La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha lanzado un mensaje de alerta ante la posible situación crítica que podría generarse en el sector ganadero de Castilla y León debido a la anunciada huelga de veterinarios. UPA ha solicitado a la Junta de Castilla y León que garantice la continuidad de las pruebas de saneamiento en el ganado, indispensables para mantener la salud y bioseguridad en las explotaciones y, en particular, la lucha contra la tuberculosis. La organización agraria reclama que se establezcan servicios mínimos adecuados y efectivos para que la huelga no afecte directamente a los ganaderos, quienes podrían ser los más perjudicados en este conflicto laboral.
Las pruebas de saneamiento ganadero, especialmente las que controlan la tuberculosis, son una exigencia fundamental para la bioseguridad del sector y la salud del ganado. Estas pruebas requieren un manejo riguroso y una preparación exhaustiva de los animales, que incluye la inyección y posterior lectura de los resultados. Este proceso es complejo y demanda la supervisión de veterinarios cualificados para garantizar la fiabilidad y precisión de los resultados.
Sin embargo, la huelga de veterinarios pone en riesgo este procedimiento, ya que la inoculación y lectura de las pruebas de tuberculosis pueden quedar paralizadas. Según UPA, la falta de realización de las pruebas supondría una carga adicional para los ganaderos, quienes podrían tener que gestionar la manipulación de los animales sin la posterior lectura de los resultados, lo que haría que todo el esfuerzo sea en vano y, además, dejaría a las explotaciones en una situación de incertidumbre sanitaria. Por ello, la organización ha solicitado a la Consejería de Agricultura de Castilla y León que se comprometa a mantener los servicios mínimos necesarios, garantizando que tanto la inoculación como la lectura de las pruebas se realicen de manera regular y puntual.
UPA ha pedido de forma contundente que los ganaderos no queden desamparados en medio del conflicto laboral, aunque reconoce y respeta el derecho de los veterinarios a defender sus intereses y condiciones laborales. «Los trabajadores veterinarios tienen todo el derecho a defender sus derechos, pero la Administración debe ofrecer una solución justa para los ganaderos», subraya la organización agraria. Ante este panorama, UPA propone la implantación de servicios mínimos que no solo cubran la fase de inoculación de las pruebas de tuberculosis en el ganado, sino también la visita posterior a las explotaciones para la lectura de los resultados. Este proceso, si se interrumpe, podría llevar a los ganaderos a una situación insostenible, ya que la preparación y manipulación de los animales supone una tarea ardua y complicada que, en caso de no completarse con la lectura, sería en vano.
En caso de que la Consejería de Agricultura no disponga de los veterinarios suficientes para asegurar la realización de las pruebas de saneamiento, UPA ha planteado alternativas, como recurrir a los servicios veterinarios de empresas contratadas como Eulen o a los propios veterinarios de la SAC (Sanidad Animal de Castilla y León). Según UPA, si estas opciones no resultan viables, la única alternativa justa sería la anulación temporal de las citas para las pruebas de saneamiento durante el periodo de huelga. Esta medida evitaría que los ganaderos asuman la carga de preparar y manejar a los animales para realizar las pruebas sin obtener un resultado fiable.
La tuberculosis en el ganado es una enfermedad que no solo afecta a la salud de los animales, sino que también supone una amenaza para la salud pública. Las pruebas de saneamiento para detectar y controlar esta enfermedad son una medida preventiva indispensable en el sector ganadero, y su interrupción podría tener graves consecuencias. Castilla y León es una región con un alto volumen de explotaciones ganaderas, y las normativas europeas exigen que las explotaciones mantengan una bioseguridad óptima para evitar la propagación de enfermedades entre animales y, en consecuencia, hacia los consumidores.
La complejidad del proceso de las pruebas de saneamiento implica un manejo y control exhaustivo de cada animal, lo cual es un esfuerzo considerable para los ganaderos, quienes en muchos casos necesitan la colaboración de veterinarios especializados para garantizar que las pruebas se lleven a cabo de forma efectiva y segura. Este esfuerzo no solo es físico, sino que implica también una planificación adecuada y la disponibilidad de recursos humanos capacitados, especialmente en explotaciones con grandes cantidades de animales. En este contexto, la huelga de veterinarios amenaza con aumentar la carga sobre los ganaderos, quienes ya enfrentan dificultades diarias en sus labores.
Hasta el momento, la Administración regional ha asegurado que hará todo lo posible para mantener los servicios mínimos en un tema tan sensible y relevante para los ganaderos como es el saneamiento del ganado. No obstante, UPA ha insistido en que estas garantías deben traducirse en acciones concretas y efectivas que ofrezcan a los productores la seguridad de que las pruebas de tuberculosis se realizarán sin interrupciones. «La Consejería de Agricultura debe actuar con responsabilidad y compromiso hacia el sector, ofreciendo una solución que evite perjuicios a los ganaderos y garantice la sanidad del ganado en la región», señaló la organización.
UPA espera que la Junta de Castilla y León tome medidas rápidas y decisivas para asegurar que el saneamiento ganadero no se vea interrumpido. Para la organización, es esencial que la administración actúe con diligencia y responsabilidad para evitar una situación límite que podría poner en riesgo no solo la bioseguridad de las explotaciones, sino también la estabilidad económica de los ganaderos.
Posibles consecuencias de la huelga de veterinarios
Si la huelga de veterinarios continúa y los servicios mínimos no son suficientes para cubrir las necesidades de las pruebas de saneamiento, los ganaderos podrían enfrentar graves dificultades en las próximas semanas. La falta de control y diagnóstico en las explotaciones afectadas incrementaría el riesgo de propagación de enfermedades y pondría en riesgo la salud de los animales y la viabilidad económica de las explotaciones. Además, muchos productores podrían ver retrasadas o condicionadas sus operaciones de venta, ya que el saneamiento es un requisito indispensable para el traslado y comercialización de los animales en el mercado.
Este conflicto también plantea una cuestión de justicia y equidad para los ganaderos, quienes ya soportan numerosos desafíos, incluidos los efectos del cambio climático, los altos costes de producción y la competencia en el mercado. La interrupción de las pruebas de tuberculosis debido a la huelga agrava una situación ya complicada, y UPA advierte que, sin una intervención adecuada de la Junta, los ganaderos podrían verse forzados a asumir pérdidas considerables o incluso a reducir sus actividades.
Para UPA, la situación actual requiere una solución que equilibre los derechos de los veterinarios con la necesidad de los ganaderos de realizar las pruebas de saneamiento sin interrupciones. La organización agraria subraya la importancia de la diligencia administrativa y la colaboración entre todos los sectores implicados para evitar que los ganaderos queden desprotegidos en un momento crítico. Así, UPA ha reiterado su disposición a trabajar junto a la Consejería de Agricultura para encontrar soluciones que permitan a los veterinarios ejercer su derecho a huelga sin que ello signifique un perjuicio directo e irreparable para los productores.
La UPA concluye su comunicado haciendo un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que asuma su responsabilidad en este tema y adopte las medidas necesarias para proteger el bienestar de los ganaderos, quienes dependen de estas pruebas para garantizar la seguridad y sostenibilidad de sus explotaciones.
