La organización agraria UPA en Castilla y León ha lanzado una dura crítica contra las petroleras por lo que considera una clara estrategia especulativa en el precio del gasóleo agrícola, reclamando una bajada inmediata en consonancia con la reciente caída del petróleo Brent.
Según recoge la nota de prensa, el descenso del precio del crudo en las últimas horas —provocado por factores geopolíticos— no se ha trasladado al consumidor final, especialmente al sector agrario, que continúa pagando precios elevados pese al cambio de tendencia en los mercados internacionales.
Una subida desproporcionada frente al petróleo
Los datos aportados reflejan una desconexión clara entre el precio del petróleo y el del gasóleo agrícola:
- El barril de Brent ha pasado de 61,94 €/barril (27 de febrero) a 84,25 €/barril (9 de abril)
- Esto supone una subida del 36 %
- Sin embargo, el gasóleo agrícola ha pasado de 0,96 €/litro a 1,60 €/litro
- Es decir, un incremento del 66 %
Esta diferencia es el principal argumento de UPA CyL para denunciar que las petroleras no aplican criterios proporcionales, subiendo precios con rapidez pero retrasando las bajadas.
El efecto de la guerra y la reacción inmediata del mercado
La nota de prensa explica que el punto de inflexión fue el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio el 28 de febrero. En ese momento:
- El precio del petróleo subió de forma abrupta
- El gasóleo agrícola pasó de 0,96 €/l a 1,45 €/l prácticamente de inmediato
Esto ocurrió, según denuncia la organización, a pesar de que España disponía de reservas suficientes para unos 93 días, lo que desmontaría la justificación de una subida inmediata por falta de suministro.
UPA califica este comportamiento como “usura o especulación”, señalando que las subidas se aplican al instante mientras que las bajadas se bloquean o retrasan.
El detonante actual: caída del Brent por tensión geopolítica
El comunicado señala que el reciente anuncio de un alto el fuego temporal en Irán ha provocado una caída del precio del Brent. Sin embargo, esta bajada no se ha trasladado a los surtidores.
Para UPA CyL, esta situación confirma un patrón reiterado:
- Subidas rápidas cuando el mercado tensiona al alza
- Bajadas lentas o inexistentes cuando el precio cae
Este comportamiento es considerado por la organización como una “estafa” al sector agrario.
Impacto directo en el sector agrario
El gasóleo agrícola es un insumo clave para:
- Labores de siembra
- Recolección
- Transporte
- Funcionamiento de maquinaria
Por ello, el incremento del precio tiene un impacto directo en los costes de producción y, en consecuencia, en la rentabilidad de las explotaciones.
UPA advierte que esta situación pone en riesgo:
- La viabilidad económica de muchas explotaciones
- La estabilidad de la producción alimentaria
- La sostenibilidad del sistema agrario
Exigencias a las administraciones
Ante este escenario, UPA CyL solicita una intervención urgente por parte de las autoridades competentes. En concreto, pide:
- Que se exija a las petroleras una bajada inmediata del precio del combustible
- Que se controle el comportamiento de operadores y distribuidores
- Que se evite lo que denominan un “doble robo”
Este “doble robo” hace referencia a:
- La subida inicial tras el estallido del conflicto
- La no aplicación de la bajada cuando el petróleo desciende
Una denuncia estructural: el problema de fondo
Más allá del contexto puntual, UPA CyL insiste en que este caso refleja un problema estructural:
- Falta de transparencia en la formación de precios
- Asimetría en la transmisión de costes
- Posible abuso de posición por parte de grandes operadores
La organización agraria sostiene que el sector agrícola vuelve a ser víctima de dinámicas de mercado que benefician a intermediarios en detrimento de los productores.
Conclusión: tensión creciente en el campo
La situación descrita evidencia una creciente tensión entre el sector agrario y las petroleras, en un contexto ya marcado por:
- Incremento de costes energéticos
- Incertidumbre geopolítica
- Presión sobre los márgenes de los agricultores
UPA CyL concluye que el combustible sigue siendo un recurso estratégico e insustituible, por lo que exige medidas inmediatas para garantizar precios justos y evitar prácticas especulativas que comprometan la producción de alimentos.
