Recientemente el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado su informe de actividad correspondiente a 2014.
[[{«fid»:»19248″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:993,»width»:693,»style»:»width: 450px; height: 645px; border-width: 6px; border-style: solid; margin: 6px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]En el citado documento se destaca como las ayudas, popularmente conocidas, de la de la PAC se financian con cargo a los fondos europeos agrícolas FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y es el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) el organismo encargado de gestionar de manera eficaz dichos fondos.
Durante el ejercicio financiero 2014 (16/10/2013 a 15/10/2014) el sistema ha gestionado un total de 6.603,55 millones de euros, se reparten en 5.569,77 millones vinculados al FEAGA y 984,56 millones de euros al FEADER.
De las cifras del FEAGA, 4.404 millones se corresponden con el denominado pago único, siendo Andalucía la comunidad autónoma que aglutina una cuantía más alta alcanzando los 1.401 millones de fondos, seguida de Castilla y León con 762 millones y Castilla La Mancha, cuyos agricultores y ganaderos perciben por este concepto 625 millones de euros.
En cuando al FEADER, la suma de los anteriormente citados 984,56 millones más los fondos nacionales hace que la cifra de gasto público se eleve, en el citado ejercicio financiero hasta los 1.492 millones de euros, de los que Andalucia absorbe 264, Castilla La Mancha 226, Extremadura 205 mientras Castilla y León se sitúa en cuarto lugar con 137 millones de euros.
CONTROLES DE LAS AYUDAS
El Fondo Español de Garantía Agraria, según establece la normativa comunitaria al respecto, ejerce la labor de control sobre el cumplimiento de las condiciones que Bruselas marca y define para la percepción de las ayudas.
Así, el cobro de los pagos de las compensaciones exigen, previamente, la realización de controles administrativos y sobre el terreno, cuyos resultados dan idea de la fiabilidad de las declaraciones previas efectuadas por quienes deciden cumplir las orientaciones de la PAC, que dan derecho a la percepción de las ayudas correspondientes. Durante 2014 se han efectuado los controles administrativos y sobre el terreno de las 891.430 solicitudes admisibles presentadas, que comprenden, para el conjunto de los regímenes de ayuda 16,981 millones de hectáreas, mediante el sistema clásico y de teledetección. Con independencia de los controles referidos, las compensaciones que ofrece la PAC solo pueden ser percibidas, afirman desde el FEGA en la memoria de actividad de 2014, si las explotaciones y los sistemas de producción que en ellas se aplican responden a criterios técnicos y sanitarios determinados (condicionalidad), cuyo incumplimiento reduce el montante de la ayuda inicialmente prevista, pudiendo anularlo. De los 928.343 solicitantes de ayudas sometidas a criterios de condicionalidad (correspondientes al año 2013), se han realizado controles sobre el terreno a 19.735, comprobándose que el 81,35 % llevan a cabo sus producciones conforme a las normas establecidas, mientras que el 18,65 % (3.680) no lo hacen y han sido objeto de sanción.
En el control de las ayudas al desarrollo rural se diferencian dos grupos de medidas: aquellas relacionadas con las [[{«fid»:»19249″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:876,»width»:1425,»style»:»width: 400px; height: 246px; border-width: 8px; border-style: solid; margin: 6px; float: right;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]superficies y animales, denominadas medidas asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) y las medidas no asimiladas al SIGC, que corresponden principalmente a inversiones. En 2013, en las medidas SIGC superficies se controló el 7,04 % de los beneficiarios y el 7,03 % de la superficie, llevándose a cabo unas reducciones/sanciones del 4,41 % del importe solicitado. A nivel nacional la mayor parte de las reducciones efectuadas, concretamente el 74,68 %, se debe a controles administrativos, mientras que 13,73 % se debe a controles sobre el terreno. En las medidas SIGG animales se controló el 7,18 % de beneficiarios y el 6,79 % de los animales, con unas reducciones/ sanciones que representan el 8,41 % del importe solicitado. A nivel nacional la mayor parte de las penalizaciones efectuadas, concretamente el 81,19 %, se debe a reducciones por controles administrativos, mientras que el 10,40 % se debe a reducciones por controles sobre el terreno. La mayor parte de las reducciones efectuadas, el 83,25 %, son por controles por admisibilidad, mientras que el 8,34 % son por sobredeclaración.
En los controles sobre el terreno en medidas no SIGC, el porcentaje de gasto controlado cumple ampliamente el 4 % del gasto FEADER subvencionable, declarado a la Comisión cada año, para el conjunto de medidas. Las reducciones efectuadas alcanzan el 0,79 % de importe pagado. En los controles a posteriori en medidas no SIGC, se cumple ampliamente el 1 % del gasto público subvencionable de las operaciones relativas a inversiones, para comprobar la permanencia de la operación objeto de ayuda durante los 5 años siguientes a la fecha de la decisión relativa a su financiación. Las reducciones por este concepto suponen el 0,01 % del gasto declarado.
