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  • La conversión ecológica de los cultivos intensivos y súper-intensivos, que son los que aseguran el suministro alimentario en la UE, costaría entre un 25% y un 40% de los rendimientos por hectárea, poniendo en peligro el suministro alimentario en Europa

  • La crisis ha aumentado la preocupación de Europa por la seguridad del suministro alimentario no porque ya se hayan producido importantes restricciones, sino por las que se pueden producir en el futuro. Lo que siempre se ha dado por hecho, puede no ser así siempre

  • Estrategias como “del campo a la mesa” o de la “biodiversidad” que establecen una fuerte condicionalidad ecológica, no pueden aplicarse del mismo modo a todos los tipos de producciones agroalimentarias, aseguran desde este centro de estudios en un reciente informe

Durante décadas, el análisis, diseño y aplicación de las políticas europeas partía de fundamentos de base que se daban por hecho, afirma el Institut Agrícola de Cataluña. Uno de los más importantes es la capacidad instalada de producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios a costes asequibles para el consumidor final. Sobre esa base -en la mayor parte de las ocasiones indiscutida- se pusieron en marcha diferentes regulaciones, tomando como constante esta capacidad de producir alimentos siempre, y en todo momento, de manera suficiente y asequible.

Ha tenido que venir una fortísima crisis sanitaria y económica para hacernos caer en la cuenta de la importancia de las capacidades estratégicas agroalimentarias, en un contexto de importantes restricciones en el comercio mundial. La crisis nos ha hecho ver el riesgo de que lo que se ha dado siempre por hecho, puede no ser así siempre. De ahí, el aumento la preocupación de las instituciones europeas por la seguridad del suministro alimentario de 27 países que suman casi 500 millones de  personas, no porque ya se hayan producido importantes restricciones, sino por las que se pueden producir en el futuro.

Uno de los principios rectores de la UE, recuerdan desde el Institut, dice, en su artículo 39, que el objetivo de la UE es incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Hay dos variables fundamentales para cumplir con este objetivo. Primera, la generación permanente de excesos de oferta en los principales productos agroalimentarios (suficiencia de abastecimiento alimentario unida a la contribución de la UE al suministro alimentario mundial) y, segunda, mantener bajo control los precios en origen de los alimentos.

Con respecto a la primera, preocupa el efecto que pueda tener a medio plazo la adopción de políticas como las estrategias “del campo a la mesa”, “de la biodiversidad”, el plan de acción de economía circular o recientemente la estrategia de promoción de productos ecológicos. A partir de la construcción de un “ideal” agrícola y medioambiental, la política europea toma decisiones que sobre el papel pueden suponer una contribución positiva para este “ideal” buscado.

Sin embargo, existe un error de base en este planteamiento: la enorme distancia entre el “modelo ideal” y el “modelo real” de agroalimentación. Por supuesto que es necesario que se produzcan cambios importantes, pero no tienen que hacerse sin tomar en consideración el punto de partida y las condiciones existentes de competitividad, productividad y estabilidad de mercado.

Pero, cuando se habla de “producción agroalimentaria” no se puede caer en el simplismo de sólo pensar en el alimento final: es necesario pensar en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor alimentaria, donde hay consumos intermedios donde Europa es ampliamente deficitaria como en la producción de fertilizantes, los productos químicos y farmacéuticos necesarios para garantizar la sanidad vegetal y animal o incluso la tecnología.

Concretamente, según los datos de enero a noviembre de 2020, el exceso de oferta en la UE se situó en 56.202 millones de euros, con una mejora con respecto al mismo período de 2019 de 1.054 millones. Si bien el global es positivo (en productos como el trigo, la leche o la mantequilla), el análisis de sus componentes revela la dependencia europea de importaciones de terceros países en oleaginosas, cereales, frutas tropicales, frutos secos, café y cacao, estando la mayor parte de ellas calificadas por riesgo de deforestación en sus países de origen o con una considerable huella de carbono, la cual se pretende penalizar con el establecimiento de un arancel de carbono en frontera. En total, el déficit comercial en “commodities” asciende a 14.955 millones de euros, reduciéndose en 2.071 millones de enero a noviembre de 2020 con respecto a 2019.

La principal fuerza de seguridad en el suministro alimentario se encuentra en la transformación, empaquetamiento y distribución de alimentos, donde el superávit combinado, subrayan desde el Institut Agrícola, alcanza los 51.000 millones de euros, generando también un superávit notable en bebidas (+10.367 millones). En esta clasificación destacan productos agroalimentarios como el porcino, el vino, la pasta, el aceite de oliva, el queso, las bebidas espirituosas o los productos preparados infantiles, entre otros. Con lo cual, si hay que crear un plan de contingencia, éste debe focalizarse en aquellos eslabones de la cadena donde más se depende de las importaciones de terceros países que sean básicas en momentos de crisis.

