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Es con mucha probabilidad una de las principales quejas que “lanzan” a los políticos los habitantes del medio rural la falta de servicios en sus municipios y, especialmente, lo que se refiere a la sanidad y la educación.

En el caso de la salud, a la paulatina desaparición de los consultorios médicos o la presencia sólo parcial del médico de cabecera se une la reducción del número de farmacias que hace muy complicado, por ejemplo, encontrar una Farmacia de Guardia en Peñafiel

En este sentido, son cada vez más voces que desde distintos colectivos, y más si cabe ahora en la que la “España vaciada” ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas del panorama político, que han reclamado que ya que la farmacia es un servicio sanitario obligatorio deben ser las distintas administraciones las que tienen que asumir buena parte de los gastos que el titular de la licencia asume, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de condiciones y situaciones que ofrece el medio rural en cada zona de España. Quizás esta pueda ser la solución al cierre continuo de este tipo de establecimientos que se aprecia, por ejemplo, con el dato que se ofrece de Salamanca donde en los últimos cuatro años 14 localidades han perdido el servicio de farmacia con el perjuicio que esto genera para todos y cada uno de sus habitantes pues aunque en mucho casos ese cierre se compensa con un botiquín de farmacia o con la asunción por parte de una farmacia de otro pueblo de estos “nuevos clientes”.

Una de los grandes problemas a los que tienen que hacer frente los boticarios del medio rural es que, generalmente, son ellos los que están en la dirección del establecimiento pero, también en buena parte de los casos, son los únicos que trabajan en él lo que complica mucho, por ejemplo, disfrutar de algo tan sencillo como unas vacaciones lo que obliga a buscar sustitutos que en muchas ocasiones no son fácil de encontrar ante las dificultades de traslados que suele acarrear, sin olvidar el hecho de que los márgenes de beneficios están muy ajustados lo que complica, sobre manera, ese tipo de contrataciones.

La farmacia es un servicio que tiene un gran prestigio entre la población en general pero muy especialmente en el medio rural, pero no es menos cierto que cuenta con una viabilidad económica muy complicada, así, en Castilla y León donde se ha puesto en marcha un índice corrector que trata de compensar la situación de estas farmacias, la totalidad de las rurales lo han solicitado durante 2018, 225 y sólo cuatro se encuentran en áreas urbanas.

Para muchos habitantes de un pueblo el cierre de “su” farmacia es ver como el pueblo da un paso más hacia su muerte. El sistema farmacéutico español, afirman desde el Consejo de Colegios Profesionales, es muy accesible y cercano y eso lo tenemos que proteger y conservar entre todos”.

 

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