Tras un duro trabajo, la Comisión Europea ya considera que las granjas españolas de gallinas ponedoras cumplen con la normativa comunitaria en lo que se refiere al bienenestar animal que entró en vigor el 1 de enero de 2013.

A principios de 2012 desde Bruselas se advirtió a 13 países, entre los que se encontraba España,que no cumplían todavía con la legislación existente al respecto, a pesar del periodo transitorio que se había abierto en 1999 y del trabajo que se estaba realizando desde la Interprofesional del Huevo (Inprovo) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Sin embargo, las explotaciones dedicadas a esta actividad, 720 en el conjunto del estado aglutinando a más de 43,5 millones de animales, han sido capaces de adaptarse a las nuevas condiciones que se reclamaban desde la Unión Europeo como eran: elevar el espacio vital de los animales por encima de los 750 centímetros cuadrados, disponer de nidos o de dispositivos que les faciliten el recorte de las uñas o sus necesidades fisiológicas y comportamiento.

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