El pasado 24 de enero de 2025, el sector agrario español sufrió un nuevo golpe debido a la no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, conocido como Decreto Ómnibus. Este rechazo supone graves perjuicios económicos para miles de agricultores y ganaderos, al dejar en suspenso medidas vitales para la viabilidad de sus explotaciones, según denuncia COAG.
Entre las principales medidas que incluía este decreto, se encontraba la elevación del límite para la aplicación del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), también conocido como Régimen de Compensación del IVA. Este cambio habría supuesto un aumento del límite establecido de 150.000 euros a 250.000 euros, un ajuste que se había prorrogado anualmente desde 2016 y que ahora queda en suspenso.
Impacto del Régimen de Compensación del IVA en el sector agrario
El Régimen de Compensación del IVA permite a los agricultores y ganaderos simplificar la gestión fiscal de sus explotaciones. Este sistema compensa el IVA soportado por los gastos de la actividad agraria mediante un porcentaje aplicado al precio de venta de los productos obtenidos. Actualmente, estos porcentajes se sitúan en un 12% para la agricultura y un 10,5% para la ganadería.
Con la no aprobación del decreto, miles de agricultores quedan automáticamente excluidos de este régimen y son trasladados al régimen general. Este cambio, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, supone nuevas y complejas obligaciones fiscales que muchos agricultores desconocen y no están preparados para asumir.
El problema se agrava con el IRPF
La exclusión del Régimen de Compensación del IVA también implica, según criterios de la Agencia Tributaria, la imposibilidad de acogerse al régimen de módulos en el IRPF. Esto obliga a los agricultores y ganaderos a tributar bajo el régimen de estimación directa, un sistema fiscal completamente distinto y difícil de implementar para pequeños y medianos productores.
El régimen de estimación directa no contempla reducciones fiscales por factores externos que afectan al sector, como inclemencias meteorológicas o crisis de mercado. Este sistema fiscal impone además una serie de obligaciones contables y administrativas que la mayoría de los agricultores no pueden cumplir sin incurrir en costos adicionales.
Un golpe al principio de seguridad jurídica
Para COAG Andalucía, la situación generada por la no aprobación del Decreto Ómnibus atenta directamente contra el principio de seguridad jurídica garantizado por la Constitución. Los contribuyentes deberían conocer el régimen fiscal al que estarán sujetos desde el 1 de enero de cada año, y cualquier cambio retroactivo vulnera este derecho fundamental.
“Un cambio de esta envergadura en materia de IVA y del IRPF no solo es absolutamente inasumible para los agricultores y ganaderos, sino que también es una violación de los derechos más básicos de cualquier ciudadano en materia fiscal”, declaró un portavoz de la organización.
Llamamiento la responsabilidad política
La organización agraria COAG Andalucía lamenta que los enfrentamientos políticos estén afectando gravemente a los agricultores y a la población en general. La no convalidación del decreto Ómnibus ha dejado varias medidas importantes sobre la mesa, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector.
Desde COAG, se hace un llamado al sentido de responsabilidad de los grupos políticos, instándolos a priorizar las necesidades del sector agrario sobre las disputas partidistas. “Ya está bien de anteponer sus intereses a los de la sociedad que los elige para resolver problemas, no para crearlos”, subrayan desde la organización.
Posibles movilizaciones en el horizonte
Ante la gravedad de la situación, COAG está evaluando la convocatoria de movilizaciones para exigir soluciones inmediatas. Las protestas podrían involucrar a miles de agricultores y ganaderos, quienes demandarán la reinstauración del Régimen de Compensación del IVA y medidas que garanticen la sostenibilidad de sus explotaciones.
Conclusión: Un golpe más para un sector ya debilitado
El rechazo al Decreto Ómnibus no solo representa una carga fiscal adicional para los agricultores y ganaderos, sino también un ataque a la estabilidad y viabilidad del sector agrario en su conjunto. Con miles de explotaciones al borde del colapso, la falta de una solución inmediata podría tener consecuencias desastrosas para la economía rural y la seguridad alimentaria del país.
Desde las organizaciones agrarias, el mensaje es claro: es necesario actuar con urgencia y responsabilidad para evitar que esta situación se convierta en una crisis irreparable.
