Siete años después de una de las sequías más devastadoras del siglo en España, los primeros ganaderos extremeños han comenzado a recibir las indemnizaciones que Agroseguro debía por los daños causados en los pastos durante la campaña 2018-2019. El proceso, largamente demorado por disputas judiciales y recursos interpuestos por la entidad aseguradora, pone en evidencia las dificultades estructurales que enfrentan los agricultores y ganaderos para recibir compensaciones justas por pérdidas aseguradas.
La sequía que afectó a España entre 2018 y 2019 fue la segunda más severa del siglo, con un impacto especialmente agudo sobre las dehesas y los sistemas de pasto extensivo de regiones como Extremadura. A pesar de la magnitud de los daños, Agroseguro, la entidad encargada de las pólizas agrarias, evaluó la situación con criterios que los ganaderos consideraron inadecuados, negando en muchos casos la existencia de sequía o limitando las indemnizaciones a cifras que apenas cubrían el importe de las primas pagadas.
Ante la falta de respuesta por parte de Agroseguro a las reclamaciones, un grupo de ganaderos organizados por La Unión Extremadura decidió acudir a los tribunales para exigir lo que consideraban justo: una indemnización acorde a las pérdidas reales sufridas en sus explotaciones.
La primera demanda se interpuso en el Juzgado de Primera Instancia de Trujillo, donde los jueces reconocieron el derecho de los asegurados a recibir una indemnización superior a la ofrecida por Agroseguro. Este fallo fue recurrido por la entidad aseguradora, que elevó el caso a la Audiencia Provincial de Cáceres. Sin embargo, la sentencia fue ratificada, no solo confirmando el derecho de los ganaderos a una mayor compensación, sino también obligando a Agroseguro al pago de las costas judiciales.
En un movimiento interpretado por muchos como una estrategia para alargar el proceso y disuadir futuras demandas colectivas, Agroseguro interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. A pesar de esta maniobra, La Unión Extremadura solicitó al Juzgado de Trujillo la ejecución provisional de la sentencia, una petición que fue aceptada, permitiendo que los primeros pagos comenzaran a llegar a los afectados.
“Hoy se hace justicia, aunque con demasiada lentitud. No es aceptable que hayan pasado siete años para que un ganadero cobre una indemnización de un seguro pagado en 2018”, denuncia un portavoz de La Unión. “Y todavía quedan por resolverse numerosos expedientes en distintos juzgados del país.”
La historia de esta reclamación colectiva es, sobre todo, una lección de resistencia. Los ganaderos no se conformaron con la valoración inicial de Agroseguro, que en muchos casos negaba la existencia de la sequía, alegando datos meteorológicos generales que no reflejaban las condiciones específicas de cada zona.
“Nos dijeron que no había sequía, cuando nosotros veíamos los pastos secos, sin rebrote, sin alimento para el ganado. Tuvimos que comprar forraje a precios desorbitados y sacrificar parte del ganado. Y encima, nos negaban la indemnización”, relata uno de los afectados.
Según datos de La Unión Extremadura, más de 300 explotaciones ganaderas en la comunidad se vieron directamente perjudicadas por esta falta de indemnización, lo que supuso un golpe económico brutal para una región ya castigada por la despoblación y la falta de infraestructuras. La organización calcula que la deuda total pendiente de Agroseguro con los ganaderos podría superar los 10 millones de euros.
La organización agraria denuncia la estrategia dilatoria de Agroseguro, que “ha buscado claramente desincentivar las demandas judiciales sabiendo que muchos pequeños y medianos ganaderos no pueden permitirse años de trámites legales”. Para La Unión, este caso pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de seguros agrarios para hacerlo más transparente, equitativo y eficaz.
También reclaman que las pólizas se revisen en función de criterios más cercanos a la realidad del terreno y de los ciclos productivos de cada zona. “No puede ser que se evalúe la sequía por medias provinciales cuando la ganadería es local, de cercanía, y cada finca tiene sus propias condiciones”, afirman.
A pesar del tiempo transcurrido, La Unión asegura que continuará con los procesos judiciales pendientes. “Aunque tengamos que esperar diez años, seguiremos exigiendo nuestros derechos frente al monopolio que representa Agroseguro. No vamos a dejar a ningún ganadero atrás”, han declarado.
La asociación pide también una mayor implicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la supervisión del funcionamiento de Agroseguro y del Consorcio de Compensación de Seguros, para evitar que estas situaciones se repitan. “El sistema de seguros agrarios tiene que proteger al agricultor y al ganadero, no convertirse en una fuente de frustración y pérdida”, apuntan.
Más allá de las indemnizaciones
Para muchos ganaderos, el cobro de estas indemnizaciones llega tarde, cuando sus explotaciones ya han sufrido un deterioro importante o incluso han cerrado. Aun así, la noticia de los primeros pagos representa un paso hacia la justicia. “Más vale tarde que nunca”, comentan, “pero necesitamos un sistema más ágil y más justo para el futuro”.
Este caso se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la acción colectiva y la perseverancia pueden dar frutos, incluso frente a estructuras poderosas y poco flexibles. La lucha por unas indemnizaciones justas no termina aquí, pero hoy muchos ganaderos extremeños pueden respirar un poco más tranquilos
