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El Partido Popular ha logrado, en el día de hoy 17 de noviembre, que se apruebe una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en las que se reclama al Gobierno que “active” de forma urgente la doble facturación eléctrica para el sector agrario así como otras medidas  para evitar incrementos de facturación eléctrica en tanto se aprueba la nueva normativa, apostando además, por la potenciación de la implantación de las energías renovables en el medio rural en general y en la actividad agrícola y ganadera.

Además, en la citada PNL, como recuerda la portavoz de Agricultura del Partido Popular, Milagros Marcos, se reclama la incorporación de la financiación de nuevos regadíos y modernización de los existentes a los planes para la reconstrucción económica de España post-COVID-19 especialmente en los Fondos Next Generation EU así como la activación de un Plan de Choque para el sector agroalimentario para reducir los costes de producción, evitar cierres de empresas y explotaciones y asegurar el suministro de alimentos a precios razonables.

 

TARIFAS ELECTRICAS

Desde el Partido Popular se recuerda que La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, reconoce  que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad en cada momento del año. La ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece la previsión para recoger la doble potencia con carácter excepcional para esta actividad agraria.

Sin embargo, lamentan que, tres años después, el Gobierno no ha publicado el desarrollo reglamentario preciso para que los regantes puedan disponer de dos potencias eléctricas diferentes. “No solo no se ha desarrollado este reglamento, sino que las actuaciones de Gobierno de España han ido en sentido totalmente contrario.  Determinados sectores económicos, como la agricultura vinculada al regadío, se consideran especialmente perjudicados por la nueva regulación, ya que se incrementan los períodos más caros y se reducen los más baratos, precisamente en los momentos en los que los cultivos necesitan de los riegos. Además, la brevedad de los horarios que podrían resultar menos caros hace imposible que los agricultores puedan acumular los riegos para optimizar el gasto” asegura Marcos.

Según cálculos de algunas organizaciones agrarias, la nueva tarificación propuesta por el Ministerio de Transición Ecológica supondría en muchos casos un incremento de costes de entre el 40 y el 50 por ciento. La factura eléctrica se ha encarecido un 1.000 % en los últimos años, suponiendo casi el 50 % de los costes de producción de una explotación de regadío, ante lo cual estas mismas organizaciones agrarias han acudido al Defensor del Pueblo ante la inacción del Gobierno en este tema.

El propio Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, afirman desde el Partido Popular,  reconoció el problema generado por su gobierno y se comprometió con los representantes de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) en estudiar nuevos mecanismos de tarificación que permitirán disminuir el coste energético de los agricultores en la factura eléctrica que pagan por el regadío, sin que hasta la fecha se hayan tenido noticias de ninguna propuesta, lo cual es especialmente llamativo teniendo en cuenta la exponencial subida de la luz en los últimos meses, unida a las elevadas temperaturas y la necesidad de agua para evitar la pérdida de cultivos.

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