Mientras que al menos el 30% de los criadores de porcino franceses corren el riesgo de desaparecer para 2023, el ministro de Agricultura y Alimentación, Julien Denormandie, se reunía ayer, 2 de febrero, con la industria porcina y las asociaciones ganaderas para lanzar una hoja de ruta concertada. Este prevé en particular un plan de rescate inmediato dotado con un máximo de 270 millones de euros y la ampliación de medidas más estructurales como la implementación de la ley Egalim2 o incluso medidas europeas.
Como consecuencia de la crisis del Covid (desorganización del transporte internacional, inflación de los insumos agrícolas y de las materias primas utilizadas en particular en la composición de la alimentación animal) así como de la aparición de la peste porcina africana en Europa (causando un excedente de oferta), el sector porcino francés, según afirma el Ministerio de Agricultura galo en un comunicado de prensa, se enfrenta al recorte de precios más fuerte jamás sufrido en 30 años: el precio pagado al productor ha caído un 14% en un año para una explotación media, mientras que los costes han aumentado un 27%. Por lo tanto, las pérdidas en el sector se están acumulando a niveles sin precedentes: 440 millones de pérdidas en un año según la interprofesional, y casi una cuarta parte de los criadores de cerdos ya han alcanzado umbrales críticos de deuda a corto plazo que ya no les permiten hacer frente a los gastos corrientes.
Si, a partir del otoño de 2021, el Gobierno ha puesto en marcha medidas que son tanto coyunturales (extensión de los préstamos bancarios garantizados con la apertura de PGE a los criadores de cerdos, activación de células de crisis y mecanismos de derecho común) como estructurales (ley Egalim2), es claro que los recursos actuales ya no son suficientes dada la duración de la crisis y el tiempo requerido para que la ley Egalim2 produzca sus primeros efectos.
Asimismo, el Gobierno y el sector se reunieron para definir una hoja de ruta concertada, en la que todos los actores se comprometan formalmente a ayudar al sector porcino a superar la crisis y fijar objetivos de estructuración y transformación para el futuro.
El Gobierno anuncia, por tanto, un plan de rescate, por un importe total de hasta 270 millones de euros , que incluye:
- Ayuda de emergencia de hasta 75 millones de euros, en forma de cheque por importe de 15.000€ para explotaciones porcinas con graves dificultades de tesorería. Esta ayuda se desplegará dentro de quince días.
- Ayudas de estructuración, respaldadas por un compromiso de contratación en el marco de Egalim2, por un importe máximo de 175 millones de euros, que complementarán la compensación por pérdidas de explotaciones porcinas, según criterios y modalidades que habrá que concretar en consulta con los profesionales .
Al mismo tiempo, la hoja de ruta aprobada incluye un conjunto de disposiciones transitorias como:
- A nivel europeo, la continua movilización de otros Estados miembros para alertar a la Comisión sobre la situación del mercado porcino y solicitar la activación de medidas europeas para este sector (ayudas al almacenamiento privado, medidas excepcionales de mercado, etc.). Estas medidas son absolutamente necesarias para desatascar el mercado;
- El lanzamiento de campañas promocionales, en su caso en conjunto con otros países europeos;
- Movilización continua del sistema “ Iniciativa Nacional para la Agricultura Francesa ” (INAF) (garantía de préstamo público por 100 millones de euros de préstamos asignados, se generan 1 mil millones de euros de préstamos);
- Refuerzo de las medidas de bioseguridad frente al riesgo de peste porcina africana.
Esta hoja de ruta también incluye fuertes medidas estructurales para fortalecer la resiliencia del sector frente a las crisis:
- El compromiso de todos los actores, desde los productores hasta los distribuidores, de acelerar en el plazo de un mes la implementación de Egalim2 y, en particular, la contratación de los enlaces upstream en el sector (desde los productores hasta los mataderos pasando por las organizaciones de productores), acompañado, como exige la ley, con cláusulas de indexación y teniendo en cuenta los costes de producción, para transmitir mejor su evolución a lo largo de la cadena alimentaria;
- Diversas medidas de apoyo a la apertura de mercados de exportación (investigación y apertura de nuevos mercados).
