José Ignacio Falces Yoldi - Agronews CyL

 

  • “Es una sentencia muy esperada” destaca la abogada vallisoletana, Araceli Álvarez, que ha sido la que ha llevado a cabo estos procedimientos

Tras casi cinco años de periplo judicial, según ha informado a AgroNews la abogada que ha tramitado este procedimiento, la vallisoletana Araceli Álvarez, el Tribunal Supremo ha confirmado la posibilidad de aquellos titulares de derechos privados de aprovechamiento de aguas subterráneas adquiridos antes de 1986 (los llamados popularmente “ pozos de minas”) de acudir a los tribunales para que tales derechos les sean reconocidos y registrados por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Desestima así, subraya Álvarez, en varias sentencias de fecha 29 de marzo, la tesis de la CHD, que defendía que el transcurso de más de 30 años desde que la ley proclamara que las aguas subterráneas pasaban a ser de dominio público —y por tanto, la necesidad de que su aprovechamiento se otorgara por dicho organismo a través de las famosas concesiones— impedía a los titulares de derechos anteriores a dicha norma defender la continuidad de los mismos ante los tribunales, tal y como les exigía la Ley de Aguas de 1985.

Con anterioridad a la decisión última del Tribunal Supremo, subraya la abogada vallisoletana, distintas Audiencias Provinciales de Castilla y León —Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora— habían venido considerando que dicha posibilidad de obtener el reconocimiento no había prescrito, por cuanto los derechos de este tipo no decaían por el transcurso del tiempo. La sentencia del Tribunal Supremo viene a confirmar, por tanto, esta tesis.

“Son numerosos los procedimientos judiciales, y detrás de ellos, los agricultores y las familias que estaban a la espera de esta decisión judicial,  para poder inscribir su derecho en el Catálogo de Aguas Privadas de la Confederación; igualmente, muchos otros estaban a la espera de saber su resultado para iniciar los trámites judiciales para obtener la sentencia que lo posibilite, proporcionándoles seguridad jurídica y tranquilidad en el uso de sus sondeos y riego de sus fincas”, concluye la abogada Araceli Álvarez que ha tramitado estos procesos.

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