La eurodiputada del PP Esther Herranz pidió ayer, 10 de julio, a la Comisión Europea que busque fórmulas para que los jóvenes agricultores andaluces puedan recibir ayudas comunitarias hasta 2020 y no se vean negativamente afectados por la deficiente gestión en el reparto de ayudas a la instalación realizado por la Junta de Andalucía en el marco de los programas de Desarrollo Rural.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo debatió un informe del Tribunal de Cuentas de la UE sobre la utilización de ayudas comunitarias destinadas a los jóvenes agricultores con el objetivo de mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas y favorecer el relevo generacional en el sector agrícola.
El informe revela que las ayudas asignadas a Andalucía para favorecer la instalación de nuevos agricultores durante el periodo 2014-2020 no han sido gestionadas adecuadamente, ya que el presupuesto previsto hasta 2020 se ha agotado en las dos primeras convocatorias de propuestas -en los años 2015 y 2016- debido a que se utilizaron para su asignación criterios poco exigentes.
Por tanto, explicó Herranz, “en lo que queda de periodo de programación, es decir hasta 2020, los jóvenes agricultores que presenten proyectos potencialmente mejores, no tendrán la oportunidad de recibir financiación a menos que se incremente el presupuesto de esta partida”.
Por eso la eurodiputada del PP ha pedido a la Comisión Europea, cuyos representantes también participaron en la reunión de hoy de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que busque fórmulas para intentar corregir esta situación, incluido, de ser posible, un eventual trasvase de fondos de otras partidas del presupuesto de la Junta para el programa de Desarrollo Rural.
Herranz lamentó, también, que el Tribunal de Cuentas de la UE haya encontrado igualmente deficiencias en la gestión de esos fondos por parte de la Junta de Andalucía en el periodo presupuestario de 2007 a 2013.
Según el Tribunal, en estos años los plazos administrativos de tramitación de las ayudas fueron excesivamente largos, de una media de 17 meses, cuando el plazo que se establecía en las convocatorias de los proyectos era de 6 meses.
