La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado una trama dedicada a la extracción y venta ilegal de agua en el municipio de Puerto Lumbreras. En el marco de la operación ‘Zahorí’, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han investigado a dos responsables de una empresa local por los presuntos delitos de usurpación de aguas subterráneas y atentado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las investigaciones revelan que la empresa habría extraído más de 50 millones de litros de agua de un pozo clandestino durante los últimos 18 meses, obteniendo beneficios superiores a 275.000 euros.
Un pozo ilegal al descubierto
La operación comenzó tras una denuncia colectiva de 128 vecinos de la diputación lorquina de Zarzalico, quienes alertaron de un inusual movimiento de camiones cisterna que transportaban agua en plena época de escasez. La sospecha de que se estuviera desviando agua hacia explotaciones ganaderas llevó al SEPRONA a desplegar un dispositivo de vigilancia en la zona.
Durante meses, los agentes siguieron la pista de los camiones hasta una finca de Puerto Lumbreras, donde descubrieron un punto de llenado clandestino. Los vehículos eran cargados allí para distribuir el agua a explotaciones porcinas, empresas industriales y viviendas particulares, algunas de ellas destinadas al llenado de piscinas. La investigación permitió comprobar que cada día se extraían más de 110.000 litros de agua sin autorización.
Un negocio sin control ni medición
El pozo carecía de contador volumétrico y de cualquier sistema de medición, lo que imposibilitaba conocer con precisión la cantidad total extraída. Además, no disponía de permiso alguno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para su explotación. Según los cálculos de los investigadores, la actividad podría haberse prolongado durante varias décadas, aunque solo se ha podido documentar el periodo más reciente.
Durante los últimos 18 meses, la empresa habría extraído 56 millones de litros de agua, vendiéndolos mediante una red de distribución con camiones cisterna. La facturación asociada a esta actividad se estima en más de un cuarto de millón de euros, una cantidad obtenida a costa de un recurso público en una región que padece recurrentes periodos de sequía.
Denuncias vecinales y seguimiento del SEPRONA
El caso se destapó gracias a la colaboración ciudadana. Los vecinos de Zarzalico denunciaron la irregularidad al SEPRONA, que inició discretamente una serie de vigilancias y seguimientos. Tras identificar el punto de llenado, los agentes procedieron a inspeccionar las explotaciones ganaderas receptoras, donde comprobaron documentalmente la procedencia del agua mediante albaranes y facturas emitidas por la empresa investigada.
El operativo incluyó meses de seguimiento de vehículos cisterna, comprobación de rutas, entrevistas y recopilación de pruebas. La investigación culminó con la identificación y localización de los dos responsables del negocio, que han sido puestos a disposición judicial. Ambos enfrentan cargos por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por usurpación de aguas subterráneas.
Impacto ambiental y económico
El caso de Puerto Lumbreras refleja un problema estructural en la gestión de recursos hídricos del sureste español. La extracción ilegal de agua subterránea tiene graves consecuencias ambientales, ya que altera los acuíferos y reduce la disponibilidad del recurso para usos agrícolas y domésticos legales. Además, distorsiona la competencia entre empresas del sector ganadero y agrícola que cumplen con las normativas.
El SEPRONA subraya que estas prácticas ponen en riesgo la sostenibilidad de los acuíferos y contribuyen a la sobreexplotación de masas de agua ya declaradas en mal estado por las autoridades hidráulicas. En este caso concreto, la extracción no autorizada afectó a un acuífero dependiente de la cuenca del Segura, una de las más tensionadas de la península.
Operación ‘Zahorí’: vigilancia permanente
La operación ‘Zahorí’, en cuyo marco se desarrolló esta actuación, forma parte del plan de control de aprovechamientos hídricos ilegales que mantiene la Guardia Civil en colaboración con la CHS. Su objetivo es detectar captaciones clandestinas, prevenir la contaminación y garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos.
En los últimos años, esta operación ha permitido detectar numerosos pozos ilegales en la Región de Murcia, Almería y Alicante. En algunos casos, los autores utilizaban complejas redes de tuberías subterráneas y sistemas de bombeo ocultos. Sin embargo, el caso de Puerto Lumbreras destaca por la magnitud del volumen extraído y la organización empresarial detrás del delito.
Cifras que dimensionan el delito
Para dimensionar la magnitud de la sustracción, los investigadores estiman que 50 millones de litros equivalen a más de 20 piscinas olímpicas o al consumo anual de un municipio de 1.000 habitantes. El volumen extraído, además de su impacto ecológico, representa un lucro ilícito considerable en una zona con frecuentes restricciones de agua.
La Guardia Civil incide en que el control de este tipo de delitos no solo tiene un componente ambiental, sino también económico y social, ya que la venta ilegal de agua perjudica tanto a los usuarios legítimos como a la gestión sostenible del recurso. La extracción sin permiso también puede generar hundimientos del terreno, pérdida de vegetación y alteración de ecosistemas dependientes del agua subterránea.
Consecuencias legales y prevención futura
Los dos responsables investigados afrontan penas por delitos medioambientales tipificados en el Código Penal, que contemplan multas elevadas e incluso prisión. El artículo 325 del Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel a quienes realicen vertidos, extracciones o actividades que deterioren gravemente el equilibrio natural. Además, el delito de usurpación de aguas está tipificado en el artículo 246, con sanciones adicionales y obligación de restituir el daño causado.
La Guardia Civil ha recordado que la extracción de agua sin autorización es un delito y que todas las captaciones deben estar registradas y contar con contador volumétrico, conforme a la normativa vigente. Asimismo, anima a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de pozos ilegales o desvíos sospechosos, reforzando así la protección colectiva de un recurso vital.
Conclusión
El caso de Puerto Lumbreras se suma a una lista creciente de actuaciones contra el uso fraudulento del agua en el sureste español. La operación ‘Zahorí’ demuestra la eficacia de la vigilancia ambiental del SEPRONA y la importancia de la cooperación ciudadana en la defensa del medio natural. Más allá del delito concreto, este caso plantea un debate urgente sobre la gestión del agua en regiones con estrés hídrico, donde la presión sobre los acuíferos exige reforzar los controles, la concienciación y la justicia ambiental.
