En un clima de máxima tensión para la remolacha en Castilla y León, la crisis – lejos de solucionarse – ha dado un giro inesperado que amenaza con romper la relación entre los productores y la industria.
A pesar de que esta campaña de siembra comenzó con normalidad, en las últimas semanas se ha convertido en una guerra abierta. El motivo, según la Organización Profesional Agraria ASAJA, es que la empresa Azucarera ha decidido romper de “manera unilateral” los contratos de 24 agricultores de las provincias de León y Valladolid.
La OPA tilda la medida de «despido masivo» y cree que marca un precedente peligroso en un sector donde la planificación y la confianza mutua habían sido la norma. A su paso por el programa de esRadio, ‘Es El Campo’, el secretario general de ASAJA Castilla y León, José Antonio Turrado, explicó que el eje central del conflicto se sitúa en el polémico modelo de “contrato compartido”.
¿Qué es un contrato compartido?
A través de ese modelo de contratos compartidos, muchos de los afectados delegaron la gestión directa del cultivo en los técnicos de la propia Azucarera, con la esperanza de que la supervisión industrial garantizara el éxito de la cosecha.
Sin embargo, tras unos resultados que no cumplieron las expectativas, la compañía ha optado por señalar a estas parcelas como «inviables», dejando a los agricultores fuera del ciclo productivo.
Esta exclusión no solo supone la pérdida de su actividad principal, sino que acarrea un grave perjuicio económico indirecto. Al verse obligados a dejar de sembrar por falta de comprador, estos agricultores corren el riesgo de perder las millonarias ayudas vinculadas a la PAC y los planes agroambientales de la Junta de Castilla y León, que exigen la continuidad del cultivo.
La versión de la industria
En el mismo programa de ‘Es El Campo’, Azucarera ha querido desmentir las acusaciones de ASAJA calificando los casos de «marginales«, ya que solo afectan a 24 agricultores con rendimientos “inviables” de entre 20 y 40 toneladas.
La directora del área agrícola de la compañía, Salomé Santos, sostiene que formalizar estos contratos supondría una pérdida económica para el profesional y un incumplimiento flagrante de la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, asegura haber gestionado con la Junta soluciones para que estos productores no pierdan sus ayudas.
Las 3 razones que da Azucarera:
- Rendimientos bajos
La compañía señala que las parcelas excluidas registran producciones de entre 20 y 40 toneladas por hectárea, cifras que califican como «absolutamente inviables» para la sostenibilidad del negocio.
- No incumplir la ley de la Cadena Alimentaria
Azucarera sostiene que no puede realizar ofertas que sitúen al agricultor en un escenario de pérdidas. Al no cubrir los costes de producción con rendimientos tan bajos, la firma evita la contratación para ajustarse a la legalidad.
- Más hectáreas que el año pasado
Pese a estos casos, la empresa afirma que existe un crecimiento neto de superficie en la comunidad. Se han alcanzado ya las 9.200 hectáreas, compensando el cierre de otras zonas con nuevos contratos en territorio castellano y leonés.
José Antonio Turrado, ASAJA
P: Desde ASAJA han calificado esta medida como un «golpe histórico» al cultivo. ¿Por qué es tan grave la situación?
R: Es un hecho sin precedentes. Por primera vez en la historia de este cultivo en Castilla y León, una empresa decide de forma unilateral quién puede sembrar y quién no. No estamos ante una negociación, sino ante un despido masivo de agricultores. Azucarera está rompiendo el modelo de colaboración que ha sostenido al sector durante décadas.
P: La empresa justifica los despidos basándose en los bajos rendimientos y en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para no producir a pérdidas. ¿Qué opina de este argumento?
