Más de veinticinco agricultores del municipio de Motril, concretamente en la zona de Gorgoracha, se enfrentan a un grave conflicto que pone en riesgo su medio de vida y la sostenibilidad de la producción agrícola en la comarca. La causa: la expropiación forzosa de sus parcelas de cultivo para permitir la instalación de las líneas eléctricas asociadas a la megaplanta solar “Virgen del Rosario”.
La organización agraria UPA Granada, a través de su secretario general, Nicolás Chica Escanes, ha levantado la voz en nombre de estos agricultores, denunciando lo que califica como un “tremendo perjuicio” para el sector agrícola local. A pesar de su defensa firme de las energías renovables, desde la organización se insiste en que estas no deben avanzar “a costa del sacrificio de tierras fértiles de labor, esenciales para la producción de alimentos y la economía de las familias rurales”.
“Estamos completamente a favor de las plantas solares y del impulso a las energías limpias, pero no puede ser que una sola hectárea de tierra productiva se vea comprometida en este proceso. El suelo fértil es un bien limitado, vital para nuestra seguridad alimentaria y no puede ser tratado como un espacio prescindible”, ha subrayado Chica Escanes.
Los afectados, en su mayoría productores de frutales tropicales y subtropicales —una actividad económica distintiva de la costa granadina—, ven con preocupación cómo las obras de infraestructura para la megaplanta solar invaden sus explotaciones. Según UPA Granada, las obras afectan directamente a los cultivos, el sistema de riego y a las inversiones previas realizadas por los propietarios en mejoras tecnológicas y agronómicas.
La pérdida de superficie cultivable no solo afecta a la rentabilidad inmediata, sino que amenaza la viabilidad de las explotaciones a medio y largo plazo. “Hablamos de cultivos como mango, aguacate o chirimoya, que requieren años para desarrollarse y dar fruto. La intervención en estas fincas no solo elimina lo sembrado, sino también todo el futuro productivo y económico de esas tierras”, advierte Chica.
Expropiación de parcelas
La actual situación jurídica permite que las administraciones públicas recurran a la figura de la expropiación forzosa cuando se trata de proyectos declarados de utilidad pública o interés social. Esta declaración, que en muchos casos es gestionada por la comunidad autónoma correspondiente —en este caso, la Junta de Andalucía—, otorga vía libre a la ocupación de fincas particulares, muchas veces sin el consentimiento de sus propietarios.
Desde UPA Granada se denuncia que esta práctica se ha convertido en una herramienta recurrente para favorecer proyectos privados de generación de energía que, aunque sostenibles desde un punto de vista ambiental, no tienen en cuenta el impacto sobre el ecosistema agrícola. “La mayoría de estas instalaciones están promovidas por empresas privadas que, al amparo de una supuesta utilidad pública, logran que se les conceda el derecho a ocupar tierras fértiles. Lo más indignante es que muchas veces el agricultor ni siquiera quiere vender, y si lo hace, no recibe un precio justo”, explica el secretario general de UPA Granada.
Chica Escanes insiste en que existen alternativas más lógicas para la ubicación de estas plantas solares. “No tiene ningún sentido que se construyan sobre terrenos agrícolas productivos, cuando existen amplias superficies en polígonos industriales abandonados o en terrenos improductivos. Si verdaderamente se busca una transición ecológica justa, debe hacerse con inteligencia territorial”, sostiene.
Ante esta situación, UPA Granada reclama a las administraciones públicas —y en particular a la Junta de Andalucía— la aprobación urgente de una normativa específica que proteja el suelo agrícola frente a este tipo de proyectos. En palabras de Chica, “es fundamental blindar por ley las zonas de cultivo y establecer mecanismos que prioricen siempre la utilización de suelos no fértiles para cualquier infraestructura energética”.
Asimismo, la organización agraria critica la “inacción” de las comunidades autónomas ante el crecimiento desmesurado de proyectos fotovoltaicos que, en muchos casos, están transformando el paisaje rural y expulsando del campo a pequeños y medianos agricultores. “Las administraciones están fallando en su obligación de proteger a quienes garantizan la producción de alimentos. Se escudan en normativas antiguas que ya no reflejan la realidad del campo ni los desafíos del presente”, lamenta Chica Escanes.
Actualmente, la expropiación forzosa se rige por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que establece la necesidad de declarar previamente la utilidad pública o el interés social del fin al que se destinará el terreno. Esta legislación se ve complementada por el Real Decreto 1955/2000, que regula las actividades relacionadas con la energía eléctrica, y por la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Sin embargo, UPA Granada considera que este marco normativo está desactualizado y resulta insuficiente para proteger la realidad del campo andaluz frente a las nuevas presiones del sector energético.
“Una ley de hace más de 70 años no puede seguir siendo el instrumento que rija las decisiones que afectan al presente y al futuro del medio rural. Necesitamos una legislación moderna, sensible al contexto climático, económico y social actual”, asevera Chica.
La organización concluye su denuncia reiterando la necesidad de compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la protección del territorio agrario. “No se trata de oponerse al progreso, sino de hacerlo bien. Debemos construir un modelo energético verde que no sea a costa del campo. La tierra fértil no puede ser la moneda de cambio para la transición ecológica”, afirma Chica Escanes.
Mientras tanto, los agricultores de la Gorgoracha siguen luchando por conservar sus explotaciones y evitar una expropiación que consideran injusta e innecesaria. UPA Granada promete continuar su defensa del campo granadino, exigiendo un equilibrio real entre sostenibilidad energética y justicia territorial.
