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La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Mazarrón la operación ‘Zahorí’, una investigación que ha puesto en el punto de mira a dos empresarios agrícolas por la supuesta transformación ilícita de más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío. Según los informes periciales elaborados por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), esta actuación ha generado un daño ecológico valorado en más de tres millones de euros, además de constituir un grave riesgo para el equilibrio de los ecosistemas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia que alertaba sobre la utilización de riego en explotaciones agrícolas situadas en el municipio de Mazarrón, supuestamente sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Tras meses de inspecciones, se ha confirmado que se trataba de un cambio de uso del suelo no permitido, con efectos directos sobre los recursos naturales más frágiles de la zona.
Daños ambientales en hábitats protegidos
Los terrenos afectados forman parte de varios Hábitats de Interés Comunitario (HIC), algunos catalogados como prioritarios al encontrarse en peligro de desaparición. En concreto, la operación ha identificado la alteración de estepas salinas mediterráneas, ecosistemas de gran valor ambiental que sirven de transición entre medios húmedos y secos y que albergan especies de fauna específica y sensible a la presión humana.
El cambio de secano a regadío, ejecutado sin concesiones legales, supone no solo una alteración del uso del suelo y del agua, sino también un aumento del riesgo de contaminación de acuíferos debido al empleo de fertilizantes y productos fitosanitarios. Este tipo de prácticas incrementa la presión sobre un entorno ya de por sí vulnerable y dificulta la preservación de la biodiversidad local.
Impacto económico y beneficios ilícitos
El informe del SEPRONA ha calculado que el daño ecológico derivado de estas actividades alcanza los tres millones de euros, una cifra que refleja tanto el deterioro de los recursos naturales como el coste de recuperación ambiental.
Al mismo tiempo, la investigación estima que los agricultores responsables podrían haber obtenido beneficios anuales superiores a los dos millones de euros gracias a la producción intensiva en regadío. Este desajuste entre el perjuicio ambiental y la ganancia privada constituye uno de los puntos centrales en la acusación formulada.
Marco legal: delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
La investigación se ha cerrado con la identificación y localización de los dos responsables, a quienes se les atribuye la presunta autoría de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El artículo 325 del Código Penal establece penas de prisión de 6 meses a 2 años, además de multas de entre 10 y 14 meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio durante un periodo de 1 a 2 años, para quienes ocasionen un grave daño al equilibrio de los sistemas naturales contraviniendo la normativa ambiental.
Este precepto legal busca garantizar la protección de entornos frágiles frente a actividades agrícolas, industriales o extractivas que no respetan la legislación vigente. En este caso, la ausencia de autorización por parte de la CHS constituye un factor agravante.
Operación Zahorí: un ejemplo de control medioambiental
La operación desarrollada en Mazarrón es un ejemplo de la labor preventiva y represiva que desempeña el SEPRONA de la Guardia Civil en relación con los delitos medioambientales. Estos servicios incluyen no solo la vigilancia de zonas agrícolas y naturales, sino también la investigación de denuncias, la inspección técnica de explotaciones y la elaboración de informes periciales.
La protección de los recursos naturales constituye una prioridad en territorios como la Región de Murcia, donde la escasez hídrica, la presión urbanística y la expansión agrícola intensiva generan conflictos crecientes entre la rentabilidad económica y la sostenibilidad ecológica.
Un conflicto entre agricultura y sostenibilidad
La transformación de secano en regadío, además de un problema legal, abre el debate sobre el modelo agrícola predominante en el sureste español. Por un lado, el regadío supone una mayor rentabilidad productiva, especialmente en cultivos de exportación. Por otro, la sobreexplotación de recursos hídricos y el deterioro de hábitats protegidos ponen en riesgo tanto el equilibrio natural como el futuro del propio sector.
Este caso ilustra las tensiones existentes entre el aprovechamiento económico de la tierra y la necesidad de respetar los límites impuestos por la naturaleza y la legislación ambiental.
