El sector agrario catalán recibe un importante impulso fiscal tras la aprobación, por parte del Gobierno, de un Decreto ley de medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal, que incorpora varias de las reivindicaciones históricas del sindicato Unió de Pagesos. Entre las principales medidas destaca una reducción del impuesto de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales del 99% para los profesionales jóvenes y del 95% para el resto del campesinado profesional, una medida que busca aliviar la carga tributaria sobre las explotaciones familiares y facilitar el relevo generacional en el campo.
El sindicato considera que este paquete de medidas supone un avance en aspectos clave como la desburocratización, el reconocimiento del campesinado profesional como actor central del sector, y la aplicación de un trato fiscal preferente a quienes viven de la agricultura y la ganadería de manera profesional. Aunque la organización reconoce el progreso, también subraya que aún quedan muchos retos pendientes para garantizar un futuro estable y sostenible al sector agrario catalán.
Una reivindicación histórica del sector
La Unió de Pagesos celebra que el nuevo Decreto ley responda a varias de las demandas planteadas durante su XIV Congreso celebrado en Mollerussa el 8 de febrero de 2025, donde se reclamó una reducción total (100%) de los impuestos de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales cuando las tierras pasen a manos de una persona profesional agraria. Aunque la reducción aprobada no alcanza el 100%, el sindicato valora el 99% para jóvenes profesionales y el 95% para el resto como un paso significativo hacia esa meta.
Según el sindicato, esta medida permitirá resolver situaciones injustas generadas por sucesiones sin testamento o por explotaciones agrícolas cuya titularidad recae en personas jurídicas que no habían heredado directamente la tierra. Además, el Decreto introduce flexibilidad en la formación exigida a los jóvenes beneficiarios: podrán obtener la cualificación profesional necesaria en los dos años siguientes a la transmisión, donación o sucesión, lo que amplía las posibilidades de acceder a los beneficios fiscales.
El sindicato argumenta que la pérdida progresiva de la condición de Explotación Agraria Prioritaria (EAP), derivada de la desigual evolución de los salarios en sectores no agrarios y del deterioro económico de las pequeñas explotaciones familiares, ha dejado a muchos profesionales fuera de los beneficios fiscales establecidos en la normativa estatal. Por este motivo, la reducción aprobada representa una corrección parcial de esta desigualdad estructural que afectaba sobre todo al campesinado familiar y joven.
El acceso a la tierra sigue siendo uno de los mayores obstáculos para las nuevas generaciones. La alta carga impositiva en las transmisiones patrimoniales dificultaba la continuidad de las explotaciones familiares, generando barreras económicas para el relevo generacional y el mantenimiento de la estructura agraria tradicional. Con esta reforma, se espera estimular la continuidad de las explotaciones familiares y fomentar la profesionalización del sector agrario en Cataluña.
Una negociación compleja y resultados tangibles
Las primeras propuestas del Gobierno no alcanzaban el grado de reducción deseado ni contemplaban todas las situaciones vinculadas a las transmisiones patrimoniales agrarias. Unió de Pagesos ha trabajado activamente para incluir todas las tipologías de organización profesional agraria, como las sociedades civiles particulares, logrando que el texto final del Decreto ley refleje la diversidad real del sector.
La organización subraya que esta mejora no solo beneficiará a los agricultores y ganaderos individuales, sino también a cooperativas y entidades agrarias que actúan como estructuras colectivas de producción y comercialización. El objetivo común es mantener la viabilidad económica y social de las explotaciones rurales, evitando su abandono y favoreciendo la relocalización de la producción agrícola.
Medidas complementarias en sanidad animal y medio ambiente
El Decreto ley también incluye otras medidas relevantes para el sector:
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Ayudas para las explotaciones de vacuno afectadas por tuberculosis, con el fin de compensar las pérdidas derivadas de las restricciones sanitarias.
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Exención de la tasa veterinaria para la documentación de traslado de animales desde explotaciones afectadas por dichas restricciones.
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Bonificación de la tasa ambiental para proyectos de roturación o de recuperación de tierras agrícolas (rompu).
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Indemnizaciones por los daños causados por especies protegidas de fauna salvaje, aunque el sindicato advierte que estas compensaciones resultan insuficientes o desactualizadas en relación con la realidad actual del campo catalán.
Estas medidas, aunque positivas, no solucionan de forma integral los problemas estructurales del sector. Unió de Pagesos reclama una actualización de las indemnizaciones y una política agraria más dinámica, que responda a los desafíos del cambio climático, la volatilidad de los mercados y la creciente presión sobre los márgenes de rentabilidad agraria.
Un paso adelante, pero insuficiente
Unió de Pagesos considera que el Decreto ley aprobado marca un punto de inflexión en la política agraria catalana, al reconocer la necesidad de aliviar la carga fiscal del campesinado y fomentar el relevo generacional. Sin embargo, el sindicato advierte que se trata solo de un primer paso en la buena dirección, ya que no contempla todas las medidas necesarias para resolver los desafíos estructurales del sector.
El sindicato insta al Gobierno a acelerar la implementación de las políticas pendientes, recordando que muchas de ellas deberían haberse desplegado desde hace años. Si el ritmo de avance no mejora, la organización anuncia que se verá obligada a plantear una nueva estrategia reivindicativa, que podría incluir movilizaciones o acciones de presión institucional.
Hacia un nuevo modelo agrario más justo y profesionalizado
El objetivo final de estas reformas, según Unió de Pagesos, es construir un modelo agrario más justo, profesionalizado y sostenible, donde las explotaciones familiares y jóvenes tengan acceso real a la tierra y a los recursos. La reducción fiscal constituye un incentivo esencial para mantener viva la actividad rural, preservar el tejido económico y social del territorio, y garantizar el relevo generacional en el campo.
El Decreto ley también refuerza la idea de que la agricultura profesional debe ser reconocida como una actividad estratégica para el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la gestión sostenible del territorio. Para que estas medidas tengan un impacto duradero, el sindicato insiste en que deben acompañarse de políticas activas en materia de formación, innovación, acceso al crédito, modernización de explotaciones y digitalización del campo.
La reducción de impuestos aprobada hoy no solo alivia la carga fiscal del campesinado catalán, sino que marca un precedente político relevante que podría extenderse al resto de comunidades autónomas. Si bien queda un largo camino por recorrer, este avance representa una victoria parcial pero significativa para el campesinado profesional y una oportunidad para repensar el futuro del campo desde una perspectiva de equidad, sostenibilidad y dignificación del trabajo agrario.
