El eje del conflicto está en la intención de Bruselas de prorrogar durante 10 años más el régimen de “equivalencias”, un sistema que permite reconocer como ecológicos productos importados aunque no se rijan por el mismo marco normativo que la producción europea. Un régimen que la propia Comisión Europea reconoce como insuficiente y no plenamente garantista, según recoge el comunicado.
Qué cambia en el Reglamento europeo de Producción Ecológica
La organización agraria alerta de que la reforma del Reglamento no se limita a una mera simplificación administrativa. Aunque COAG apoya las medidas destinadas a facilitar la gestión del sistema ecológico —especialmente las relacionadas con los grupos de operadores— considera inaceptable que este proceso se utilice como coartada para rebajar garantías, debilitar controles y generar competencia desleal.
La nota de prensa asegura que la propuesta comunitaria permitiría que productos importados desde terceros países puedan:
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Comercializarse como ecológicos en la UE.
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Utilizar el logotipo ecológico europeo.
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Sin cumplir íntegramente el Reglamento (UE) 2018/848.
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Bajo sistemas de control considerados equivalentes, pero no idénticos.
Para COAG, este planteamiento rompe uno de los principios básicos del modelo ecológico europeo: las mismas normas para todos.
El régimen de equivalencias: el origen del problema
El núcleo de la denuncia se centra en el mantenimiento del régimen de equivalencias para las importaciones ecológicas. Este sistema permite que productos de fuera de la UE sean reconocidos como ecológicos si sus normas se consideran “equivalentes”, aunque no coincidan exactamente con las exigencias comunitarias.
El comunicado de prensa destaca un elemento especialmente grave: la Comisión Europea reconoce en su propia propuesta que estos sistemas no son plenamente garantistas, y aun así plantea prorrogarlos durante una década más.
Según COAG, esta decisión pone en riesgo tres pilares fundamentales:
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La confianza del consumidor, que cree comprar un producto sometido a los mismos controles.
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La reputación del sello ecológico europeo, construido durante años.
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La viabilidad económica de los productores europeos, que asumen mayores costes regulatorios.
“Es un fraude en toda regla”: la posición de COAG
La nota de prensa recoge declaraciones contundentes por parte de la organización. El responsable de Agricultura Ecológica de COAG, José Manuel Benítez, es claro:
No podemos permitir que productos de terceros países se vendan como ecológicos en Europa sin cumplir las mismas condiciones. Es un fraude en toda regla. No se puede utilizar la etiqueta ECO de la Unión Europea para productos importados.
COAG subraya que el prestigio de la producción ecológica europea no es casual. Es el resultado de años de esfuerzo por parte de agricultores y ganaderos, que han trabajado bajo un marco normativo exigente y con controles públicos estrictos.
Permitir que ese valor se diluya, advierte la organización, supone devaluar el trabajo del sector y engañar al consumidor final.
Competencia desleal y costes regulatorios desiguales
Uno de los puntos más críticos del comunicado es la competencia desleal que generaría esta reforma. Los productores europeos:
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Cumplen una normativa estricta.
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Asumen mayores costes de producción.
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Están sometidos a controles públicos continuos.
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Afrontan auditorías y exigencias administrativas elevadas.
Frente a ellos, los productos importados podrían acceder al mercado con el mismo sello ecológico, pero bajo normas distintas y menos exigentes, lo que distorsiona el mercado y penaliza a quien sí cumple.
Para COAG, permitir esta situación supone priorizar la liberalización comercial sobre la coherencia normativa y la sostenibilidad real.
El papel de las certificadoras privadas en terceros países
La organización agraria también pone el foco en el actual sistema de supervisión de las importaciones ecológicas. Según el comunicado, este modelo se basa en gran medida en certificadoras privadas que operan en terceros países, lo que genera un evidente conflicto de intereses.
COAG considera que este enfoque:
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No ofrece las garantías necesarias.
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Reduce la capacidad de control real.
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Debilita la credibilidad del sistema.
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Traslada la verificación a entidades privadas sin control público directo.
Por ello, reclama:
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Controles públicos reforzados en los puntos de entrada a la UE.
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Auditorías independientes.
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Menor dependencia de certificadoras privadas como único sistema de verificación.
La propuesta de COAG para blindar el sello ecológico europeo
En sus alegaciones trasladadas al Ministerio de Agricultura, COAG plantea una redacción clara y directa para proteger el valor del sello ecológico de la UE.
La propuesta es contundente:
que el logotipo de producción ecológica de la Unión Europea quede reservado exclusivamente a los productos que cumplan íntegramente las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/848, impidiendo su uso por productos importados, incluso cuando procedan de sistemas reconocidos como equivalentes.
Para la organización, no se trata de cerrar mercados, sino de garantizar igualdad de condiciones y transparencia para el consumidor.
Producción ecológica: mucho más que una etiqueta
El comunicado concluye con una advertencia clara: la producción ecológica no puede convertirse en una etiqueta vacía al servicio de la liberalización comercial.
COAG defiende que lo ecológico significa:
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Cumplir normas exigentes.
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Invertir en sostenibilidad.
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Asumir controles rigurosos.
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Sostener el territorio y el tejido rural.
Defender el sello ecológico europeo, afirma la organización, es defender a quienes han construido su prestigio con hechos, no con atajos normativos.
