Las prácticas comerciales “abusivas” tienen los días contados en Andalucía. El gobierno regional ha dado luz verde ayer martes a la puesta en marcha de una nueva Ley de Agricultura en las que el control se convierte en pilar fundamental junto a la aplicación de nuevas medidas sancionadoras.
El principal objetivo: luchar contra la venta “a pérdidas”. En ese sentido el nuevo decreto de la Junta establece como infracción “muy grave” a aquellos mayoristas o cadenas de distribución que compren por debajo del coste de producción. La multa: de 50.000 a 800.000 euros, cifra que podría ser mayor si los daños también lo son. Si el producto se vende por debajo de su coste en el mercado, la responsabilidad recaerá en el vendedor y, como novedad, también en el operador.
Otras de las calificadas infracciones “muy graves” serán las amenazas y agresiones a quienes realizan las inspecciones laborales, figura que ahora será considerada como autoridad en Andalucía. Controles de empresas y de marca que serán mucho más rigurosos según ha declarado la Consejera de Agricultura andaluza, Carmen Ortiz y que “se pondrá en el foco” incluso denunciando públicamente las marcas que no cumplan los estándares exigidos.
En el ámbito de las aportaciones, el anteproyecto de Ley incluye, entre otros aspectos, el reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas Agricultoras y Ganaderas, así como la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que se encargará de elaborar códigos de buenas prácticas sobre la materia. Además se ha dadoel visto bueno a la creación de un Foro de la Cadena Alimentaria con todos los agentes que intervienen en el proceso de creación y transformación de los productos agroganaderos.
EN DOS DATOS
- El sector agrario andaluz cuenta con más de 240.000 explotaciones dedicadas a la agricultura y a la ganadería
- En él trabajan más de 250.000 personas y aportan al PIB regional más de 9.200 millones de euros.
Además de éste organismo se crearán otras dos nuevas figuras: el Consejo Asesor Agrario de Andalucía con todas las OPAs y cooperativas; y el Consejo Agroalimentario Andaluz en el que además entrarán los sindicatos y otros organismos como empresarios autónomos, distribución o mujeres del mundo agrario.
Más seguridad para evitar robos y fraude en el campo
Por último y ya en el capítulo de seguridad y calidad agroalimentaria de esta Ley de Agricultura y Ganadería, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas para facilitar su seguimiento y control de trazabilidad, así como para contribuir a evitar robos y fraude. Para agilizar la actuación en situaciones de alarma o emergencia de sanidad vegetal, animal o con riesgo para la salud pública, se ha establecido un nuevo protocolo que incluye desde la adquisición urgente de vacunas para prevención de enfermedades hasta la contratación rápida de personal laboral temporal.
El único aspecto que no recoge la nueva Ley Agraria es la creación del Banco Público de Tierras contemplado en el anterior mandato aunque, tal y como ha asegurado la consejera andaluza “sí incluye la posible enajenación de tierras teniendo en cuenta criterios sociales, como la prioridad para jóvenes y mujeres”.