Una delegación de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), encabezada por su presidente, Gonzalo Moreno, ha mantenido un encuentro con responsables del Ministerio de Hacienda para trasladar la posición de la profesión veterinaria sobre la fiscalidad aplicada a los servicios clínicos y explorar posibles vías de avance dentro del marco normativo vigente.
En la reunión participó Ricardo Álvarez Arroyo, subdirector general de Impuestos sobre el Consumo, ante quien la OCV defendió que la sanidad veterinaria no puede interpretarse únicamente como un servicio de consumo sujeto a criterios estrictamente fiscales, sino como una actividad sanitaria con impacto directo en la salud pública, la seguridad alimentaria y el bienestar animal.
Según expuso la organización, la atención veterinaria forma parte de un engranaje preventivo que actúa antes de que los riesgos sanitarios lleguen a la población humana. En este sentido, la OCV enmarcó su planteamiento en el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental como dimensiones interconectadas.
Durante el encuentro, los representantes del sector trasladaron que una fiscalidad elevada en los servicios veterinarios puede dificultar el acceso a la medicina preventiva, retrasar decisiones sanitarias relevantes y afectar especialmente a hogares en situación de mayor vulnerabilidad económica.
Desde la organización se subrayó que las revisiones periódicas, vacunaciones, controles epidemiológicos y diagnósticos tempranos constituyen herramientas fundamentales para evitar la propagación de enfermedades zoonósicas y otros riesgos sanitarios. Cuando el coste de estos servicios se incrementa por una carga impositiva significativa, se reduce la frecuencia de las visitas preventivas y se incrementa la probabilidad de que los problemas se detecten en fases más avanzadas.
La OCV advirtió de que esta situación no solo repercute en la salud de los animales de compañía o de producción, sino que puede tener un efecto indirecto en el gasto público sanitario y en los sistemas de control, al tener que abordar problemas que podrían haberse prevenido con una mayor accesibilidad a la atención básica.
En este contexto, la organización planteó la necesidad de analizar mecanismos fiscales que permitan adaptar la carga impositiva a la naturaleza sanitaria del servicio veterinario, manteniendo el equilibrio presupuestario y la seguridad jurídica.
Fiscalidad aplicada a los servicios clínicos
Durante la reunión se compartieron referencias técnicas y experiencias comparadas que, según la OCV, demuestran que es posible articular modelos fiscales que favorezcan el acceso a la atención veterinaria sin desvirtuar el marco legal vigente.
En el encuentro también participaron Yasmina Domínguez, consejera de la OCV y presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería, y María Luisa Fernández, presidenta del Colegio de Tenerife. Esta última trasladó el ejemplo de las Islas Canarias, donde el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplica un tipo reducido a los servicios veterinarios, en el marco de su régimen fiscal propio.
La OCV considera que este tipo de referencias pueden servir como base para abrir un espacio de análisis técnico en el ámbito estatal, teniendo en cuenta las particularidades del sistema tributario español y las competencias normativas.
La revisión de la fiscalidad aplicada a los servicios veterinarios no es un asunto nuevo en la agenda pública. Según recordó la organización, en los últimos años ha sido objeto de debate en distintos ámbitos parlamentarios y ha llegado a incorporarse como compromiso en programas electorales de diversas formaciones políticas.
Asimismo, su posible inclusión se ha valorado en sucesivos proyectos de Presupuestos Generales del Estado, lo que, a juicio de la OCV, confirma la viabilidad técnica de la medida. Sin embargo, su avance definitivo depende del consenso político necesario para adecuar la fiscalidad a la función sanitaria y preventiva que desempeña la veterinaria en la sociedad.
En este sentido, el presidente de la OCV, Gonzalo Moreno, afirmó que “la veterinaria es un pilar silencioso de la salud pública: previene, detecta y controla riesgos sanitarios antes de que lleguen a las personas”. A su juicio, existe margen para seguir trabajando “con rigor” en fórmulas que hagan la fiscalidad más proporcionada a la realidad sanitaria del servicio veterinario.
La Organización enmarca este encuentro en su agenda de interlocución institucional para abordar los principales retos de la profesión. Entre ellos, destaca la necesidad de avanzar hacia una regulación más ajustada a la realidad asistencial y una fiscalidad coherente con la naturaleza sanitaria de los servicios que prestan los veterinarios.
La OCV vincula esta línea de trabajo con la reciente constitución de la Subcomisión relativa al Estudio de la Situación del Sector Veterinario en España, en el seno de la Congreso de los Diputados. En este foro se analizarán los principales desafíos estructurales de la profesión, incluyendo el acceso a la atención veterinaria y su impacto en la salud pública.
Para la organización colegial, el reconocimiento del carácter sanitario de la actividad veterinaria debe traducirse en políticas públicas coherentes que refuercen su papel en la prevención y control de riesgos. La seguridad alimentaria, el control de enfermedades transmisibles y la protección del bienestar animal forman parte, según subraya, de una misma cadena de valor que repercute directamente en la sociedad.
La OCV ha reiterado su disposición a seguir aportando evidencia y propuestas técnicas que permitan avanzar en soluciones equilibradas y sostenibles. Desde la organización se insiste en que el objetivo no es plantear reivindicaciones corporativas, sino abrir un debate fundamentado sobre el encaje fiscal de una actividad que trasciende el ámbito privado.
En un contexto en el que la interconexión entre salud humana y animal es cada vez más evidente, la profesión veterinaria reclama que la política fiscal tenga en cuenta su contribución preventiva y su función estratégica. La organización considera que una fiscalidad proporcionada puede favorecer el acceso a los servicios básicos, reforzar la medicina preventiva y contribuir, en última instancia, a una mayor protección de la salud pública.
