del sector.
La operación ‘Cilantro’ es un recordatorio de la importancia de cumplir con las leyes de propiedad industrial en el ámbito agrícola. La Guardia Civil, a través del SEPRONA, ha demostrado su compromiso en la protección de estos derechos, cruciales para el desarrollo y la innovación en el sector.
Los empresarios agrícolas y todos los actores del sector deben ser conscientes de la importancia de respetar las patentes y las normativas vigentes, no solo para evitar sanciones legales, sino también para contribuir a un mercado justo y competitivo. La sostenibilidad y el progreso del sector dependen en gran medida de la innovación y del cumplimiento de las leyes que protegen estos avances.