R: Ese argumento es una trampa y una hipocresía. Dicen que lo hacen para proteger al agricultor de las pérdidas, cuando la realidad es que el beneficio del remolachero hoy no viene del precio de la industria, sino de las ayudas de la PAC. Al quitarles el contrato, les están quitando el acceso a esas subvenciones. Además, si hay bajos rendimientos, es en gran medida por su culpa: ellos impusieron el «contrato compartido» donde sus técnicos decían qué, cómo y cuándo hacer todo. El agricultor era un mero trabajador a sus órdenes; si el modelo fracasa, la responsabilidad es de la dirección técnica de Azucarera.
P: Con este escenario de ruptura de contratos y tensión con la industria, ¿considera que el futuro de la remolacha está en peligro?
R: Rotundamente sí. El futuro está en peligro, pero no por falta de profesionalidad de los agricultores, sino por la soberbia de la industria. Si Azucarera empieza a «limpiar» el campo de forma arbitraria, el agricultor perderá la confianza en el cultivo y se pasará a otras alternativas más estables. No se puede tener un sector estratégico pendiente del capricho de una multinacional que hoy te quiere y mañana te despide por carta. Si la Junta no interviene para poner orden, lo que ha sido el motor de muchas comarcas de nuestra comunidad terminará languideciendo por puro agotamiento y falta de seguridad jurídica.
Salomé Santos, Azucarera
P: Queríamos conocer si son ciertas al 100% las denuncias de ASAJA o si consideran que hay información que deba matizarse.
R: Bueno, pues no son ciertas. Nosotros ya tenemos contratadas 9.200 hectáreas e incrementaremos esa superficie en la provincia de León hasta las 5.000. Los casos en los que no hemos podido hacer una oferta son absolutamente marginales: hablamos de unos 24 agricultores con parcelas donde el riego no se ejecutó adecuadamente —que corresponde al agricultor— o cuyas características, como mucha presión de hierbas, hacen que las producciones sean muy bajas. Solo en esos casos puntuales no hacemos oferta porque, con el precio del azúcar tan bajo, no se recuperarían los costes. No sería bueno para el agricultor, que perdería dinero, ni para nosotros.
P: Se incumpliría la Ley de la Cadena Alimentaria en ese caso, ¿verdad?
R: Efectivamente. No podemos hacer ofertas que coloquen a los agricultores en una situación de pérdida. Por eso solo estamos haciendo ofertas a aquellos que tienen producciones suficientemente altas para recuperar costes y tener un margen.
P: ¿Qué umbral de toneladas por hectárea han utilizado para excluir a esos 24 agricultores?
R: Depende muchísimo de la estructura de costes de la explotación, del riego y del tipo de producto. Hay parcelas con más tratamientos, más abonados… pero vamos, estamos hablando de agricultores que tienen de 20 a 40 toneladas por hectárea. Son producciones que son absolutamente inviables.
P: ¿Entienden el temor que existe entre los productores y organizaciones de que el cultivo no atraviese su mejor momento?
R: Al revés, queremos trasladar un mensaje de optimismo absoluto. El contexto del azúcar es complejo y los precios son bajos por la presión internacional, pero a pesar de ello tenemos superficie suficiente para que el cultivo sea importantísimo en el regadío de Castilla y León. Tenemos una contratación similar a la del año pasado; de hecho, hay un crecimiento neto de superficie contratada en la comunidad porque hemos sustituido hectáreas de La Rioja y Álava por nuevos agricultores de aquí. Lejos de ser una situación pesimista, el cultivo es muy viable y está muy apoyado por la Administración y la industria.
P: ASAJA ha apelado al presidente Mañueco y a la Consejería. ¿Estaría Azucarera abierta a una mesa negociadora para buscar alternativas para esos 24 agricultores?
R: Nosotros ya hemos estado en contacto con la Junta hace varias semanas para explicar la situación. De hecho, vamos a preparar un escrito para que la Junta excepcione la aplicación de los requisitos de la ayuda agroambiental a estos agricultores. Así no tendrán que devolver la ayuda por el hecho de no sembrar al justificarse que no tienen un cultivo rentable. El tema está muy gestionado y resuelto con la Junta; vamos a ayudar a que estos agricultores en situación excepcional no salgan perjudicados con las ayudas.
