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  • El Partido Popular lamenta la falta de diálogo del PSOE en la tramitación de esta normativa

  • COAG exige que la nueva Ley no se quede en "papel mojado"

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados aprobaba ayer, 29 de septiembre, el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.

Los miembros de la comisión han dado luz verde al dictamen por 19 votos favorables, 1 en contra y 14 abstenciones.

Este proyecto de ley transpone la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la amplía de acuerdo con su artículo 9, que permite a los Estados miembros "mantener o introducir normas más estrictas". Por esta razón, en lugar de aprobar una nueva norma, se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, del año 2013.

Las modificaciones introducidas, que pretenden "luchar contra la pérdida de valor en la cadena", afectan a su ámbito de aplicación, que se amplía a las PYMES; a las relaciones entre mayoristas; y a las relaciones entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o cuando uno se encuentre en España y otro en un Estado miembro, cuando no resulte de aplicación la legislación del otro Estado miembro. 

De igual forma, se amplían las prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, la modificación unilateral de los términos de un contrato, la divulgación de secretos empresariales o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado, entre otras. También se regulan los contratos alimentarios, que deberán figurar firmados por ambas partes y formalizarse antes del inicio de las prestaciones. 

Asimismo, se modifica la definición de "cadena alimentaria", para incluir los productos agrícolas, que se suman a los alimentarios. También se añaden las definiciones de proveedor, productos agrícolas y alimentarios perecederos, comprador, autoridad pública, secretos empresariales, y entidades asociativas.

El texto también reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A., como interlocutor con las instituciones europeas y transfronterizas y encargada de establecer el régimen de control necesario para el cumplimiento de esta ley. Por su parte, las comunidades autónomas designarán sus propias autoridades en el ámbito de sus competencias.

 

PP: lamenta la falta de diálogo del PSOE

 La portavoz de Agricultura del Partido Popular, Milagros Marcos, quiso remarcar el pírrico apoyo que ha conseguido el PSOE para continuar con la tramitación de la ley y critica su nula capacidad de escucha y diálogo con el sector y con los grupos para mejorarla. Algo que sí han hecho el resto de fuerzas parlamentarias que, a pesar de las negativas del PSOE, han logrado acordar algunas enmiendas que mejoran algo la norma

En esa línea destaca que el Partido Popular presentó 45 enmiendas a la ley, para corregir las políticas del Gobierno que se han demostrado fallidas y proteger a los sectores a los que afectan la norma; pero solo tres han sido aprobadas, ya que todas ellas han contado con el voto en contra del PSOE

Desde el PP se ha querido subrayar que, a propuesta del citado partido, se ha logrado sacar al plátano de Canarias del sistema sancionador al que le exponía la ley, evitando que se pudiera dejar de vender más del 90% de la producción de Canarias.

Finalmente, Marcos ha incidido en que esta es “una ley trampa porque obliga al sector a declarar públicamente sus costes de producción, no deja margen a la negociación, no contempla el principio básico de oferta y demanda y dice que ayuda al sector pero lo que hace es hundirlo en un mar de papeles, denuncias y sanciones”

 

COAG: avances que no deben quedar en papel mojado

COAG ha mostrado muestra su satisfacción por los avances en la Ley de Cadena Alimentaria pero pide más control en su aplicación. Dentro de los logros alcanzados destaca que se prohíbe la venta a pérdidas en el último eslabón lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal. También destaca la creación de un registro digital de contratos y la inclusión de parte del canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley), entre otras medidas.

Sin embargo, desde la OPA advierten que lo aprobado no debe quedar en papel mojado. Hay que realizar una apuesta decidida y contundente por una aplicación inmediata y sólida de las nuevas disposiciones legales. Es imperativo que en el campo los precios cubran los costes de producción, algo que ahora mismo no se está produciendo de forma generalizada.

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