El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, se ha reunido hoy, 27 de junio, con representantes del conjunto del sector vitivinícola para analizar la situación del mercado del vino y buscar posibles soluciones a sus problemas, en especial, los ocasionados por el incremento de la producción registrado esta campaña.
Durante la reunión, Cabanas ha puntualizado que no estamos ante un problema de carácter general, ya que el mayor incremento de la producción se ha concentrado en Castilla-La Mancha, donde se han alcanzado los 33 millones de hectólitros, cuando una campaña media de producción en esta comunidad autónoma alcanza los 20 millones.
Por lo tanto, desde el Ministerio se considera que no es razonable que se solicite la habilitación de fondos nacionales para proceder a una destilación de crisis de un volumen de vino que se considera excedentario. Según el Secretario General, este sector ya cuenta con herramientas suficientes, como el control de producción en campo, que tan buen funcionamiento está demostrando en muchas Denominaciones de Origen Protegidas españolas, el uso de las medidas del Programa de Apoyo al vino, y el manejo racional del riego.
Carlos Cabanas considera que es necesario seguir trabajando en el desarrollo tanto de una Interprofesional para el sector como de una Organización de Productos para tratar de evitar situaciones como las que actualmente vive Castilla La Mancha, pues ese tipo de estructuras facilitan una «adecuada planificación y comercialización de la oferta»
Como complemento a estas medidas, Cabanas ha propuesto la posibilidad de que el Ministerio, en el marco de la OCM Única, establezca una norma de comercialización para la inmovilización de las existencias en bodega de un determinado volumen y tipo de vino.
Para esta campaña, se bloquearía vino blanco sin indicación geográfica en aquellas regiones donde la producción haya sido muy elevada, y que deberían realizar aquellos elaboradores con rendimientos muy altos en la campaña y elevadas existencias, a una fecha determinada, que para este año sería el próximo 31 de julio.
Se trata de una medida que se aplicaría por un tiempo limitado de hasta 6 meses, hasta que las condiciones del mercado se recuperen, y que tendría por objetivo retirar del mercado en torno a 3,5 o 4 millones de hectólitros.
