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Recientemente el Consejo Económico y Social de Castilla y León ha emitido el  Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria en la Comunidad Autónoma.

Informe completo: informe_previo_7_17.pdf

Dentro de las 83 páginas que constituyen el informe en el CESCyL destaca como  Castilla y León tiene, en estos momentos, tres problemas principales en lo que se refiere a infraestructuras agrarias: aumentar la superficie de regadío, mejorar los regadíos actuales para una gestión más eficiente del agua y un importante ahorro energético y de costes, así como ejecutar las concentraciones parcelarias pendientes. Ante esta situación el citado organismo recomenda que la administración debe seguir agilizando el desarrollo de la normativa de la Ley Agraria, en cuestiones como la concentración parcelaria.

El CES recomienda a la administración que apueste decididamente por la recuperación de las políticas inversoras, de las que particularmente importantes son el regadío y la concentración parcelaria, ya que tienen un impacto relevante en la competitividad de las explotaciones, y para la incorporación de jóvenes y mujeres. Estas infraestructuras, siguen relatando dento del citado informe el órgano consultivo,  llevan un importante retraso acumulado por lo que insta a las administraciones implicadas a acelerar los convenios pendientes que permitan la plena ejecución del mapa de infraestructuras agrarias previsto hasta 2020 (aunque con actuaciones que se ejecutarán hasta el año 2023), facilitando las amortizaciones en función de la rentabilidad de las explotaciones, así como disponer de planes alternativos para reconducir la inversión en aquellos casos en que no sea posible ejecutar alguna actuación. "Sin unas buenas infraestructuras no será posible utilizar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías en el sector agrario." concluyen desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Además, desde el CESCyL  se demanda que, en los procedimientos de concentración parcelaria, se cuente con el consenso y la participación de todas las administraciones implicadas, asociaciones profesionales  agrarias y personaspropietarias beneficiarias de la concentración.