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Un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) critica con contundencia las medidas de control y comprobación realizada sobre las políticas de desarrollo rural.

Este organismo de control afirma en un duro comunicado que resume el citado informe que "las autoridades de control de cada país podrían y deberían haber detectado y corregido buena parte de los fallos descubiertos, asegurando, además, que las verificaciones realizadas no son exhaustivas y se basan en información insuficiente" 

La responsable de este trabajo, Rasa Budbergytė, llega a afirmar que " el porcentaje de errores en la política de desarrollo rural es inaceptablemente elevado". 

Los auditores estimaron que el porcentaje medio de error en el gasto de desarrollo rural realizado en el período 2011-2013 fue del 8,2 %, más de cuatro veces el umbral de materialidad. Las medidas de inversión, principalmente subvenciones para la adquisición de maquinaria agrícola y de transformación de alimentos, representaron dos tercios de este porcentaje de error, y la «ayuda por superficie», incluida la compensación de los costes adicionales por utilizar técnicas más respetuosas del medio ambiente, representaron un tercio.

Además, buena parte de los errores costatado estaban en relación a las condiciones establecidas por los estados miembros en estas políticas de desarrollo rural, mientras que el porcentaje era mucho menor en relación a los reglamentos de la Unión Europea.Con respecto a las medidas de inversión, la auditoría puso de manifiesto que los organismos públicos constituyen una fuente significativa de error por su incumplimiento de las normas de contratación pública. El Tribunal señaló dos razones principales de este hecho: en primer lugar, los proyectos de infraestructuras rurales suelen ser ejecutados por pequeños municipios que a menudo tienen poca experiencia en la organización de procedimientos de contratación pública y, en segundo lugar, algunos beneficiarios prefieren trabajar con determinados contratistas, que en su mayoría ya habían suministrado bienes o prestado servicios similares, por lo que adjudicaban los contratos directamente. Los organismos pagadores no se opusieron a ello en ninguna ocasión, pese a que no se habían observado los principios básicos de la contratación pública, esto es, transparencia, objetividad, no discriminación y publicidad adecuada.

En el caso de la ayuda por superficie, la principal causa de error fue el incumplimiento de los compromisos agrícolas, debido a los escasos incentivos para el cumplimiento de los agricultores, a un bajo porcentaje de controles de los compromisos y a un bajo porcentaje de sanciones por incumplimiento.

Quienes han realizado el citado informe del Tribunal de Cuentas asegura que la revisión y aprobación por parte de la Comisión de los programas de desarrollo rural y la aplicación por parte de los Estados miembros de los marcos reglamentarios nacionales constituyen el principal potencial de reducción de errores en los gastos de desarrollo rural.

Los auditores recomiendan que:

  • Los Estados miembros deberían, cuando proceda, adoptar medidas preventivas y correctoras en relación con la contratación pública, la elusión deliberada de las normas y los pagos agroambientales;
  • Por su parte, la Comisión lleve a cabo un minucioso seguimiento de la ejecución de los planes de desarrollo rural y tenga en cuenta en sus auditorías de conformidad las normas vigentes, incluidas en su caso las adoptadas a nivel nacional, a fin de reducir el riesgo de repetir insuficiencias y errores.

La Unión Europea y los Estados miembros asignaron más de 150.000 millones de euros a la política de desarrollo rural durante el periodo de programación 2007-2013. 

El significativo nivel de incumplimiento de las normas aplicables, tal y como refleja el elevado porcentaje de error (8,2% cuando lo asumible podría situarse en un 2%), significa que el dinero en cuestión no se gasta conforme a las normas. Esto podría afectar negativamente a la consecución de los objetivos de la política de desarrollo rural, como el aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, la mejora del medio ambiente y el entorno rural, la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y el fomento de la diversificación de la actividad económica.

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