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La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la Operación “SACOSE”, ha iniciado una investigación contra un residente de la Comarca del Valle de Esgueva por presunta venta ilegal de semillas protegidas . Este caso representa un delito contra la propiedad industrial, vinculado al comercio de variedades vegetales registradas bajo normativas europeas.
Contexto de la investigación: semillas protegidas y normativa vigente
El caso involucra la venta no autorizada de la variedad de trigo “LG Monje” (EU 58051) , registrada bajo la normativa europea que regula los derechos de obtentores de variedades vegetales. Estas semillas, sujetas a estrictos requisitos legales, solo pueden ser comercializadas con autorización expresa. La Guardia Civil descubrió la actividad a través de una plataforma de ventas por internet, gestionada por una empresa con sede en la Comarca del Valle de Esgueva.
El trigo LG Monje, como muchas otras variedades protegidas, requiere el cumplimiento de procesos específicos para su producción, venta, exportación, importación o almacenamiento. Estas actividades están reguladas por el Reglamento (CE) Nº 2100/94 y el artículo 274.4 del Código Penal español , que establecen sanciones de entre uno y tres años de prisión para quienes infrinjan estos derechos.
Procedimiento de inspección y análisis técnico
Tras recibir una denuncia de la empresa titular de los derechos sobre la variedad LG Monje, la Guardia Civil realizó una inspección en las instalaciones de la empresa investigada. Durante la operación, se recopiló documentación que sugería irregularidades y se tomaron muestras del trigo para su análisis.
Análisis en el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria
Las muestras recogidas fueron enviadas al Centro Nacional del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC). Este organismo, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, realizó ensayos de campo controlados, un procedimiento que requiere un ciclo biológico completo de un año para certificar la variedad vegetal. Los resultados de estos ensayos son claves para confirmar la infracción.
Delito contra la propiedad industrial: implicaciones legales
La investigación se centra en determinar si la empresa investigada incurrió en un delito relativo a la propiedad industrial , específicamente por la comercialización y acondicionamiento no autorizado de semillas protegidas. Según la legislación vigente, el uso fraudulento de semillas protegidas evade los pagos correspondientes de regalías o cánones anuales, lo que constituye una violación de los derechos de los obtentores.
El marco legal de las semillas protegidas
El uso de semillas para autoconsumo está permitido para los agricultores siempre que se cumplan ciertos requisitos:
- Trazabilidad : Los agricultores deben garantizar que las semillas acondicionadas (limpiadas y seleccionadas) corresponden a las entregadas originalmente.
- Comunicación previa : Es obligatorio informar al titular de la patente antes de acondicionar semillas.
- Pago de derechos : Cada vez que se multiplican semillas protegidas, se deben abonar regalías, excepto en el caso de pequeños agricultores.
Además, cualquier actividad que implique la entrega de semillas acondicionadas a terceros, incluso en el caso de variedades libres, se considera comercio y está sujeta a certificación.
Impacto de la venta ilegal de semillas en el sector agrícola
La venta ilegal de este tipo de productos tiene graves consecuencias para el sector agrícola. Además de perjudicar a los obtentores, estas prácticas generan competencia desleal , desincentivan la innovación y dificultan el desarrollo de nuevas variedades vegetales adaptadas a las necesidades del mercado.
En este caso, la empresa investigada presuntamente intentó evadir las normas mediante la comercialización directa a través de internet, una práctica que no solo afecta a los obtentores, sino que también pone en riesgo la calidad y trazabilidad de las semillas utilizadas por los agricultores.
Actuaciones judiciales y próximas etapas
La Benemérita ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción Nº 4 de Valladolid y a la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente. El proceso judicial incluye el análisis de los resultados de los ensayos realizados por el INIA, así como la revisión de la documentación incautada.
La investigación busca no solo sancionar a los responsables, sino también concienciar al sector agrícola sobre la importancia de respetar los derechos de obtentores y garantizar el uso legal de semillas certificadas.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles en la comercialización de semillas y aumentar la concienciación sobre las implicaciones legales de las infracciones en este ámbito. La trazabilidad, certificación y respeto a los derechos de los obtentores son pilares fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible y competitivo en el sector agrícola.
