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El Consejo de Gobierno celebrado hoy, 26 de septiembre, ha aprobado uno de los proyectos estrellas tanto de Juan Vicente Herrera, presidente autonómico, como de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, el de la Ley Agraria de Castilla y León

La nueva normativa se marca como principales objetivos regular el sector primario al que otorga la consideración de "estratégico", favorecer la incorporación de jóvenes al sector y conseguir que las explotaciones agrícolas y ganaderas castellanoleonesas ganen en rentabilidad.

La Ley Agraria va a desarrollar una política muy activa dirigida a dos colectivos de gran importancia para asegurar el futuro del campo: los jóvenes y las mujeres. Con respecto a los primeros se va a tratar de facilitar su incorporación al sector con la creación de un fondo de Tierras, considerándoles como prioritarios en el acceso a los recursos agropecuarios locales; mientras que en el caso del colectivo femenino se pretende seguir trabajando en el fomento de la titularidad compartida pero dando un paso más buscando que se conviertan en propietarias exclusivas de las explotaciones o facilitando su entrada como socias en una entidad asociativa titular, a su vez, de una explotación agraria.

Con respecto al Fondo de Tierras, antes comentado, se pretende facilitar la puesta en contacto de la oferta y la demanda, poniendo en valor aquellas parcelas que ahora están abandonadas.

Otra de las novedades que ofrece la nueva normativa es la creación de un Registro Único de Explotaciones que acabe con los 35 que existen en la actualidad. La inscripción en él será obligatoria, permitiendo a la Administración Pública contar con una información homogénea y reducir la burocracia.

En relación a las concentraciones parcelarias el Proyecto de Ley Agraria de Castilla y León ofrece novedades pensadas para tratar de agilizar todo su procedimiento, creando dos tipos de ellas: unas que conllevan la realización de infraestructuras y otras cuya única finalidad sea la reordenación de la propiedad. Además, se abre a la iniciativa privada tanto el origen de estas obras como la financiación al poner en marcha un sistema basado en la colaboración público / privada.

En toda esta regulación del campo de Castilla y León van a tener un papel transcendental los Planes de Ordenación de Zonas de Interés Agrario que tienen por objeto ordenar y regular las actividades agrarias sobre el conjunto o partes de la Comunidad. Serán planes vinculantes en su ámbito sectorial de aplicación para otras actuaciones de las Administraciones Públicas y de los particulares.

La lucha contra las plagas y las epizootías es otro de los grandes objetivos de esta nueva normativa estableciendo una programación clara en este tema.

El Proyecto potencia la marca "Tierra de Sabor" a la que se da reconocimiento con rango de Ley, mostrando una especial preocupación por la el fomento de la calidad diferencia de los productos de Castilla y León y su comecialización, aspecto este en el que va a fomentar el arbitraje y la mediación en el ámbitos de los contratos agrarios, regulando, además el funcionamiento de las Lonjas.

Al objeto de denunciar y frenar las prácticas abusivas que se viven en este asunto se crea la figura del "Defensor de la cadena alimentaria", así como una "Junta de Arbitraje", instaurando, además, las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias  para sectores estratégicos de la comunidad buscando un equilibrio en la cadena de valor.