Agronews Castilla y León

El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, ha asegurado  que “Gobierno propondrá en España un modelo de aplicación nacional de la Política Agrícola Común (PAC) basado en comarcas agrarias que tenga en cuenta las diferentes realidades agrarias españolas”, así se buscará “el mayor grado de consenso con Comunidades Autónomas y Organizaciones Agrarias para definir un sistema de regionalización adecuado a la diversidad de nuestra agricultura y que conlleve la menor transferencia posible de importes de ayuda entre beneficiarios, sectores productivos y territorios”.

El director general ha explicado que el Ministerio, después de muchos análisis y estudios de modelos, entiende que el más adecuado se basa en establecer una división territorial por comarcas agrarias, con importes homogéneos de ayudas por tipo de superficie. “La comarca -como agregación de municipios con las mismas características agronómicas- es la mejor aproximación a las realidades agrarias de nuestro país. Y, dentro de cada comarca, se distinguirían cuatro tipos de superficies cultivadas, cultivos herbáceos de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos”, ha detallado.

El objetivo, ha proseguido Cabanas, es delimitar entre 20 y 40 comarcas agrarias, dentro de las cuales se distinguirán las tierras de regadío, secano, pastos y los cultivos permanentes con sus cuatro importes unitarios distintos. La fórmula para definir los tipos calculará, en primer lugar, las ayudas que ha venido percibiendo cada agricultor, teniendo en cuenta lo declarado en 2011, sobre tipos de superficies para hacer una media de lo que en cada una de esas comarcas cobran los perceptores de ayudas de regadío, secano, pastos o cultivos permanentes.

Hallada esa media, se agruparán las comarcas que dan importes similares para unificar y reducir su número. Ya con esas medias se procederá a aplicar a cada agricultor la convergencia interna dentro de su “región agronómica” teniendo en cuenta que nadie debe cobrar menos del 60% de la media, ni nadie perder más del 30% de las ayudas que venía percibiendo. Estos cálculos servirán, además, para corregir desfases.

PROPUESTA LESIVA DE LA COMISIÓN

Carlos Cabanas ha explicado que, a pesar de que la propuesta inicial de la Comisión era “muy contraria a los intereses españoles”, el acuerdo alcanzado es “muy positivo, recoge la práctica totalidad de las reivindicaciones españolas y permitirá centrar los apoyos en la agricultura profesional”. El presupuesto comunitario para el sector agroalimentario hasta el año 2020 es de más de 47.000 millones de euros por lo que “hemos conseguido plenamente” el primer objetivo de mantener el apoyo presupuestario. 

El segundo objetivo se centraba en evitar  que las ayudas se diluyeran ante la idea de la Comisión de ampliar las hectáreas elegibles, lo que hubiera reducido la ayuda media que recibe España. “El acuerdo alcanzado nos permite limitar la superficie declarada a 22,4 millones, cifra que se declaró en 2011, y permite mantener la ayuda media por hectárea de 229 euros, en vez de los 126 euros”. Además, España se ha opuesto a la pretensión de la Comisión de introducir una tasa plana para la concesión de las ayudas, algo especialmente lesivo para España debido a su gran variedad de cultivos.

Carlos Cabanas ha explicado los esfuerzos realizados por el Ministerio de Agricultura para evitar que “todos cobren lo mismo independientemente de lo que produzcan”, que es lo que pretende la introducción de la tasa plana. “Este era un problema enorme para la agricultura profesional porque no todos tienen los mismos costes”, ha remarcado. Además, ha indicado que a los pequeños agricultores (los que cobran menos de 1.250 euros al año) no se les aplica ningún tipo de convergencia.

A esto hay que añadir la “gran flexibilidad” que la Comisión le ha concedido a España a la hora de definir las regiones o comarcas dentro de las cuales hay que converger, “de tal manera que no se produzca un proceso de redistribución entre ayudas que comprometa la viabilidad de las explotaciones”, ha aclarado. Cabanas ha valorado de manera muy positiva la inclusión de una cláusula de salvaguarda para que, dentro de una región, cada agricultor no pueda perder más del 30% de las ayudas.

Asimismo, ha apuntado que las ayudas acopladas en el caso de España podrán superar el 13%, “algo especialmente importante para los sectores ganaderos”. Otro aspecto importante para los agricultores es que la significativa reforma de la modulación o devolución de un porcentaje de las ayudas a partir de determinadas cantidades (10% para perceptores que cobraran entre 5.000 y 300.000 euros; y 14% para cantidades superiores). A partir de ahora, solo estarán sujetos a modulación productores que perciben más de 150.000 euros.

El tercer objetivo se estructura para evitar el trasvase de fondos entre los beneficiaros. Es decir, avanzar en una regionalización que permita el sistema de comarca agraria, hacia donde se dirige la aproximación de las ayudas. Este punto, ha proseguido, viene acompañado de otro que se centra en diferenciar entre los cuatro sistemas productivos: secano, regadío, pastos permanentes y cultivos permanentes.

 

 

Sección: