El reciente cierre de la Azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz) marca un punto de inflexión en la historia agroindustrial española. No se trata solo de la paralización de una planta centenaria, sino del símbolo tangible de la agonía del cultivo de la remolacha azucarera en España. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Andalucía, esta clausura —que la empresa define como “momentánea”— representa un paso más hacia la pérdida de la soberanía alimentaria nacional, con miles de empleos y un modelo de agricultura social en peligro.
El fin de una era: solo quedan dos fábricas en España
Hace décadas, el país contaba con 90 azucareras activas. Hoy, apenas sobreviven dos. La clausura de Jerez simboliza la desintegración de un sector que fue motor de desarrollo económico en amplias zonas rurales, especialmente en Andalucía, Castilla y León y el Valle del Ebro.
Para COAG Andalucía, esta situación refleja un modelo industrial y político fallido, que prioriza la rentabilidad inmediata frente a la sostenibilidad y al arraigo territorial. Como explica Diego Bellido, responsable de Remolacha en la organización, “la desaparición de la industria implica la desaparición de los cultivos. Con ellos se pierde valor añadido, empleo rural, sostenibilidad y, lo más grave, nuestra soberanía alimentaria”.
La historia del azúcar en España, que comenzó con el auge del cultivo de remolacha a finales del siglo XIX, llega así a su punto más crítico. La combinación de costes al alza, precios deprimidos y falta de apoyo público ha puesto al borde del abismo a un sector que antaño garantizaba el autoabastecimiento nacional de azúcar.
Factores estructurales: el colapso de un modelo
Según Bellido, la agonía del sector no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una suma de presiones estructurales que han desmantelado su viabilidad.
Entre los principales factores destacan:
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Política de precios injusta, con una caída sostenida de los precios percibidos por los agricultores, incapaces de cubrir los costes de producción.
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Aumento desmesurado de costes, desde los insumos agrícolas hasta la energía y el transporte.
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Regulación fitosanitaria restrictiva, que limita el uso de productos esenciales sin ofrecer alternativas viables.
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Ausencia de apoyo público real, con recortes en las ayudas específicas y una reestructuración industrial que favorece la deslocalización.
Estos elementos conforman un círculo vicioso: los productores reducen superficie por falta de rentabilidad, la industria pierde volumen y eficiencia, y el cierre de fábricas elimina los incentivos para seguir cultivando.
Deslocalización: 42 millones de dólares que cruzan el Atlántico
Mientras la planta de Jerez baja la persiana, la empresa propietaria, Azucarera, invierte 42 millones de dólares en Paraguay para trasladar parte de su producción. Para COAG, esta decisión es una afrenta al campo español, que ve cómo los recursos se desvían a países con menores costes laborales y medioambientales.
Las consecuencias son graves y múltiples:
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Hipoteca de los maquileros, agricultores que habían invertido en maquinaria y contratos vinculados a la remolacha.
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Incertidumbre agroambiental, al no existir alternativas para quienes tienen compromisos agroambientales ligados al cultivo.
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Pérdida de tejido empresarial, ya que desaparecen empresas auxiliares, técnicos y profesionales asociados a esta cadena de valor.
El resultado es una pérdida neta de competitividad nacional y un golpe directo al empleo rural, donde la remolacha constituía una de las pocas alternativas agrícolas rentables y sostenibles.
Un país dependiente y vulnerable
Con la desaparición del cultivo en buena parte del territorio, España se convierte en un país deficitario en azúcar, dependiendo de importaciones cuya trazabilidad, sostenibilidad y calidad no siempre pueden garantizarse al mismo nivel que la producción local.
Esta situación contradice los principios de la Política Agraria Común (PAC), concebida originalmente para asegurar la autosuficiencia alimentaria de Europa. Bellido advierte: “Estamos asistiendo al final de uno de los cultivos más sociales y emblemáticos de nuestro país, aquel que impulsó el desarrollo económico de nuestras zonas rurales y contribuyó a fijar población en el territorio”.
El cultivo de la remolacha azucarera no solo generaba riqueza, sino que mantenía viva una red de cooperativas, transportistas y pequeñas industrias rurales. Su desaparición implica un retroceso estructural en la economía de muchas comarcas agrícolas.
COAG exige acción política inmediata
Ante este panorama, COAG Andalucía reclama a las administraciones públicas —tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central— una respuesta inmediata y coordinada. Las medidas propuestas incluyen:
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Alternativas viables para agricultores, trabajadores y empresas afectadas.
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Preservación nacional del cultivo, con incentivos para mantener las zonas productoras restantes.
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Protección del empleo rural, asegurando la continuidad de un sector históricamente ligado al territorio.
Para la organización, la PAC debe recuperar su esencia: proteger a quienes alimentan a Europa, garantizar un medio rural vivo y fortalecer la soberanía alimentaria.
Bellido resume la postura de COAG con una frase que se ha convertido en lema del movimiento: “La remolacha azucarera somos todos: es nuestra tierra, nuestro empleo y nuestra soberanía”.
Un futuro incierto para el azúcar español
La desaparición de la planta de Jerez deja en evidencia un patrón de abandono industrial que podría repetirse en otros sectores estratégicos del campo español. Sin una planificación clara y sin políticas de apoyo a la producción nacional, España corre el riesgo de perder el control sobre su seguridad alimentaria.
En este contexto, la remolacha no es solo una víctima, sino un síntoma de un modelo productivo cada vez más dependiente de factores externos. Mientras Europa habla de sostenibilidad y proximidad, la realidad muestra una creciente deslocalización hacia países donde producir es más barato, pero también más opaco y menos regulado.
El cierre de la Azucarera de Jerez no es solo el final de una industria, sino una llamada de atención: la soberanía alimentaria española está en riesgo, y su defensa dependerá de decisiones políticas valientes, sostenidas y coherentes con el territorio.
