La Asociación de Mataderos de Castilla y León (AMACYL) ha lanzado una alerta sobre las graves consecuencias económicas y sociales que tendría la huelga anunciada y la aplicación del horario general de funcionarios públicos a los veterinarios oficiales de los mataderos, cuya función es esencial para la continuidad operativa de los centros de sacrificio. La situación ha generado una creciente preocupación en toda la cadena agroalimentaria, desde los ganaderos hasta los consumidores.
Un conflicto sin resolver: veterinarios en pie de guerra desde el 7 de abril al anunciar una posible huelga
La fecha clave es el lunes 7 de abril de 2025, día en el que está previsto que comiencen movilizaciones de protesta por parte de los veterinarios oficiales en Castilla y León si no se alcanza un acuerdo en la última reunión de negociación convocada para el viernes 4 de abril con la Junta de Castilla y León. El detonante del conflicto ha sido la decisión de la administración de ajustar el horario de estos profesionales al del resto de empleados públicos.
Esta medida, aparentemente administrativa, tendría un impacto devastador sobre los mataderos de la región, donde los veterinarios no solo supervisan el cumplimiento de los estándares sanitarios y de bienestar animal, sino que su presencia es indispensable para la autorización de los sacrificios. La falta de personal durante las jornadas completas provocaría retrasos y cuellos de botella en la producción cárnica, afectando a toda la cadena de valor.
Un sector vital para la economía regional y nacional
El sector cárnico de Castilla y León no es un engranaje menor en el motor económico de la región. Según datos proporcionados por la propia AMACYL:
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Castilla y León produce 920.000 toneladas de carne al año, lo que representa aproximadamente el 12 % del total nacional.
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La industria cárnica regional aporta el 24,2 % del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agroalimentario.
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Solo en 2024 se sacrificaron 95.294.962 animales en los mataderos de la comunidad autónoma.
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A nivel provincial, Salamanca concentra el 57 % de los sacrificios de ungulados, destacando en caballos (23,5 %) y bovinos (24,9 %).
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En cuanto al porcino, Salamanca y Burgos son los grandes motores, con un 33,1 % y un 21,6 % de los sacrificios, respectivamente.
Estos datos evidencian que cualquier alteración en el ritmo de actividad de los mataderos tiene repercusiones directas no solo a nivel regional, sino también en el abastecimiento de carne en toda España.
Impacto económico: más de 170.000 animales podrían dejar de sacrificarse cada día
Uno de los datos más alarmantes facilitados por AMACYL es que una reducción del 45 % de la jornada laboral efectiva en mataderos, provocada por la ausencia o limitación del horario de los veterinarios, implicaría que cada día se sacrificasen 172.000 animales menos. Esto generaría:
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Un desabastecimiento inmediato para los canales de distribución y la industria transformadora.
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Un incremento de los precios al consumidor final por menor oferta.
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Un colapso en la producción primaria, ya que los ganaderos se verían obligados a mantener durante más tiempo animales listos para el sacrificio, lo que aumenta los costes de alimentación y manejo sin garantizar mayores ingresos.
Este cálculo no contempla aún el efecto estacional de fechas clave como la Semana Santa, ni los sacrificios específicos de animales como el cerdo ibérico de montanera, lo que incrementaría aún más el impacto negativo en el Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Una crisis que puede afectar al medio rural y al empleo
Uno de los efectos más preocupantes de esta situación es su potencial impacto sobre el empleo, especialmente en zonas rurales. La industria cárnica genera miles de empleos directos e indirectos en Castilla y León, muchos de ellos en comarcas con escasas oportunidades laborales alternativas. La paralización o ralentización de la actividad en los mataderos provocaría:
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ERTEs o despidos por inactividad temporal en los centros de sacrificio.
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Reducción de turnos y caída de producción en industrias transformadoras.
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Impacto negativo en la economía de pequeños municipios, que dependen del empleo vinculado al sector ganadero y cárnico.
Una reivindicación que afecta a todos: ganaderos, industria y consumidores
Desde la Asociación de Mataderos, se insiste en que el conflicto con los veterinarios no puede abordarse como un mero desacuerdo laboral, sino como un asunto de trascendencia económica y social que debe resolverse con urgencia. El papel de los veterinarios oficiales no es sustituible ni prescindible, ya que de ellos depende el cumplimiento normativo y sanitario del proceso de sacrificio.
Además, la falta de capacidad para operar con normalidad obligaría a muchas industrias a buscar carne en otros mercados, incluso fuera de España, con mayores costes logísticos, sanitarios y medioambientales. También podrían verse afectadas las exportaciones, especialmente en productos que requieren certificados veterinarios oficiales emitidos por personal adscrito a la administración pública.
AMACYL pide a la Junta una solución urgente para evitar el colapso
Ante esta situación, la Asociación de Mataderos de Castilla y León (AMACYL) ha dirigido un llamamiento urgente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que tome «cartas en el asunto» y medie de manera inmediata en el conflicto con los veterinarios oficiales.
Desde la organización recuerdan que estos profesionales «conviven cada día» con los trabajadores de los mataderos y que sus reivindicaciones no pueden ser ignoradas, ya que la falta de acuerdo perjudica al conjunto del sector y a la economía regional. El objetivo es alcanzar un consenso que permita a los veterinarios seguir ejerciendo con la flexibilidad necesaria que demanda su función específica.
Conclusión: evitar el conflicto es clave para preservar la estabilidad del sector cárnico
El sector cárnico de Castilla y León, uno de los pilares de la economía regional y del abastecimiento alimentario nacional, no puede permitirse una paralización parcial o total de su actividad. Las cifras muestran el alto grado de dependencia de los mataderos respecto a los veterinarios oficiales, cuya función es esencial y cuya reivindicación no debe ser desatendida.
Si no se alcanza un acuerdo satisfactorio en las próximas horas, el inicio de movilizaciones el 7 de abril marcaría el principio de un escenario de incertidumbre para toda la cadena agroalimentaria de la región.
