«Sr. García-Page: las cosechadoras no queman el campo». El manejo de la información sobre la causa de los incendios forestales en Castilla-La Mancha ha generado un amplio debate en la región. Recientemente, la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha afirmó que las cosechadoras son responsables de 45 de los 642 incendios registrados, lo que representa solo el 7% del total, afirman desde La Unión. Sin embargo, la declaración no hizo mención a las causas de los restantes 597 incendios, que suman el 93% de los incidentes. Esta omisión ha provocado fuertes críticas hacia el gobierno de Emiliano García-Page, especialmente por la gestión de los recursos destinados a la extinción de incendios y el uso de fondos públicos.
Manipulación de datos y falta de transparencia
El uso de cifras parciales ha sido percibido como una estrategia para desviar la atención de las verdaderas causas de los incendios y de la ineficiente gestión de las labores de extinción. Al centrarse únicamente en el porcentaje de incendios causados por las cosechadoras, el gobierno evita desglosar de manera exhaustiva las causas de los incendios restantes, que incluyen negligencias humanas, accidentes, tendidos eléctricos y otros factores. Esta falta de transparencia genera sospechas sobre la eficacia de las políticas públicas para combatir los incendios y sobre el uso adecuado de los recursos.
Según diversos expertos en prevención de incendios, es necesario un análisis detallado de las estadísticas de incendios forestales que incluya tanto el número de hectáreas quemadas como las causas precisas de los siniestros. Manipular parcialmente los datos, como lo hizo la consejera, es una manera de proteger los intereses del gobierno, pero dista mucho de ofrecer una solución real a un problema que afecta cada vez más a las zonas rurales.
La mala gestión en las labores de extinción
Uno de los puntos críticos que se han señalado es la mala gestión en las labores de extinción de incendios, que, en algunos casos, ha agravado la situación. Un ejemplo de esto fue el incendio de La Estrella (Toledo), donde las fallas en la coordinación de las operaciones permitieron que lo que inicialmente era un pequeño conato se convirtiera en un fuego descontrolado, arrasando más de 2.500 hectáreas de terreno. Esta situación ha puesto en evidencia las carencias de los mecanismos de respuesta frente a los incendios en la región.
El sector agrario, víctima de la demonización
Uno de los sectores más afectados por esta situación es el sector agrario. Además de sufrir las consecuencias directas de los incendios, como la pérdida de cultivos y terrenos de pastoreo, los agricultores y ganaderos se sienten injustamente señalados como responsables de los incendios. Culpar al sector agrario, cuando el 93% de los incendios tienen otras causas, es percibido como un acto de demonización que no solo es injusto, sino que también afecta la reputación de un sector que es vital para la economía rural.
A este respecto, las asociaciones de agricultores y ganaderos han denunciado la utilización indebida de los fondos públicos destinados a mejorar las infraestructuras agrarias y a limpiar los montes para la prevención de incendios. En lugar de utilizar estos recursos de manera eficiente, se han desviado fondos para financiar la empresa pública GEACAM, responsable de la extinción de incendios en la región.
La gestión de GEACAM de García-Page: ¿Eficiencia o despilfarro?
Uno de los puntos más controvertidos es el papel de GEACAM, la empresa pública encargada de la prevención y extinción de incendios en Castilla-La Mancha. A pesar de contar con un presupuesto anual de 72 millones de euros, la empresa solo interviene en 10.000 hectáreas de las 7 millones que conforman la superficie forestal de la región. Esta cifra ha levantado preguntas sobre la eficiencia de la gestión de los recursos y ha aumentado las críticas hacia el gobierno regional.
Además, GEACAM ha sido acusada de monopolizar las labores de extinción, impidiendo la participación de empresas privadas o de los propios agricultores y ganaderos, quienes a menudo son los primeros en llegar a la escena del incendio. Según los testimonios de muchos campesinos, en diversas ocasiones han sido bloqueados para participar en la extinción de incendios, a pesar de que sus conocimientos sobre el terreno y las condiciones climáticas locales podrían ser decisivos para detener el avance del fuego.
Fondos insuficientes para la prevención
El gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado mejorar su imagen pública tras los incendios ofreciendo una línea de ayudas para que los ganaderos utilicen sus animales en la limpieza del monte. Sin embargo, esta medida, dotada con solo 195.000 euros, ha sido vista como una solución insuficiente en comparación con los 72 millones de euros que se están destinando anualmente a GEACAM. Las asociaciones agrarias consideran que, si estos fondos se invirtieran directamente en el sector agrícola y ganadero, se podría llevar a cabo una prevención más efectiva de los incendios, mediante la limpieza regular de montes y campos.
El sector agrario como parte de la solución
Los agricultores y ganaderos han dejado claro que no solo no son responsables del problema de los incendios, sino que también podrían ser una parte fundamental de la solución. Su experiencia y conocimiento del terreno, así como su disposición para colaborar en la extinción de incendios, son recursos valiosos que el gobierno debería aprovechar.
La propuesta de incluir al sector agrario en las labores de prevención y extinción no solo ayudaría a reducir los incendios forestales, sino que también mejoraría la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En lugar de demonizar al sector, sería más productivo reconocer su importancia en la lucha contra los incendios y darle un papel activo en la protección de los montes.
Una política pública en entredicho
En conclusión, la gestión de los incendios en Castilla-La Mancha, bajo el gobierno de García-Page, ha sido duramente criticada por su falta de transparencia, la mala gestión de los recursos y la demonización injustificada del sector agrario. Mientras que el gobierno se ha centrado en defender los intereses de GEACAM, el sector agrícola sigue sufriendo las consecuencias de los incendios, tanto en términos económicos como reputacionales. Una política más inclusiva y colaborativa con el sector agrario podría ser clave para reducir la virulencia de los incendios y mejorar la gestión forestal en la región.