Con respecto a la segunda variable (precios asequibles), si bien algunos estudios no señalan evidencia concluyente de reducción en términos globales de la producción alimentaria al generalizarse la agricultura ecológica y de proximidad (“Organic agriculture and the global food supply”, Renewable Agriculture and Food Systems: 22 (2); 86-108, 2007), al analizarse por capítulos de producto sí se observan diferencias notables tanto en la producción como en la capacidad de alimentar a una misma población. En ausencia de un mercado agroalimentario europeo totalmente integrado (tal como ha evidenciado la pandemia), fragmentar el mercado fomentando los mercados locales conduce a tensiones en la oferta disponible y, por tanto, en subidas de los precios (Halberg y Sulser, 2006: “The impact of organic farming on food security in a regional and global perspective”).

Según este estudio enfocado a Europa y Norteamérica, pasar de un sistema de producción intensivo o súper-intensivo a un sistema basado en agricultura ecológica supone la reducción de entre un 25% y un 40% de los rendimientos por hectárea, mientras que sí mejoraría los rendimientos en los casos de cultivos poco intensivos y sin acceso a fertilizantes y otros suplementos.  Si en los próximos años el 50% de la superficie agrícola se cultiva bajo los actuales cánones regulatorios “ecológicos”, el impacto en los precios globales de las materias primas agrícolas se situaría entre un 6% y un 10%, lo cual supone un efecto muy importante sobre la inflación global.

Este resultado empírico debería ser tomado en consideración para redirigir las estrategias políticas antes señaladas de la Comisión Europea hacia las producciones “tradicionales”, es decir, aquellas que ya son prácticamente “ecológicas” dado que no se usan fertilizantes, pesticidas u otros productos químicos. Es el caso de la región de Salzburgo (Austria), donde la agricultura ecológica supone más del 50% de la superficie agrícola en uso, por delante de otras zonas como Severozápad (República Checa), Norra Mellansverige (Suecia) o Calabria (Italia), todas ellas en torno al 30%. El nexo común de estas zonas es que siempre predominó mayoritariamente el sistema de cultivo tradicional.  

En suma, en vez de poner como objetivo la “municipalización” de los mercados agroalimentarios con base en agricultura ecológica que pueda poner en peligro la estabilidad global del sistema alimentario europeo, es necesario poner el foco en la actual superficie cultivable gestionada de manera “tradicional”, con bajos rendimientos y cuya supervivencia depende de los pagos directos de la PAC.

Precisamente es aquí donde más sentido tiene plantear eco-esquemas y otras figuras de condicionalidad ambiental para, por un lado, llevar inversión a las zonas más deprimidas y, por otro lado, reconvertir cultivos y modos de producción sostenibles sin poner en riesgo los sistemas intensivos y súper-intensivos de alta eficiencia en el uso de recursos que son los que aseguran el suministro global de alimentos en la Unión Europea y, como sucede en regiones de España como el Levante o el sureste, es compatible ser eficientes con una menor huella carbónica e hídrica.

Con una política realista, basada en la vigilancia de los productos y servicios agroalimentarios dependientes de la importación y, al mismo tiempo, la reconversión de las zonas de producción tradicionales hacia la agricultura ecológica es como mejor puede la política europea avanzar en los próximos años, superando los conflictos existentes entre visiones encontradas como está sucediendo en la negociación de la PAC, y asegurando cumplir los principios fundamentales de la UE, concluyen desde el Institut Agrícola de Cataluña

Si, en cambio, en las instituciones europeas siguen conviviendo de forma contradictoria el “alma conservacionista” y el “alma campesina” (los primeros imponiendo lo que consideran como derecho al medioambiente pasando por encima de otros derechos fundamentales; y los segundos actuando como “buscadores de rentas” perpetuas para un sector como el agrícola que, en palabras del presidente francés Macron, debe estar fuera de las leyes del mercado), las políticas que se pondrán en marcha en los próximos meses y años poseerán sesgos perjudiciales para la capacidad productiva europea, en una constante pugna entre medioambientalistas y grandes receptores de subvenciones en grandes extensiones de territorio tradicional. Es necesario evitar que la UE se convierta en enemiga de sí misma, aseveran, para cerrar este estudio, desde el Institut Agrícola