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El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunía ayer, 11 de junio, por videoconferencia, con el conjunto del sector oleícola para avanzar en los trabajos para la paulatina puesta en marcha de la hoja de ruta del aceite de oliva.

En la reunión se ha entrado al detalle de las diez medidas que la pasada semana presentó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para asegurar la viabilidad y rentabilidad del sector del aceite de oliva.

Se ha especificado el agente responsable de su desarrollo -cuando no es el propio Ministerio el que tiene que poner en marcha la medida-, el marco legal y el previsible calendario de las medidas, así como los trabajos que son necesarios llevar a cabo.

En el transcurso de la reunión, Miranda y los representantes sectoriales (organizaciones y cooperativas agrarias, industria y las interprofesionales del aceite de oliva y del aceite de orujo) han acordado establecer procedimientos de trabajo para desarrollar las medidas.

Respecto a la autorregulación de la producción, el secretario general ha constatado la voluntad de Cooperativas Agro-alimentarias de llevar a término, antes del 30 de junio, el expediente de solicitud para la aplicación de esta medida que inició en 2019 ante la Comisión Europea, con el apoyo del Ministerio. Una vez concluido el expediente, será la Comisión Europea la que deba dar su conformidad para que las cooperativas puedan disponer de un mecanismo de autorregulación voluntaria y que podrán gestionar directamente.

En cuanto a la planificación de la producción a través de la cosecha temprana, Miranda se ha referido a la reunión mantenida ayer con la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva de España y en la que esta entidad asumió el compromiso de intentar alcanzar un acuerdo para la campaña 2020/2021 para recomendar el adelanto de cosecha. Medida enfocada a incrementar la calidad de los aceites de oliva.

De consolidarse el compromiso, podría ser objeto de extensión de norma a partir de la campaña 2020/2021, en caso de que lo acuerde la organización interprofesional.

Respecto a la realización de prestaciones obligatorias en el sector del aceite de oliva, en forma, por ejemplo, de almacenamiento obligatorio para todos los agentes a partir de una determinada cantidad de la producción, Miranda ha indicado que esta posibilidad depende de que se apruebe en el reglamento de transición de la Política Agraria Común (PAC) en junio.

Miranda ha explicado al sector la propuesta de establecer un etiquetado obligatorio de los sistemas de producción de aceite de oliva para diferenciar y valorizar ante el consumidor, los sistemas de producción tradicionales, de baja intensidad productiva.

Los costes de producción de este tipo de olivares no pueden competir con los más intensivos, que, sin embargo, aportan unas externalidades sociales y medioambientales positivas para el entorno rural y la sociedad en su conjunto que permiten aportar mayor valor añadido al producto.

El desarrollo de este sistema se realizará mediante un real decreto, pero es necesario un trabajo previo con el sector para establecer un marco común de acuerdo acerca de cómo implantar este modelo.

El secretario general ha detallado el contenido de la norma de calidad del aceite de oliva, cuyo real decreto está en fase de tramitación, y que se elevará a la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, por lo que es previsible publicación de esta norma a finales de año.

En relación con la promoción del aceite de oliva, necesaria para incrementar la demanda del producto, Miranda ha propuesto al sector iniciar los trabajos para identificar las necesidades de promoción, en el mercado interior y en el de terceros países, para optimizar los recursos financieros de la Administración General del Estado y del sector para buscar sinergias y emprender nuevas actuaciones encaminadas a incrementar el consumo.

El secretario general se ha referido también a las posibilidades que ofrece la nueva PAC al sector del olivar, tanto en el marco de los pagos directos, como en la posibilidad de establecer un programa específico, tal y como ya tienen los sectores del vino y hortofrutícola.

Ha hecho hincapié en las oportunidades de las ayudas al desarrollo rural de la PAC para fomentar la gestión común de explotaciones pequeñas y dispersas destinadas a procesos de reestructuración hacia formas de conducción del olivar que permitan mecanizar la recogida de aceituna o hacia modelos de calidad diferenciada que remuneren mejor la materia prima.

Además, el Ministerio va a incorporar en sus objetivos generales de incrementar la superficie de producción ecológica hasta 2030, uno específico para el aceite de oliva y triplicar la superficie de olivar eco, que actualmente está en 200.000 hectáreas.

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