Según un documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo, el presupuesto de la UE que propone la Comisión Europea para el período comprendido entre 2021 y 2027 todavía debe conceder mayor importancia al valor añadido. Los auditores acogen favorablemente la mayor flexibilidad del marco financiero plurianual (MFP) para afrontar imprevistos, pero advierten de que los cambios de prioridades entre ámbitos de gasto no están claramente explicados en la propuesta ni justificados por los resultados publicados de la evaluación efectuada por la Comisión del valor añadido de los programas de gasto de la UE.
«El valor añadido europeo se definió como uno de los principios rectores de la reforma del gasto emprendida por la Comisión», afirmó Jan Gregor, Miembro del Tribunal responsable del documento informativo. «Pero las propuestas de la Comisión no están claramente explicadas ni justificadas por la evaluación que esta institución llevó a cabo del valor añadido europeo de los programas de gasto». La Comisión propone modificaciones tanto en las prioridades como en la estructura del presupuesto. La financiación se redujo en 63 000 millones de euros solo en una rúbrica: «Recursos naturales y medio ambiente». Dicha reducción incluye un recorte del 15 % de los fondos de la UE en la política agrícola común. Asimismo, la Comisión propone aumentar el nivel de la cofinanciación proporcionada por los Estados miembros a los programas de desarrollo rural.
En este apartado, el Tribunal asegura que en el primer pilar, las ayudas directas, la reducción es del 11% mientras que en el segundo, el desarrollo rural, esa disminución es del 28%. Al mismo tiempo, la Comisión propone elevar elnivel de cofinanciación proporcionado por los Estados miembros.
En otros ámbitos, la Comisión propone aumentar la financiación global en 115 000 millones de euros (incluidos 52 000 millones de nuevos fondos). Se proponen incrementos superiores al 10 % para «Vecindad y resto del mundo» (+13 %), «Mercado único, innovación y economía digital», que es la rúbrica que cubre el gasto en investigación (+43 %), y «Migración y gestión de las fronteras» junto con «Seguridad y defensa» (+359 %).
Asimismo, los auditores señalaron problemas en los plazos de la propuesta de presupuesto, pues, a su modo de ver, los marcos estratégicos y los objetivos de la acción de la UE se solapan y no están sincronizados. La estrategia Europa 2020 finalizará antes del comienzo del nuevo período del MFP, y no se ha decidido un nuevo conjunto de objetivos estratégicos de la UE. En efecto, la propuesta de presupuesto a largo plazo de la UE se ha convertido en un vehículo para modelar los objetivos políticos de la UE a partir de 2020 en lugar de ser un mero reflejo de los mismos, lo cual, a juicio de los auditores, altera el orden lógico de los acontecimientos.
La Comisión quiere que la legislación quede adoptada en la primavera de 2019, lo cual se acoge favorablemente, puesto que ayudaría a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha nuevos programas sin retrasos.
Los auditores celebran que se aumente significativamente la flexibilidad del presupuesto para afrontar imprevistos, pero también identifican una serie de desafíos que es necesario afrontar antes del nuevo MFP:
- es necesario desarrollar un plan financiero exhaustivo que acompañe la propuesta para el MFP 2021-2027;
- el debate de la propuesta del MFP se ha iniciado antes de que la UE manifestara abiertamente sus objetivos estratégicos para el período posterior a 2020;
- los programas de gasto de la UE necesitarán marcos de rendimiento sólidos y coherentes entre sí que se ajusten a los objetivos estratégicos de la UE y al MFP 2021-2027;
- los regímenes de financiación nuevos y revisados propuestos por la Comisión tendrán que garantizar un alto grado de rendición de cuentas y transparencia públicas;
- debería otorgarse al Tribunal de Cuentas Europeo el mandato de fiscalizar a los órganos de la UE, incluidos la Agencia Europea de Defensa y Fondo Monetario Europeo propuesto, e invitarle a fiscalizar todos los órganos creados al margen del ordenamiento jurídico de la Unión para aplicar las políticas de la UE.
