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La Unión Europea adoptó amplias medidas en apoyo de los ganaderos durante las perturbaciones del mercado lácteo entre 2014 y 2016, y respondió con rapidez a la prohibición rusa a la importación de productos lácteos. Sin embargo, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la evaluación de las necesidades reales de los productores fue insuficiente y las ayudas no se orientaron adecuadamente. La UE se ha esforzado por aprovechar su experiencia en las perturbaciones del período 2014-2016 para mejorar la gestión de las posibles crisis del sector lácteo que surjan en el futuro.

A principios de la década de 2010, los ganaderos de algunos Estados miembros de la UE aumentaron considerablemente su producción de leche gracias a la subida de precios, que registraron sus máximos al comienzo de 2014. En agosto de 2014, la Federación de Rusia prohibió los productos lácteos de los Estados miembros como respuesta a las sanciones de la UE por Ucrania, en un momento en que las exportaciones de la Unión a China se estaban ralentizando. Este cúmulo de factores llevó a un desequilibrio entre oferta y demanda en todo el sector hasta mediados de 2016. La política agrícola común de la UE (PAC) ofrece mecanismos para aliviar esta situación, como el pago directo para estabilizar los ingresos de los productores, las medidas de intervención del mercado conocidas como la «red de seguridad» para mantener los precios retirando temporalmente los excedentes, y las medidas excepcionales para contrarrestar las perturbaciones del mercado.

«La producción de leche representa una parte importante del sector agrícola de la UE. La Comisión Europea, junto con los Estados miembros, adoptó ciertas medidas de apoyo a la renta de los productores durante las perturbaciones del mercado entre 2014 y 2016», afirma Nikolaos Milionis, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Pero debe estar mejor preparada en el futuro para dar una respuesta más eficiente a las posibles crisis del sector.»

Los auditores concluyen que la Comisión Europea respondió con rapidez a la prohibición rusa. Tras calcular el volumen de pérdidas en la exportación de mantequilla, queso y otros productos lácteos, lanzó un primer paquete de ayuda financiera excepcional (al final de 2014) para los productores de los países bálticos y Finlandia, que eran los países más afectados. Sin embargo, como observan los auditores, la Comisión tardó más en atender los desequilibrios subyacentes del mercado. La Comisión destinó fondos por valor de 390 millones de euros, disponibles en toda la UE, a reducir voluntariamente la producción. Sin embargo, debido a unos precios históricamente bajos, muchos productores ya habían reducido su producción de leche antes de que se aplicaran estas medidas relativas a las ayudas.

Los pagos directos representaban alrededor del 35 % de los ingresos de las explotaciones lecheras en 2015 y 2016. A pesar de su efecto estabilizador sobre la renta, un desplome repentino de los precios puede generar problemas de liquidez entre los productores de leche. La Comisión trató de abordar esta cuestión, pero no tuvo en cuenta la magnitud de los problemas de liquidez de las explotaciones lecheras. Los auditores constataron que el volumen disponible de recursos (y no las necesidades reales) tenía un peso fundamental en la asignación del presupuesto. Los Estados miembros favorecieron una serie de medidas excepcionales sencillas de ejecutar y optaron por una distribución generalizada de los fondos sin mucha orientación de la ayuda.

A fin de financiar sus medidas excepcionales para 2014-2016, la Comisión se planteó recurrir a la «reserva para crisis en el sector agrícola», pero no llegó a hacerlo en última instancia. Para prepararse ante futuras crisis, como las causadas posiblemente por una pandemia, la Comisión trató de aprovechar las enseñanzas aprendidas. Concretamente, en el contexto de la PAC 2021-2027, la Comisión ha propuesto flexibilizar el uso de la reserva para crisis con el fin de reforzar su papel y su posible impacto. No obstante, no ha evaluado adecuadamente los efectos de las medidas adoptadas por los Estados miembros, aunque esto podría ayudar en gran medida a aumentar la preparación ante futuras perturbaciones del mercado, según los auditores.

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