El sector agrario español se enfrenta a una de las peores crisis de las últimas décadas, agravada por el incremento continuo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) . Según datos del INE, en el periodo 2010-2020 se han perdido 75.000 explotaciones agrarias , y al menos 5.000 más han cerrado en los últimos cuatro años. Esto suma un total de 80.000 explotaciones desaparecidas , una cifra alarmante que refleja el deterioro del sector.
Desde 2016 , cuando el SMI se situaba en 655 euros , hasta hoy, con 1.134 euros , la subida ha sido del 80% . La reciente propuesta de incremento de otros 50 euros podría situar el SMI en 1.184 euros , lo que representa un coste total de 1.903 euros por trabajador al mes para las empresas agrarias, considerando las cotizaciones sociales y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) . Este mecanismo, además, incrementará los costes laborales progresivamente hasta 2029 , complicando aún más la situación.
Pérdida de empleo y falta de mano de obra
El aumento del SMI no solo aumenta los costes, sino que también afecta directamente al empleo. Según datos de ASAJA, en los últimos años se han perdido 90.000 puestos de trabajo en el campo, un problema que contrasta con la falta de mano de obra para atender las campañas de recolección . Cultivos clave como el olivar, los cítricos o las hortalizas dependen de una fuerza laboral que escasea, lo que pone en riesgo la productividad del sector.
Este fenómeno también impacta en la negociación colectiva . Los incrementos del SMI desequilibran los convenios en vigor, generando tensiones entre trabajadores y empresarios. La falta de estabilidad en estas negociaciones amenaza con paralizar sectores enteros.
El contexto legislativo y la reforma laboral
Además del SMI, el sector agrario enfrenta una reforma laboral que ha sido ampliamente criticada por los agricultores. La eliminación de la contratación temporal en determinados casos, junto con el aumento de los costes laborales, dificulta la gestión de explotaciones estacionales. Por ejemplo, en provincias como Huelva, donde se necesitan millas de jornaleros para la recolección de frutos rojos, la falta de flexibilidad en la contratación pone en jaque la viabilidad de las campañas.
Otro tema pendiente es la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales , una medida que, según ASAJA, sería devastadora para las empresas agrarias. Este incremento incrementaría aún más los costes salariales, dificultando la competitividad frente a las importaciones de terceros países.
Competencia desleal de terceros países
La competencia internacional también juega un papel crucial. Los productos importados de países como Marruecos, Turquía o Egipto llegan a precios muy bajos debido a menores costes de producción y la ausencia de estándares laborales y medioambientales comparables. Esto pone en desventaja a los agricultores españoles, que deben cumplir con estrictas regulaciones de la Unión Europea.
Por ejemplo, las importaciones de frutas y hortalizas han crecido un 15% en el último año, mientras que los precios en origen para los agricultores españoles se han mantenido bajos, en muchos casos por debajo del coste de producción. Esta situación agrava aún más la crisis del sector.
Propuestas de ASAJA para mitigar la crisis
Desde ASAJA, se insiste en que no se rechazan las mejoras salariales para los trabajadores, pero estas deben ir acompañadas de compensaciones para los empresarios. Algunas de las propuestas clave incluyen:
- Reducción de las cotizaciones sociales para las empresas agrarias.
- Bonificaciones fiscales en función del empleo generado.
- Flexibilización de la contratación temporal para campañas agrícolas.
- Implementación de cláusulas espejo en las importaciones, asegurando que los productos de terceros países cumplan con los mismos estándares laborales y medioambientales que los europeos.
Un futuro incierto para el sector primario
El sector agrario no solo es fundamental para la economía española, con una aportación del 2,9% del PIB , sino también para la sostenibilidad del medio rural . El cierre de explotaciones y la pérdida de empleo contribuyen al despoblamiento de las zonas rurales, un problema que ya afecta a más del 70% del territorio español .
En este contexto, es urgente que las administraciones públicas adopten medidas para proteger a un sector que enfrenta costos crecientes , condiciones climáticas adversas y una competencia desleal. Sin un cambio de rumbo, el futuro del sector agrario podría estar en peligro, con consecuencias devastadoras para la economía y la sociedad.
