Agronews Castilla y León

 

  • Señala que el objetivo de las 39 propuestas registradas por el GPP son ayudar al sector en este momento tan difícil evitando el cierre de explotaciones y la subida de precios al consumidor

  • Entre otras cuestiones propone bonificar el 35% de los piensos y aprobar un importante paquete de beneficios fiscales y de reducción de impuestos

  • Defiende que el régimen sancionador no sea más duro que en otros países de la UE y rechaza la propuesta del Gobierno para que los agricultores paguen dos veces por el mismo hecho

  • El portavoz adjunto del GPP Jaime de Olano y la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, han presentado estas enmiendas a las organizaciones profesionales agrarias en una reunión mantenida en el Congreso

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado 39 enmiendas a la Ley de la Política Agraria Común (PAC) que mejoran sustancialmente el texto del Gobierno, ya que incluyen un paquete de medidas para reducir de manera inmediata los costes de producción de los agricultores y ganaderos en lo referente a la energía, los piensos y los fertilizantes. De esta manera el Grupo Popular pretende evitar el cierre de las explotaciones y la subida de precios al consumidor.

Para ello el GPP propone un paquete de medidas para reducir gastos mediante bonificaciones, beneficios fiscales y reducción de impuestos entre los que se encuentra la bonificación inmediata de un 35% de los piensos, que se suma a la ayuda al gasóleo, fertilizantes y plásticos ya previstas en la Ley de la Cadena Alimentaria que el Gobierno está incumpliendo.

También plantea un conjunto de beneficios fiscales y reducción de impuestos para aumentar la rentabilidad de las explotaciones, así se propone excluir de la base imponible del IRPF las ayudas directas otorgadas a agricultores y ganaderos como consecuencia de la crisis por la administración del Estado o de las Comunidades Autónomas; o establecer las condiciones para poner en marcha inmediatamente la doble facturación eléctrica en regadíos, algo que el Ejecutivo se niega a aplicar a pesar de tener el mandato de aplicarlo desde 2018 y la obligación de hacerlo al haberlo incluido nuevamente en la ley de la cadena alimentaria en 2021.

Asimismo, se incorporan medidas para aumentar la competitividad e ingresos de agricultores y ganaderos. De hecho, además de incrementar la cuantía de los créditos ICO y facilitar a las Comunidades de regantes la venta del excedente de energía renovable; propone considerar el beneficio ambiental que proporciona el sector primario y acompasar las exigencias ambientales a la realidad productiva del momento.

Para ello defiende la participación del sector agrario en los beneficios del mercado de CO2, impulsar ante la UE un ajuste de plazos de la agenda ambiental, que las estrategias “Del campo a la mesa y biodiversidad” permitan avanzar en sostenibilidad sin restar competitividad a las explotaciones, y utilizar los fondos europeos para ejecutar las inversiones ya previstas en la planificación hidrológica aún vigente para aprovechar el agua.

En este sentido, el GPP sostiene que es imprescindible invertir en regulación hidrológica para poder acumular agua y hacer nuevos regadíos porque es la única forma de abordar las consecuencias del cambio climático y de las sequías aumentando la productividad, ya que una hectárea de regadío es hasta cuatro veces más productiva que una de secano.

Respecto al régimen sancionador de la PAC, el GPP exige que en España no sea superior al que tienen otros países europeos y rechaza la propuesta del Gobierno de castigarles dos veces por el mismo hecho, apostando además por reforzar el sistema de seguros agrarios.

Las propuestas presentadas han sido acordadas con las organizaciones profesionales agrarias, a las que el portavoz adjunto del GPP Jaime de Olano y la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, han trasladado en una reunión mantenida en el Congreso de los Diputados.

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