El sector porcino y las empresas de tratamientos de purines se concentrarán mañana ante el Ministerio de Industria ante la riesgo de cierre de las plantas

Agronews Castilla y León

17 de marzo de 2014

granja porcino 0

El sector porcino, representado por Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), a los que se ha sumado en los últimos días las Cooperativas Agroalimentarias se concentrarán mañana 18 de marzo ante el Ministerio de Industria y Energía reclamando cambios en la propuesta de Real Decreto y la Orden Ministerial por las que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, hace una errónea equiparación de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín con las plantas de cogeneración convencional, lo que resulta discriminatorio en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos.

Estas asociaciones aseguran que si se confirma la aprobación de dicha propuesta, se espera el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purín ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, cuya aplicación está prevista además que se realice con carácter retroactivo desde julio de 2013.

El cierre de las plantas pone en peligro la sostenibilidad de las más de 3.000 explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que hay en España, e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales. Estas centrales permiten a las explotaciones porcinas llevar a cabo una gestión adecuada de los purines, de manera que se pueda mantener la actividad ganadera en el territorio y se garantice una correcta gestión de 2,5 millones de toneladas anuales de residuos que, de no ser tratados, conllevan un importante impacto medioambiental, cifrado en 700.000 toneladas de CO2.



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