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La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, ha presidido esta mañana el Consejo Agrario Provincial de Soria, órgano de diálogo entre la Junta de Castilla y León y el sector profesional agrario, representado en nuestra provincia por cuatro vocales de Asaja y dos de Alianza para la Unidad del Campo.

Como primera cuestión, se han aprobado por unanimidad los nuevos precios máximos y mínimos de los aprovechamientos de pastos, hierbas y rastrojeras sometidos a ordenación común. Estos precios sirven de índice de obligado cumplimiento en las adjudicaciones de pastos que harán las Juntas Agrarias Locales de la provincia durante el próximo ejercicio. La intervención pública en este sector, iniciada desde los años 30 del siglo XX y, en nuestra región confirmada en la Ley Agraria de 2014, supone un mecanismo de defensa de la ganadería extensiva, fundamentalmente de ovino, con el fin de hacer compatible la coexistencia entre el sector agrícola y el ganadero.

Tras un debate entre los miembros de la comisión, y a pesar de que la coyuntura económica de las explotaciones de ganado ovino no es muy favorable, se ha decido subir el precio de los pastos en línea con el IPC interanual, cifrado en un 0,3 %. Este porcentaje de subida deja invariado el precio mínimo, en 0,85 euros por hectárea y una subida de dos céntimos en el máximo, que queda en 2,96 euros por hectárea.

Los representantes del sector han demandado información sobre el discurrir de las campañas de saneamiento ganadero, fundamentalmente de la erradicación de la tuberculosis en ganado vacuno, enfermedad transmisible al ser humano. La delegada territorial ha comentado las cifras de explotaciones y reses reaccionantes positivas en las pruebas de diagnóstico que se hacen de manera obligatoria en la cabaña provincial, que afectan a casi 18.000 reses de más de seis meses. Los datos comentados no son todavía definitivos, dado que falta la repetición de pruebas a algunas explotaciones que resultaron positivas en las pruebas efectuadas en primavera. Todo parece indicar que las cifras finales resultarán menores que en años anteriores.

Yolanda de Gregorio mostró su comprensión con los ganaderos afectados, pero recalcó la importancia que tiene para la salud pública y para el futuro económico del sector ganadero que se consiga la erradicación de la enfermedad, tal y como se consiguió con la brucelosis vacuna y ovina, enfermedad de la que Soria es oficialmente indemne. En esa línea indicó que las indemnizaciones pagadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural durante 2018 rondaron los 60.000 euros, y sirvieron para mitigar los efectos económicos que el sacrificio obligatorio de animales supone en cualquier explotación. Agradeció al sector la colaboración que presta a los Servicios Veterinarios Oficiales en esta ardua tarea.

En otro orden de cosas, el sector agrario planteó la importancia de los daños que la fauna silvestre origina en los cultivos, fundamentalmente en el girasol. La delegada recalcó la inclusión de estos daños en el seguro de cultivos herbáceos de Agroseguro, con un riesgo asegurado por parcela, circunstancia que hace posible percibir indemnización por daños superiores al 20 % de la cosecha. La hoja de tasación de daños hace posible la reclamación a los titulares de los cotos de las cantidades no indemnizadas por el seguro.

Los representantes de los agricultores quisieron poner de manifiesto que en la campaña de incendios pasada no se han producido incendios por efecto de la maquinaria agrícola, lo que responde, han asegurado, a los esfuerzos que hacen los agricultores por evitar daños, mejorando los medios de producción y teniendo las precauciones necesarias. La delegada agradeció la actitud que se va imponiendo en el sector y animó a seguir las recomendaciones que sobre este particular se hacen, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la campaña de la recolección del cereal.

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