La Alianza UPA-COAG ha reconocido hoy en Salamanca que a pesar de los desencuentros entre comunidades, que se manifestaron en la conferencia sectorial celebrada en julio donde se analizó la aplicación de la reforma de la PAC, “se alcanzaron acuerdos, aunque hay más buenas intenciones que concrecciones”.

Julio López, secretario general de UPA Castilla y León, ­–acompañado por Aurelio Pérez, presidente de COAG Salamanca y coordinador regional y por Guillermo González, secretario provincial de UPA– criticó que temas y decisiones que afectarán directamente a agricultores y ganaderos se van a dejar en ocho grupos de alto nivel creados por las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, en los que no hay presencia de las organizaciones agrarias.

López indicó que, entre los asuntos fundamentales y pendientes de la PAC que comenzarán a abordarse en septiembre, está la definición de agricultor activo. La Alianza cuestionó el hecho de que el ministro Arias Cañete haya obviado esta definición cuando “es lo más importante, tener claro quien es el perceptor de las ayudas”. Por eso, “nos sorprende que la decisión quede en manos de estos grupos de alto nivel, deben contar con las organizaciones agrarias”.

López, que calificó de “valiente” la decisión de la consejera Silvia Clemente y la del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, insistió en que es necesario más que nunca “profesionalizar el sector de una vez por todas”, con una política agraria orientada hacia un modelo social agrario, “teniendo bien claro quién produce y en qué condiciones”.

La Alianza UPA-COAG considera que el agricultor activo debe ser un profesional dado de alta en la Seguridad Social agraria cuyos ingresos procedan, al menos un 25%, de la actividad que desarrolla. López aseguró que actualmente el 33% de perceptores de las ayuda PAC es mayor de 65 años, otro 30% es agricultor o ganadero a tiempo parcial y solo un 10% corresponde a menores de 40 años. De mantenerse estas cifras, aseguró que en diez años “desaparecerá la agricultura y la ganadería de Castilla y León y de España”.

Por otro lado, indicó que mientras en Castilla y León hay un consenso entre la Administración y las organizaciones agrarias sobre el modelo de reforma de la PAC que se tiene que realizar “Asaja ha roto ese acuerdo con una posición en la Comunidad y otra en el ámbito nacional”. El responsable regional de UPA manifestó que Asaja, igual que Cañete, se refiere a “agricultura activa” frente al “agricultor activo”.

Respecto a otros asuntos pendientes de abordar en la nueva reforma de la PAC, hizo referencia al modelo uniforme que se pretende para todo el territorio nacional, dividido en comarcas agronómicas, pero del que falta definir el número; el pago base por hectárea –regadío, secano, cultivos permanentes y pastos–, el trasvase de fondos, la limitación de hectáreas admisibles, así como el año –la Alianza apuesta por las hectáreas declaradas en 2011–, medidas del programa nacional de desarrollo rural, los criterios para delimitar las zonas naturales, la superficie con derecho a ayuda o el porcentaje de las ayudas acopladas. La Alianza UPA-COAG aboga por llegar hasta el 15% de ayudas acopladas para la ganadería “la gran olvidada de la reforma”. Respecto a la ayuda máxima por explotación, indicó que son partidarios de un techo de 100.000 euros “y a más puestos de trabajo, más techo de ayudas”.

Rosa María Fernández

Agronews Castilla y León

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