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La procuradora del PSOE por Burgos, Virginia Jiménez, considera que los criterios establecidos por la Junta de Castilla y León en marzo, mediante una orden, para asignar los fondos destinados a la metodología Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 son “erróneos”.

Por ello, reclama -mediante una Proposición No de Ley que se debatirá en la Comisión de Agricultura y Ganadería- que se modifiquen esos baremos mediante la apertura de un proceso de participación real de las tres redes de desarrollo rural de la Comunidad para mejorar la eficacia en la aplicación de esta metodología.

Los baremos no tienen en cuenta las características demográficas y anula la necesaria autonomía de los Grupos de Acción Local

Por ejemplo, entre las cuestiones puntuables para la asignación inicial de los fondos sí se tiene en cuenta el número de municipios de cada zona, pero no el de pedanías. Tampoco, critica Jiménez, “se analizan las características de la población, como el índice de envejecimiento, ni la evolución demográfica registrada en los últimos años en los distintos territorios”.

Por otra parte, la fórmula elegida para justificar las cuantías por fases hace imposible aplicar estrategias a medio plazo, por la limitación de plazos para aprobar y justificar las inversiones. En concreto, la orden establece que entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de marzo de 2019 se realizará una primera evaluación y se premiará a los grupos que hayan comprometido más dinero y que hayan ejecutado con mayor rapidez su asignación inicial. Esto significa, en definitiva, favorecer la asignación de ayudas sin tener en cuenta en qué medida contribuyen a fijar población o el interés de las actuaciones propuestas.

Además, a la hora de valorar los proyectos presentados, denuncia Jiménez, un 70% de la puntuación corresponde a criterios comunes, una calificación que elimina la validez de las estrategias elaboradas en los territorios de acuerdo con sus características y necesidades particulares. También anula la autonomía de los Grupos de Acción Local, como también lo hace limitar las ayudas a los que no tienen ánimo de lucro al 20% de los fondos. Una decisión, esta última, que contribuye aún más a anular la validez de las estrategias de desarrollo local y de los procesos de participación llevados a cabo en los territorios.

Critican que se anula la autonomía de los Grupos de Acción Local,

Otra cuestión que preocupa al Grupo Parlamentario Socialista es que a la hora de conceder esas subvenciones sí se valora el empleo creado, pero no la relación entre el número de puestos de trabajo y la inversión que suponen.