La organización agraria La Unión asegura, en un comunicado de prensa, que el Gobierno de Extremadura discrimina a 660 cereceros al retrasar las ayudas por las pérdidas de la primavera de 2024
El 4 de junio de 2025 se aprobó el Decreto-ley 3/2025, una norma destinada a dar respuesta a las graves pérdidas sufridas por dos sectores fundamentales para el campo extremeño. Por un lado, las explotaciones de ovino, golpeadas en 2024 por la lengua azul, una enfermedad que provocó caídas superiores al 30 % en la producción. Por otro, las explotaciones de cerezas, cuyo fruto quedó arruinado a consecuencia de las lluvias persistentes durante la primavera de 2024, en plena fase de recolección.
Este marco legal se encuadraba, además, en lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2024/3242, que marcaba plazos muy concretos: las ayudas debían resolverse como máximo el 30 de junio de 2025 y abonarse antes del 31 de diciembre del mismo año. La intención era garantizar que los productores tuvieran un respiro económico para afrontar una campaña posterior con mejores condiciones y no ver comprometida la viabilidad de sus explotaciones.
Los pagos, a medias: ovino sí, cereza a medias
A primeros de julio, la Junta de Extremadura había completado los pagos a todos los ganaderos de ovino afectados. También se abonaron algunas ayudas a productores de cereza, pero no a la totalidad. El problema es que un colectivo amplio, formado por alrededor de 660 agricultores, se ha quedado sin resolución ni ingreso. En la práctica, esto significa que, a pesar de cumplir los requisitos, sus expedientes han quedado en un limbo administrativo.
El retraso supone un incumplimiento directo del reglamento comunitario y genera una evidente inseguridad jurídica y económica para los agricultores, que contaban con esas ayudas para afrontar gastos de explotación, deudas bancarias y preparación de la siguiente campaña.
La explicación oficial: exceso de trabajo
Al ser consultada, la administración autonómica ha justificado este retraso en el “exceso de trabajo” que ha supuesto la revisión de la documentación presentada por los beneficiarios. Según la versión de la Consejería, no ha habido tiempo suficiente para analizar todos los expedientes antes de la fecha límite del 30 de junio.
Este argumento ha sido recibido con indignación por el sector, que recuerda que los plazos estaban claramente definidos y que el personal administrativo y técnico de la Junta debía prever la carga de trabajo para cumplir con la normativa europea. El hecho de que los ganaderos de ovino hayan cobrado íntegramente genera aún más malestar, al evidenciar una diferencia de trato entre colectivos.
Una discriminación que apunta a los canales de comercialización
El dato más llamativo es que los productores excluidos del pago inicial coinciden, en su mayoría, con aquellos que no comercializan a través de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFHs). Esta circunstancia ha levantado sospechas en el sector, que interpreta la situación como una forma de penalizar a los agricultores independientes en favor de quienes están integrados en estructuras colectivas.
Si esta hipótesis se confirmara, afirman desde La Unión, supondría un claro ejemplo de discriminación por parte de la administración, que estaría condicionando la concesión de unas ayudas que deberían llegar por igual a todos los damnificados, sin distinción del canal de comercialización elegido.
Una ayuda tardía pierde su sentido
El objetivo de estas compensaciones era mitigar las pérdidas inmediatas sufridas en la primavera de 2024. Sin embargo, el retraso hasta el invierno de 2025 no solo desvirtúa la finalidad del decreto-ley, sino que deja a los agricultores desprotegidos durante casi dos campañas completas. En un sector tan vulnerable como el de la cereza, que depende de un calendario productivo muy concreto y de la meteorología, la demora en los pagos puede suponer la ruina de muchas explotaciones familiares.
En palabras de representantes del sector, una ayuda que llega tarde es casi tan inútil como una ayuda que nunca llega, porque los compromisos financieros y laborales no pueden esperar a que la administración cumpla sus plazos.
La Unión denuncia la situación
Ante esta realidad, La Unión de Extremadura ha solicitado a la Consejería de Agricultura la resolución inmediata de los expedientes pendientes y ha denunciado públicamente la discriminación sufrida por este colectivo. La organización recuerda que, además del perjuicio económico, la Junta está incumpliendo la normativa de la Unión Europea, lo que podría derivar en sanciones o en la obligación de devolver fondos.
El mensaje de la organización es claro: no se trata de un favor político, sino del cumplimiento de un derecho adquirido por los agricultores tras sufrir pérdidas superiores al 30 % de su producción. La demora solo aumenta la desconfianza hacia la gestión administrativa y debilita la credibilidad de la política agraria regional.
Implicaciones para el futuro del sector
Si la situación no se corrige con rapidez, el retraso en el pago de estas ayudas podría tener consecuencias graves:
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Abandono de explotaciones familiares incapaces de soportar las pérdidas acumuladas.
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Reducción de superficie cultivada de cerezo en zonas históricas de producción, como el Valle del Jerte.
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Desigualdad de trato entre agricultores que operan bajo OPFHs y los que trabajan de forma independiente.
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Riesgo de sanciones comunitarias por incumplimiento de la normativa europea.
El futuro de un sector tan emblemático como el de la cereza en Extremadura no debería quedar en entredicho por una deficiencia de gestión administrativa.
Conclusión
El retraso en la resolución de las ayudas a unos 660 cereceros extremeños no solo constituye una injusticia hacia los agricultores que más lo necesitan, aseguran desde La Unión, sino que también pone en cuestión la capacidad de gestión de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Cumplir los plazos establecidos en el reglamento europeo no era una opción, sino una obligación. La falta de resolución y pago en tiempo y forma vulnera tanto la normativa como la confianza de los productores en las instituciones.
El sector reclama una actuación inmediata para que estas ayudas lleguen cuanto antes a todos los afectados y se ponga fin a una discriminación que, de prolongarse, podría tener consecuencias irreversibles para el futuro de la cereza extremeña.
